Esta mañana, un grupo de enfermeras se manifestó, algunas inclusive se encadenaron, frente al hospital en protesta contra la directora Yolanda González, quien acusó directamente a la enfermera Gabriela Soledad Yaffar Coronel de ser responsable del caso de la embarazada que dio a luz en el piso del nosocomio.

En respuesta, la directora del Hospital Nacional de Itauguá indicó que no piensa dar un paso al costado. “Yo no creo tener razones para renunciar, porque no estoy en la cadena de atención”, dijo la Dra. Yolanda González, pese a que los sindicatos de enfermeras de la institución piden su salida.

Sostuvo a radio Monumental que se reunió con el ministro de Salud, Julio Borba, pero prefirió no adelantar si la máxima autoridad le ratificó o no en el cargo. Ahondó que incluso puede dar un paso al costado por su “salud mental y familia”.

“Acá hay una cadena de responsabilidades, es una lástima que del caso me haya enterado a través de vídeos, no tuve un informe de los encargados. Hay una cadena de responsabilidad, hay un protocolo y no se cumplió. Ni la directora médica se enteró de lo ocurrido. Cada jefatura debe informar lo ocurrido de un horario a otro, pero siendo las 14:00 el informe era sin novedades”, comentó.

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González adelantó que va a pedir el cambio de toda la cadena de mandos del área de obstetricia, porque no puede ser que nadie se haya enterado y no había ningún reporte de lo sucedido.  “Hay dos jefes de guardia, hay residentes de primero, segundo y tercer año de la residencia que son parte de urgencias y todos tienen sus responsabilidades”, ahondó.

A su vez, el ministro de Salud, Julio Borba, mencionó a la misma emisora que ya tiene clara la película con lo sucedido en el Hospital de Itauguá con la embarazada que dio a luz en el pasillo, pero que esperará a que termine la auditoría para tomar alguna decisión.

Una comitiva policial encabezó un allanamiento esta mañana en el barrio Mora Cué de Luque, en prosecución a una investigación por un intento de sicariato ocurrido semanas atrás.

Durante el procedimiento fue detenido Édgar David Figueredo, quien según las investigaciones podría estar vinculado al hecho ocurrido en la ciudad de J. Augusto Saldívar.

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Según manifestó a la 1080 AM el fiscal Pedro Clever, dieron con esta persona tras hacer el seguimiento a la motocicleta utilizada por el supuesto sicario a través de cámaras de circuito cerrado.

Figueredo sería la persona que manejó dicho biciclo y se presume que también habría sido el que ejecutó los disparos contra el abogado Rafael Ruiz Cabañas, quien logró salvarse de milagro.

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Coincidentemente, el detenido es hijo de la mujer con quien este profesional del derecho tuvo litigios judiciales por sucesión de inmuebles hace un tiempo atrás.

Durante el allanamiento fueron incautados la pistola y la motocicleta que habrían sido utilizadas en el intento de homicidio.

La constitución estuvo encabezada por la agente fiscal Fátima Girala, a fin de ingresar al sistema informático penitenciario, llamado SIPPy.

El motivo del procedimiento es indagar la liberación del condenado Luis Héctor Morínigo Cantero.

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El reporte indica que la fiscal contó con el acompañamiento de un perito del Ministerio Público a fin de corroborar cuáles son las condenas que se encuentran cargadas en el sistema. “Nos informó la directora de Informática que el sistema central está establecido allí, en red con todas las penitenciarías del país; cada cárcel se encarga de hacer la carga de acuerdo a las notificaciones de las condenas que van llegando”, explicó Girala.

“Cada cárcel se encarga de hacer la carga de acuerdo a las notificaciones de las condenas que van llegando, esto es así desde el año 2019, ya que en el 2018 se hizo una carga masiva con funcionarios del Ministerio de Justicia”, agregó.

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Los antecedentes del caso indican que Morínigo Cantero fue condenado hasta el 2040 y debía permanecer 30 años en Tacumbú. Sin embargo, fue liberado y expulsado del país en abril, de acuerdo a las informaciones proveídas desde la Dirección Nacional de Migraciones. El mismo fue condenado por una serie de violaciones a mujeres ocurridas en la ciudad de Itá.

Las fiscales Irma Llano y Alba Delvalle imputaron al ex titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, a su esposa Luz Marina Gonzalez de Durand y varios directivos de Mocipar acusados de haber estafado a los clientes de la empresa.

De acuerdo a los datos de la fiscalía, las personas pagaban mensualmente a Mocipar la cuota en concepto de vehículos, electrodomésticos e inmuebles que eran ofrecidos por la entidad a precios accesibles, pero nunca recibieron una contraprestación. 

Según el acta de imputación, estos hechos ilícitos se habrían registrado en el 2016, cuando Durand presentaba un programa televisivo, pero persistió hasta el 2019 y 2020.

Las agentes fiscales solicitaron al juzgado de Garantías implementar medidas sustitutivas a la prisión. 

Dany Durand ocupó el cargo de ministro del MUVH hasta el 30 de octubre de 2020 cuando presentó su dimisión al cargo. 

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