Vicepresidente plantea resarcimiento por deuda de represa de Itaipú

El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, defendió este jueves la posibilidad de "plantear un resarcimiento" por parte de Brasil, y en concreto de la eléctrica Eletrobras, tras conocerse esta semana a través de un informe la existencia de una deuda ilegal generada a la represa binacional de Itaipú.


Fuente: EFE

La Contraloría publicó esta semana un informe de más de 100 páginas, con documentación de entre 1985 y 1997, que señalaba la existencia de una deuda, a diciembre de 2020, de 3.856.790.000 millones de dólares, de los que 3.629.057.000 millones, el 94 %, correspondían a la deuda con Eletrobras.

La deuda se contrajo a raíz de que Brasil, entre 1985 y 1997, con excepción de 1991, pagó menos de 17,10 dólares/kw por el precio de la energía a Itaipú, atendiendo a la entonces situación económica de ese país.

La Contraloría interpreta la actuación de Brasil como una violación del Tratado de Itaipú, firmado por ambas partes en 1973 y cuyo Anexo C debe renegociarse en 2023.

Velázquez aseguró a los medios que este hecho "va a comenzar a generar una discusión al interior de la Itaipú", aunque avanzó que los reclamos a Brasil no se van a hacer "al día siguiente".

"Hay que establecer bien las estrategias para negociar con los brasileros. Creo que los directivos de Itaipú del lado paraguayo tendrían que remitir ese informe (a sus pares de Brasil)", dijo el vicepresidente durante los actos de celebración del Día del Ejército Paraguayo.

La deuda, con la rebaja del precio de la energía a Brasil, se produjo, según el informe de la Contraloria, con la "complacencia de los representantes paraguayos" que estaban al frente de la binacional en esos periodos, al permitir esa bajada de la tarifa "en perjuicio del Estado paraguayo".

Preguntado al respecto, Velázquez evitó buscar culpables y habló de "prescripción" del delito, "si es que lo hubiere".

"Hay que tipificar si existe delito y si ha prescrito o no. No puede ser castigado algo que ya prescribió", recalcó.

El vicepresidente aprovechó para recordar que las investigaciones sobre la deuda de Itaipú comenzaron "aproximadamente hace diez años o más" y ha sido su Ejecutivo el que ha remitido la documentación a la Controlaría.

"Este Gobierno ha impulsado que se investigue, se estudie y se resuelva finalmente lo que la Contraloría refiere a estas deudas", agregó.

Velázquez también se mostró abierto a una renegociación completa del Tratado y no solo del Anexo C, como ocurrirá en 2023, aunque señaló que eso requiere "convencer a la otra parte".

"La cuestión es que tenemos que sentarnos. Yo creo que se tendría que negociar, no solamente revisar el Anexo C, sino comenzar de vuelta a renegociar el tratado en sí", concluyó.

La Fiscalía recibió este miércoles el informe de la Contraloría e investiga los hechos relativos a la deuda de Itaipú.

 

En ex Aratirí vacunarán mañana y el fin de semana a los mayores de 20 años

En el autódromo Rubén Dumot (ex Aratirí) continuará la vacunación a las personas mayores de 20 años mañana viernes y el fin de semana. Es el único lugar que no tiene en cuenta la terminación de cédula.

En conferencia de prensa, el director del Programa Ampliado de Inmunizaciones, el doctor Héctor Castro, manifestó que el ex Aratirí continuará funcionando 24 horas el viernes, sábado y domingo para la vacunación a los jóvenes de 20 años para arriba.

Atendiendo que mañana es el día A, de inmunización de los adolescentes con enfermedades de base, Castro recomendó a los padres a no llevar a los menores de edad al autódromo, ya que allí se registra un elevado tiempo de espera para acceder a las dosis. Recordó que en todos los demás vacunatorios distribuidos en todo el país recibirán a los adolescentes para la aplicación del biológico. “No se le puede negar la entrada, pero vemos que hay mucha espera y hay otros vacunatorios habilitados”, agregó.

Por otra parte, comentó que el ex Aratirí será el único sitio que este fin de semana seguirá aplicando primera dosis, todos los demás locales estarán suministrando las segundas dosis.

Así también Castro recalcó que ese megavacunatorio es el único lugar que no tiene en cuenta la terminación de número de cédula.

 

Piden declarar en rebeldía a ex fiscal general

El Ministerio Público solicitó este jueves declarar en rebeldía al ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón, acusado hace dos años de enriquecimiento ilícito, y revocar las medidas alternativas a la prisión preventiva ante su "falta de voluntad de sometimiento a la Justicia".


Fuente: EFE

La solicitud es extensible a su esposa, María Selva Morínigo, que fue acusada de lavado de dinero tras una investigación a la pareja por no haber justificado en sus declaraciones de cuentas y bienes más de 3.763 millones de guaraníes (654.000 dólares).

De acuerdo a la investigación, los montos se blanqueaban a través de, al menos, una empresa fantasma.

En su solicitud, la Fiscalía incluye declarar a ambos "litigantes de mala fe" y nominar a un médico forense para que verifique en su domicilio su estado de salud.

Ello tras la suspensión de la quinta audiencia preliminar, el 30 de junio, a pedido de la defensa de los acusados, lo que según la Fiscalía tiene por objeto "evitar" esas comparecencias y se trata de un "uso abusivo de los recursos previstos en ley mediante planteamientos totalmente dilatorios".

De acuerdo al comunicado de la Fiscalía, los acusados tampoco presentaron justificación de su inasistencia, física o telemática, a la citación de la última audiencia, en este caso justificada por Díaz Verón con un certificado médico tres minutos antes y por vía electrónica que logró suspender de nuevo esa preliminar.

En su acusación, la Fiscalía anticorrupción sostiene que existen "elementos suficientes" para culpar a Díaz Verón de enriquecimiento ilícito y a Morínigo por lavado de dinero, en la misma causa, ante una "inconsistencia" en sus bienes de 10.000 millones de guaraníes (1,6 millones de dólares)".

La pareja comenzó a ser investigada en 2018 al abrirse un caso en su contra por supuesta tenencia de terrenos en el Chaco, que figuraban a nombre de la suegra del exfiscal, y por la adquisición de cabezas de ganado no reflejada en su declaración pública de bienes.

A causa de esa investigación el ex fiscal general se apartó del cargo en enero de 2018.

Y en agosto de ese año pasado ambos fueron detenidos, permaneciendo unos días en paradero desconocido hasta que se entregaron a la Justicia.

El juez decretó entonces prisión provisional por entender que existía peligro de fuga o de destrucción de pruebas.Morínigo fue enviada a la prisión de mujeres de Asunción y luego puesta bajo arresto domiciliario. Díaz Verón ingresó en una prisión militar y en febrero de 2019 el juez le concedió la prisión domiciliaria por motivos de salud. EFE

 

Proponen plan de acción para favorecer acceso a la vivienda

En mayo pasado Paraguay realizó el Examen Periódico Universal (EPU), una rendición de cuentas relacionada al cumplimiento de los Derechos Humanos en el país, donde Estados miembros de la ONU hicieron varias recomendaciones para el cumplimiento de estos Derechos, entre ellos los que señalan el acceso a la vivienda y hábitat adecuado.

Tras el EPU, Paraguay debe evaluar estas recomendaciones a través de diversas instituciones de gobierno y comunicar oficialmente la aceptación y compromiso sobre ellos, definiendo acciones para su implementación.

La Alianza para la Vivienda y el Hábitat Adecuado junto a la Red de Apoyo a Asentamientos, ambas nucleaciones de organizaciones de la sociedad civil, vienen acompañando el EPU hace meses. La Alianza incluso ya aportó en consenso, un documento de análisis técnico sobre la situación de viviendas en el país con recomendaciones para el plan de acción.

ACCEDER A UNA VIVIENDA ADECUADA DEBE SER PRIORIDAD

Los datos sobre vivienda en Paraguay y las actuales oportunidades de financiamiento para la vivienda son el reflejo de la débil implementación de políticas públicas en este sentido. Sin embargo, la vivienda impulsa al menos 7 Objetivos de Desarrollo Sostenible: (ODS 1: Fin de la pobreza, ODS 3: Salud y Bienestar, ODS 5: Igualdad de Género, ODS 6: Agua limpia y Saneamiento, ODS 8 Trabajo decente y Crecimiento económico, ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos). Resulta imprescindible por lo tanto que el Estado paraguayo se aboque a invertir en ella.

La Alianza para la Vivienda y el Hábitat Adecuado y la Red de Apoyo a Asentamientos siguen realizando el seguimiento del EPU y la aceptación de las recomendaciones, remarcando la importancia de que el tema de vivienda debe ser prioritario y contar con políticas públicas fortalecidas.

A través de reuniones con referentes de diversas instituciones se destacan las 6 acciones claves que puedan generar un cambio importante en nuestro país en el acceso a viviendas adecuadas, algunas de ellas ya remarcadas en el informe del Ministro de Urbanismo y Vivienda durante la sesión del EPU.

Estas recomendaciones son:

● Operativizar la Ley de Fomento de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

● Impulsar la implementación de la Política Nacional de la Vivienda y el Hábitat, y la reactivación del Comité Nacional del Hábitat.

● Promover financiamientos asequibles a familias de ingresos medio y bajos a través de estrategias coordinadas y sistemáticas entre los sectores público y privado.

● Disponer de recursos para el fondo de garantía a familias consideradas de alto riesgo.

● Adoptar y fortalecer políticas de mejoramiento integral de viviendas en asentamientos.

● Prevenir los desalojos forzosos a través de la planificación urbana.

Paraguay debe definir la aceptación de las recomendaciones del EPU y avanzar en el proceso de comunicación oficial para los próximos meses. Para ello, referentes de la Alianza para la Vivienda y la Red de Apoyo a Asentamientos coordinan reuniones con representantes de diversas instituciones (MUVH, MRE, MH, BCP, AFDA, STP, MDS, MADES, DAPSAN Y MOPC) destacando la importancia del liderazgo del Estado en esta materia y reiterando su interés en colaborar para lograr soluciones definitivas en esta temática. Al menos, 7 países recomendaron al país tomar acción para garantizar el Derecho a la Vivienda y el hábitat adecuado a grupos vulnerables.