Ayer en horas de la tarde se registró un arrollamiento fatal en la intersección de la Avenida Corrales y la calle Tte. Rojas Silva de Luque, teniendo como víctima a Marta Ocampos Vargas, de 38 años.

Inicialmente se especuló que un vehículo particular fue el que protagonizó el accidente, aunque horas después se confirmó que en realidad se trató de un ómnibus del transporte público.

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Filmaciones de circuito cerrado muestran que un bus de la Línea 49, perteneciente a la empresa La Limpeña S.R.L., arrolló a la mujer, quien iba cruzando la calle cuando dicha unidad le pasó por encima.

CRIMINAL | 😰

🔹La dura imagen del momento en que un colectivo de la Línea 49 termina matando a una mujer luego de haberla arrollado en la ciudad de Luque.

🔹El conductor se dio a la fuga y la víctima fue identificada como Marta Ocampos Vargas, de 38 años.#ElNacional pic.twitter.com/tkTEgMxg4k

— El Nacional (@elnacionalpy) May 22, 2023

El chofer del transporte público posteriormente se dio a la fuga y hasta el momento no se conoce su identidad ni tampoco su paradero.

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Tanto la Fiscalía como la Policía Nacional trabajan para tratar de identificar al autor de este fatal arrollamiento ocurrido en Luque, así como para concretar su captura en las próximas horas.

El conductor del ómnibus se expone a ser imputado por homicidio culposo y omisión de auxilio.

El planteamiento fue realizado durante una reunión de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Yamil Esgaib, en el marco del análisis de la iniciativa que regula la actividad y la seguridad de los prestadores de servicios y usuarios de plataformas digitales de movilidad y reparto.

Los representantes del sector manifestaron su preocupación por la demora en el estudio del proyecto y señalaron que la ausencia de reglas claras dificulta la implementación de mecanismos que garanticen mejores condiciones de seguridad, protección y desarrollo para los trabajadores de plataformas.

Explicaron que la propuesta aún se encuentra en estudio en la Cámara de Senadores, donde permanece pendiente de dictámenes e informes solicitados a diversas instituciones. En ese sentido, pidieron el acompañamiento de la comisión asesora para impulsar su avance.

El proyecto de ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico uniforme para la prestación de servicios mediante plataformas digitales en todo el territorio nacional. La iniciativa busca otorgar seguridad jurídica a usuarios, conductores, repartidores, empresas y organismos públicos, además de evitar diferencias regulatorias entre municipios.

La propuesta también apunta a acompañar el crecimiento de la economía digital en Paraguay, reconociendo que miles de personas obtienen ingresos mediante plataformas bajo modalidades de trabajo flexible e independiente, promoviendo al mismo tiempo la formalización del sector.

Entre los principales ejes del proyecto figura el fortalecimiento de la seguridad mediante la verificación de identidad de conductores y usuarios, la creación de un Registro Nacional de Prestadores de Servicios, mecanismos de denuncias y reclamos, protección de datos personales, protocolos de emergencia y políticas de no discriminación.

Además, la iniciativa contempla la conformación de un Grupo de Trabajo Permanente integrado por representantes del Estado, las empresas y los prestadores de servicios, con el objetivo de evaluar la evolución del sector, proponer mejoras regulatorias y buscar un equilibrio entre la innovación tecnológica, la seguridad y la protección de los usuarios y trabajadores.

Representantes de la Asesoría Jurídica del IPS en el transcurso de esta tarde se presentaron en la sede de Fiscalía Barrial Nº 7, a fin de formalizar una denuncia penal contra ”personas innominadas”.

La misma se relaciona con el robo de más de 100 metros de costosos cables de alta tensión que debían encontrarse en los depósitos del Hospital Central y que, llamativamente, desaparecieron.

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Este hallazgo se concretó semanas atrás luego de una verificación ‘in situ’ por parte del presidente del IPS, Isaías Fretes, quien detectó una serie de irregularidades durante su recorrido por las instalaciones.

El daño patrimonial ascendería a una suma aproximada de USD 15.000, detalló a los medios el asesor jurídico de la previsional, Pablo Morínigo, quien fue el encargado de presentar la denuncia. “No podemos dejar pasar esto”.

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El mismo aseguró que “no se dejarán presionar” por ningún sector, destacando el trabajo realizado desde la asunción de Fretes para destapar diversas irregularidades, al tiempo de afirmar: “Esto es solo la punta del iceberg”.

El profesional no descartó que nuevos hallazgos surjan a partir de próximas auditorías en el ente, lo cual a su vez derivaría en la presentación de otras denuncias penales y eventuales sumarios contra funcionarios.

El procedimiento fue ejecutado de manera conjunta con el Comando Tripartito, el Departamento Contra la Trata de Personas y la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (CODENI), en el marco de las acciones para reforzar la seguridad fronteriza y prevenir delitos transnacionales.

Durante el operativo fueron verificadas 47 personas, de las cuales 30 eran paraguayas y 17 brasileñas. Asimismo, las autoridades realizaron controles a un total de 12 niños y adolescentes.

En el desarrollo de las inspecciones también fueron detectados menores de edad que viajaban acompañados por terceros sin portar la documentación física exigida o sin certificado de nacimiento.

Tras las verificaciones para confirmar la identidad de los niños y el vínculo con los adultos que los acompañaban, algunos fueron entregados a sus progenitores, mientras que otros quedaron a disposición de las autoridades competentes, de acuerdo con los protocolos vigentes.

Desde la Dirección Nacional de Migraciones señalaron que estos operativos interinstitucionales tienen como objetivo fortalecer los controles migratorios, garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes y prevenir posibles casos de trata de personas, además de otros hechos relacionados con el crimen transnacional.