“Los dirigentes están preparando la vuelta de Mario Abdo a la política en meses más. Podría pelear nuevamente la Presidencia de la ANR”, declaró el diputado colorado Daniel Centurión, confirmando que, el que fuera mandatario hasta agosto del año pasado, romperá su mutismo e inactividad política, para volver al ruido del sector.

Sin embargo, el anuncio no llegó solo, ya que el parlamentario republicano anexó un paquete informativo extra, quizás más polémico y explosivo aún que la política: el ‘planeta Cerro Porteño’, club al que aspiraría dirigir, y que, ‘a los postres’ le servirá como trampolín para intentar recuperar su alicaída imagen de político.

“A él no le desagrada (candidatarse para presidente del Ciclón) y hay muchos amigos que le están empujando”, admitió Centurión en conversación con la 1020 AM.

CURRÍCULUM

El retorno de Abdo a la exposición pública tiene ribetes de polémica, a la luz de lo que quedó como ‘herencia’ de su gobierno. El cúmulo de casos de corrupción registrados en sus cinco años de gestión, determinó su estrepitosa doble derrota electoral en diciembre del 2022, cuando perdió la compulsa por la presidencia de la ANR contra Horacio Cartes, y la chapa presidencial para las generales del 2023.

Analistas de todos los signos políticos e ideológicos interpretaron la caída de Abdo Benítez, como consecuencia de los graves casos de robos perpetrados en varios entes gubernamentales y previsionales.

Entre los más sonados episodios de robos que se le endilga al gobierno de Marito resaltan los perpetrados durante la pandemia, así como el vaciamiento de recursos del Instituto de Previsión Social.

En el primer caso, el endeudamiento de 1.600 millones de dólares para hacer frente a la pandemia de covid, significó una larga lista de “tragadas” en nombre de la lucha sanitaria.

Desde los episodios de desvío de fondos para la emergencia sanitaria, como los casos “de oro” (tapabocas, agua tónica, contratos para vacunas, infraestructura de hospitales, entre otros), hasta falta de sustentos documentales para gastos, conformaron la nómina de irregularidades perpetradas.

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En el caso del IPS, las administraciones de dos de sus ‘apadrinados’: Andrés Gubetich y Vicente Bataglia irregularidades en todos frentes (compra de medicamentos, licitaciones amañadas en servicios de seguridad, compra de bienes y servicios varios, depósitos y alquileres). Gubetich, además, cuenta con una querella criminal por estafas, por valor de 2.350.000 dólares.

En todos los casos, la gestión de Abdo está técnicamente pegada a cada uno de los expedientes, ya que, no obstante las denuncias al momento que se realizaron, el exmandatario sostuvo hasta las últimas “consecuencias” a ambos titulares de la previsional.

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El autodenominado “Bloque Democrático” emitió un comunicado en la víspera para expresar su preocupación por la “persecución” contra el intendente de Encarnación, Luis Yd.

Los planos aprobados para la ejecución de esta obra autorizaban hasta cinco pisos, pero el edificio finalmente llegó a ocho niveles, es decir, tres pisos más de lo permitido, sin siquiera notificar o iniciar una solicitud de permiso.

Una vez que esta irregularidad fue constatada, el arquitecto entregó los nuevos planos en agosto pasado y obtuvo una autorización para continuar, previo pago de una multa. Es decir, esta medida administrativa bastó para blanquear la irregularidad y avalar la continuidad sobre una estructura diseñada para cinco niveles.

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“Para la aprobación del sexto y séptimo piso se tuvo que hacer un peritaje, pero se aprobó muy alegremente con un cobro de multa”, dijo el concejal encarnaceno, Andrés Morel, días después de la tragedia, al tiempo de informar que detectaron varias irregularidades.

Al margen de cuál haya sido la causa exacta, lo concreto es que un mal proceder provocó el desmoronamiento total de la estructura e hizo que una adulta mayor y su nieta de 15 años perdieran la vida.

Sin embargo, nada de esto aparece en el análisis de la oposición, que se limita a ver el caso desde la óptica política y a defender la negligencia propiciada por el intendente, Luis Yd, asegurando que existen ataques para destituir al jefe comunal.

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Durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, Yolanda Paredes realizó un reclamo en general a todos sus colegas por sus llegadas tardías que retrasan los debates.

Manifestó que, es una falta de respeto que los senadores lleguen tarde a las sesiones que se realizan una vez a la semana, pese al alto salario que perciben al mes, y por eso pidió a la presidencia del Senado castigo con descuento a los impuntuales.

“Olímpicamente vienen llegando a las 10 de la mañana, una falta de respeto para nosotros que sí llegamos temprano. Acá por lo menos debe haber descuento, este es el país de la impunidad y la impunidad luego ya empieza acá en el Congreso donde hacemos las leyes”, expresó Paredes.

Pidió que se cumpla con lo que establece el reglamento del Senado que establece descuento por incumplimiento de los horarios establecidos.

“El sueldo que recibimos cada mes que la ciudadanía con su esfuerzo, levantándose a las 3 o 4 de la mañana, nos paga a nosotros sus empleados, porque nosotros somos sus empleados. Que una vez por todos nos dignemos a trabajar”, reifirió.

El sector liderado por Iván Airaldi dentro del PLRA en Alto Paraná anunció su rechazo a una eventual alianza electoral con el movimiento “Yo Creo”, del intendente Miguel Prieto. La crítica principal apunta a lo que considera una “alianza basada en prebendas”, en la cual se entregaron más de 240 cargos municipales a un solo sector liberal a cambio de apoyo político.

“Nosotros queremos reconstruir el Partido Liberal y buscar aliados que realmente nos sumen votos. Lo que no podemos aceptar es una alianza en la que nuestro supuesto aliado debilite nuestras bases y se reparta cargos discrecionalmente”, expresó Airaldi en entrevista con la radio Universo 970 AM.

Según explicó, tras un análisis de los resultados electorales –que fueron “pobres” en Alto Paraná– su sector propone una reunificación del PLRA en la zona. Denunció que, en cambio, otros sectores liberales continúan negociando con Miguel Prieto, a quien responsabiliza por la actual crisis de representación del partido.

“Descubrimos, mediante pedidos de acceso a la información pública, que 242 liberales fueron contratados como funcionarios municipales, todos del sector de Carlos Portillo. Eso representa un gasto mensual de G. 1.033 millones para las arcas públicas, y un total anual de más de G. 13.000 millones incluyendo aguinaldos. Hay sospechas que gran parte de estos funcionarios sean planilleros”, detalló.

Airaldi agregó que también existen sectores del PLRA ligados a Óscar González Drakeford y Manuel Trinidad, que esperan entrar en el mismo esquema de repartija a cambio de mantener el apoyo a Prieto. Cuestionó que esto no tiene nada que ver con ideales ni con fortalecer el partido, sino con usar el dinero público como botín político.

Además, denunció que Prieto pretende “elegir a dedo” a los candidatos del PLRA para las próximas elecciones municipales a cambio de dar tres bancas en la Junta Municipal, mientras él y su equipo se aseguran la mayoría en la lista.