Disparos contra descontrol de ONG: roncha de los que cobran fortunas y no emiten facturas

El proyecto de ley sobre control a las ONG, está generando “ronchas” en círculos opositores ligados a esas organizaciones “sin fines de lucro”, pero que manejan mucho dinero sin necesidad de respaldo documental.


El senador Gustavo Elite, impulsor de la legislación, fue el que argumento la propuesta, señalando que al ser actores venden servicios y bienes al mercado interno y al oficial, deben emitir facturas por sus movimientos de plata, como exigen el sistema legal de transparencia

En conversación con el periodista Enrique Vargas Peña, este le apunto que la ley en cuestión , es una necesidad con estatus de urgencia, a partir de las funciones que las ONG realizan, pero que llamativamente están exentas de control.

“La exsenadora Desirée Masi (ejemplifico) tiene una oficina (ONG) que se dedica a realizar relevamiento de todo lo que se publica en este programa. Cuenta con cinco a seis personas que trabajan en eso”, disparó el comunicador, para reforzar la posición de que los organismos no gubernamentales deben emitir facturas por servicios que paga o cobra.

El proyecto legislativo ya desató la polémica, en una de cuyas aristas fustigan al plan, alegando que con el “ataque” se pretende sacar fortaleza a controles extraoficiales a través de oficinas sin fines de lucro. Desde el otro sector, sin embargo, expresan que el papel de excesiva presencia de las ONG en el gobierno, es más pernicioso de lo que se muestra en la superficie. En esa línea de críticas mencionan que el proyecto de fondo de dichas agrupaciones en el fondo es atrapar espacios de gobernanza estatal, imponiendo condiciones que inciden en forma directa en decisiones del gobierno.

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“Son los intolerantes lo que piden tolerancia”, Rubín sobre ley contra el nepotismo

Quienes critican la ley sancionada en el Congreso, donde se modifican varios artículos de la legislación que prohíbe el nepotismo, son los antidemocráticos que hablan en nombre de la democracia, a criterio del diputado Rubén Rubín, criticado por su proyecto antinepotismo, que fue el que finalmente prosperó en ambas cámaras.

Con Dios o con el diablo. Esta parece ser la clasificación que hacen los impulsores del proyecto de iniciativa popular contra el nepotismo respecto a los que están a favor o en contra de esta versión, que quedó descartada en el Legislativo, al igual que la de Bachi Núñez y la de Eduardo Nakayama, ante la unanimidad que generó la propuesta del diputado Rubén Rubín,

“A diferencia de ellos, yo entiendo que es parte de la democracia, son los intolerantes los que piden tolerancia y son los antidemocráticos los que usan el nombre de la democracia”, respondió Rubín, ante las críticas que recibió por su proyecto de modificación del nepotismo. Fue en una entrevista con Abc Tv.

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El legislador independiente expuso tres puntos claves que fueron modificados con su proyecto sancionado y que marcan un avance en relación a la ley anterior.

La expansión del alcance de lo que es nepotismo

La eliminación de cualquier salvedad, porque la ley anterior decía está prohibido contratar, salvo excepciones, haciendo alusión a los cargos de confianza.

La elevación de las penas, que anteriormente eran de hasta cinco años y que ahora no pueden ser menores a cinco años, mediante la eliminación de la preposición hasta.

La definición de nepotismo, plasmada en el artículo 1, dice que se incurrirá en nepotismo cuando una persona, utiliza sus atribuciones, facultades o influencias para nombrar o contratar en cargos públicos, o realiza uno de esos actos a favor de su cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en violación a las normas que regulan el acceso a la función pública.

El artículo 3 señala que, el que realizare el nombramiento o una contratación de servicios, y el que fuese beneficiado con el nombramiento o contratación de servicios, en contravención a lo dispuesto en esta ley, será sancionado con la inhabilitación en el ejercicio de la función pública por cinco años.

Tanto el autor como el beneficiado serán responsables en partes iguales, de la devolución de los salarios cobrados de manera indebida.

El artículo cuarto, no menos importante, indica que la vigencia de la ley correrá recién a partir del año siguiente de su promulgación.

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Baruja responde a Soledad Núñez: “¿Qué hizo por la clase media? Absolutamente nada”

El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, respondió a la extitular de la extinta Senavitat, Soledad Núñez, quien cuestionó el programa Che Róga Porã.

La exministra de la Senavitat, Soledad Núñez, manifestó que Che Róga Porã, otorgará créditos solamente a un “pequeño grupo de privilegiados” y excluirá a un 80% de la población paraguaya.

Al respecto, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, lamentó la mala intención de señalar negativamente al programa de viviendas y dijo que en su momento, Soledad Núñez, no hizo nada para dar respuestas a la clase media.

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“Cuándo ella estuvo ¿Qué hizo por el segmento de la clase media trabajadora? Absolutamente nada”, declaró el ministro Baruja, en conversación con la 1020 AM.

“Desde inicio dijimos que era un programa destinado a la clase media trabajadora. Es un programa que se suma a los demás ya existentes en la institución”, agregó.

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Baruja mencionó además que solo el 0,7% de la población paraguaya está pagando por el crédito de una vivienda, porque nunca antes existió un financiamiento acorde a la realidad de los ingresos de la clase trabajadora.

Sobre Che Róga Porã, informó que casi el 40% de las propuestas habitacionales ya están reservadas en menos de una semana. “El programa está teniendo el éxito que hemos buscado. Hay un gran interés de la ciudadanía, más de 60.000 personas ingresaron a nuestro portal”, sostuvo.

Calé recuerda su lío judicial con Zuccolillo: “Estaba pescando la oportunidad de golpearlo”

El exsenador Juan Carlos Galaverna, rememoró los detalles de la batalla judicial librada contra el exdirector del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo. El exparlamentario señaló que se trató de una acción planeada de su parte, ante los constantes agravios perpetrados desde dicho medio de comunicación en su contra.

En las últimas horas, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se explayó sobre el conflicto judicial que habían tenido Aldo Zuccolillo y Juan Carlos Galaverna en el 2005, donde el Estado condenó al exdirector de ABC Color a pagar G. G. 754.002.000 al entonces parlamentario.

Al respecto, la CIDH sostiene que se “violaron los derechos de libertad de pensamiento y expresión” al emitir dicho fallo, por lo que considera que se deje sin efecto la sentencia en modo de “homenaje” al exdirector de ABC.

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“Yo no demandé a ABC por ninguna de sus críticas, por ninguna de sus críticas, por ninguna de sus tapas vejatorias de cualquier ser humano, por ninguno de sus artículos presentándome como un indeseable. Aguanté todo eso, porque sabía que los jueces no se iban a animar a condenar a Zuccolillo”, manifestó el exsenador Galaverna en conversación con Radio 1000, agregando que en ese momento, el exdirector de medios tenía una “tremenda influencia” en el Poder Judicial, a través de su periodista Carlos Benítez.

Sostuvo que el caso que lo hizo accionar fue cuando en ABC publicaron un supuesto crédito que había desembolsado del Banco Nacional de Fomento, pero le atribuyeron una cédula de identidad que no correspondía a él, sino a un hermano de Adolfo y Mario Ferreiro.

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“Mi intención era golpearlo, lo asumo plenamente. Yo estaba pescando la oportunidad de golpear a ese hijo de puta. La oportunidad se dio cuando me presenta en sendos artículos como un estafador, un moroso de una cuenta del Banco Nacional de Fomento”, recordó Calé.

Asimismo, dijo que tras varios años de litigio judicial, logró una sentencia favorable que incluía la condena al pago. “Yo dije que no iba a usar un solo centavo de la plata de Zuccolillo por temor a que me enyete. Distribuí a instituciones benéficas todo lo que me correspondía”, agregó.