El diputado liberal Édgar Ortiz presentó un proyecto de ley “Que amplía el Artículo 19 de la Ley 1160/97 Código Penal Paraguayo” y cuya principal finalidad es evitar que una persona que le quita la vida a un delincuente durante un asalto sea imputado y termine en la cárcel.

La Dra. María Carolina Llanes, exjueza y experta en Derecho Procesal Penal, en entrevista con HOY habló sobre este tema y manifestó que la norma penal está correctamente redactada dado que la legítima defensa es una figura tradicional dentro de la doctrina penal.

Así también mencionó que, en los casos caratulados bajo esta figura, siempre se habla de la posibilidad de quitar la vida de una persona en defensa de la propia, de la de los familiares o de los bienes que uno posee. En ese tipo de circunstancias, el Ministerio Público lo que debe hacer es verificar si los hechos se dieron de esa manera, lo cual necesariamente requerirá la apertura de una investigación.

A la hora de formular una imputación, todo dependerá de los elementos objetivos que posea la Fiscalía -sostuvo Llanes-, pues de entrada no se puede tener la certeza de si se trata o no de un caso de legítima defensa sin antes realizar una indagación para corroborar los presupuestos establecidos en el Artículo 19 del Código Penal Paraguayo.

A su criterio, antes de efectuar algún tipo de modificación lo que se tendría que hacer es ajustar los protocolos de actuación del Ministerio Público. “Yo no veo que exista necesidad de modificar las normas procesales, ya está todo establecido lo que tiene que hacerse caso por caso”, acotó.

“Si no tenés elementos para imputarle a la persona porque la conducta no es antijurídica, o sea que está permitido matar para defender la vida propia y la de los demás, entonces directamente no se imputa sino que se desestima, pero eso ya está previsto en el Código Penal”, manifestó, dando a entender que dicho escenario ha sido contemplado dentro de la normativa vigente hoy día y, por consiguiente, no es necesario el cambio en el Código Penal.

Llanes indicó que en los casos de legítima defensa “hay una confusión en la aplicación y no un problema normativo”. A nivel jurisprudencial, sugiere que los jueces y tribunales sean más “didácticos” en la fundamentación de sus sentencias, explicando “bien y de manera pedagógica” como para que el Ministerio Público sepa en qué casos imputar y en cuáles desestimar.

El proyecto de ley presentado por el diputado Édgar Ortíz plantea incorporar el siguiente párrafo en el Art. 19 de Código Penal: “No será reprochable, quien se exceda en los límites de la legítima defensa por confusión, temor o miedo, cuando sea consecuencia de la intrusión actual en su domicilio o casa comercial”. Al respecto, la experta en Derecho Procesal Penal sostuvo que “eso ya está previsto” y que “es una redundancia”.

Respecto al caso ocurrido el pasado mes de septiembre en Ciudad del Este y que tuvo como protagonista a un despensero, señaló que la normativa habla de una “reacción ante un peligro presente”, por lo que cuando se produce un lapso entre el inicio y la culminación de esa situación de peligro ya no se trata de un caso de legítima defensa. “La actuación posterior ya es una decisión fuera de los presupuestos”, agregó.

Finalmente, planteó la necesidad de establecer un precedente en el ámbito de la justicia y que sobre esa base se pueda seguir trabajando en este tipo de circunstancias.

La agente fiscal Vivian Coronel imputó a dos mujeres que presuntamente mantenían en régimen de servidumbre y de trabajo forzado a una adolescente de 15 años. Las mismas están identificadas como Olga Bogado Cubas (33) y Rufina Salinas Acuña (54), quienes enfrentan cargos por el hecho punible de trata de personas.

La primera se encuentra detenida con orden de prisión preventiva, mientras que la segunda está prófuga de la justicia con una orden de captura en su contra y requerimiento de rebeldía.

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Según la investigación fiscal, Rufina Salinas se hizo pasar por madre superiora de una falsa congregación denominada “Nuestra Señora de Caacupé” para presuntamente captar a una adolescente de 15 años que aspiraba a ser religiosa.

Inicialmente, Salinas llevó a la adolescente al lugar donde supuestamente operaba la congregación, ubicada en el kilómetro 14 de Acaray, a unos 2.000 metros de la Ruta PY02, en el distrito de Minga Guazú. Allí, la víctima permaneció durante ocho días antes de ser trasladada el a otro sitio llamado “Casa de la Reina de la Paz”, situado en las calles Florida y Laureles del barrio Molino de la ciudad de Luque, supuestamente para recibir formación como novicia religiosa.

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Sin embargo, en lugar de eso, la menor fue sometida a servidumbre y trabajo forzado por Olga Bogado Cubas, quien presuntamente la maltrataba física y psicológicamente. Presumiblemente le abofeteaba, le golpeaba en la nuca y le obligaba a besar el suelo hasta cien veces.

La fiscal Vivian Coronel solicitó además una reserva expresa para ampliar la imputación en caso de identificar nuevos participantes o cómplices.

Los técnicos verificaron aspectos financieros y bancabilidad del proyecto para ajustar el proceso de licitación a los lineamientos del nuevo Decreto Reglamentario N.º 1467/2024 “de la Ley de Participación Pública Privada (PPP)”.

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El análisis cuenta con el apoyo del consultor español Andrés Rebollo, reconocido experto en proyectos de Participación Público Privada con experiencia de más de 20 años en este campo, que también aportó sus ideas durante el encuentro.

El proyecto contempla la ampliación y mejoramiento de la Ruta PY01, desde Cuatro Mojones hasta la ciudad de Quiindy.

Hasta el momento, cinco consorcios viales ya precalificaron para participar de la licitación: Desarrollo Vial al Sur (Sacyr Concesiones S.L. y Ocho A S.A.); Rutas del Mercosur (Tecnoedil S.A., Alya Constructora S.A., Construpar S.A. y Semisa Infraestructura S.A.); AG – Tocsa (AG Construções e Serviços S.A. y Tocsa S.A.); Rutas del Sur (Cointer Concesiones S.L., Azvi S.A.U. y Constructora Heiseke S.A.); y Rutas del Sur (Acciona Concesiones S.L., Rovella Carranza S.A. y Concret Mix S.A.), involucrando así a un total de 14 firmas, entre ellas de Brasil y España.

El informe de la Presidencia de la República indica que primeramente el mandatario presenciará algunas de las disertaciones previstas en el marco del Foro, y luego asistirá a una recepción ofrecida por los organizadores.

La agenda contempla además una presentación sobre las oportunidades de inversión que ofrece Paraguay.

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Peña explicará las ventajas comparativas del Paraguay frente a otros países, así como las principales acciones que está llevando adelante el Gobierno del Paraguay, para el desarrollo económico y social.

La comitiva oficial además del mandatario está integrada por: la primera dama, Leticia Ocampos; el canciller nacional, Rubén Ramírez; la jefa de Gabinete, Lea Giménez, y el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez.

FORO LLAO LLAO

El Foro Llao Llao es un espacio de encuentro para líderes empresariales de diversos sectores, desde tecnología hasta industrias tradicionales, para intercambiar conocimientos, experiencias y construir relaciones, para lograr oportunidades de nuevos negocios.

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En cada una de las ediciones, participan en promedio entre 70 y 100 empresarios, y la mayoría de los líderes de negocios vuelven a verse cada año durante los tres días que dura el evento.

Este año, las discusiones se enfocarán en el impacto de eventos internacionales como la invasión rusa a Ucrania y los recientes ataques en Medio Oriente.