El abogado Adolfo Ferreiro, uno de los defensores de Lugo en la jornada de enjuiciamiento en el Parlamento, reveló algunas intimidades que se dieron en las horas previas a la definición de la destitución.

En ese contexto desveló un episodios en el que uno de los inicialmente “fieles” de la candidatura del exobispo, Rafael Filizzola, gestionaba a trastienda para que Lugo renuncie a la presidencia, de forma a evitar la exposición a los ‘traidores’ del líder del Frente Guasu.

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“Habían dicho (exaliados) a Fernando Lugo que podía renunciar y ser senador vitalicio, que había garantías. Personalmente, me llamó uno de los líderes del golpe de Estado a darme garantías y pedirme que renuncie Fernando Lugo. Me garantizaron que no iba a haber ninguna represalia. Rafael Filizzola me llamó. Fernando Lugo dijo que no”, relató Ferreiro a la 730 AM.

Las lecturas al interior de sectores de la oposición, respecto a la insistencia para que Lugo renuncie (y no caiga por juicio), era ‘lavarse las manos’ ante sus electorados duros, entre los cuales había quienes fustigaban haber soltado la mano a Lugo.

En otra carpa opositora, la liberal, en tanto, la fecha fue de recordación agridulce, teniendo en cuenta que aquella destitución implicó el ascenso al poder del PLRA. Pero por el otro, la puesta al tapete de la ineficiencia y alta corrupción que significó el año y dos meses que estuvieron en el Ejecutivo, y que a la sazón fue la condena (en las urnas) que posibilitó el retorno al poder del Partido Colorado.

“Todavía no escuché la campana final. Veo esto como una brillante oportunidad para tirar por tierra todas las mentiras, todos los inventos, referente al manejo administrativo”, expresó el intendente Rodríguez en un video compartido en sus redes sociales.

Solicitó a sus funcionarios y directores prestar colaboración al interventor y entregar todas las documentaciones necesarias para facilitar la investigación, ya que, en caso de dilatar este paso, " se prestará a tergiversaciones".

“Se puede corroborar la trazabilidad de cada guaraní (..) el muerto que ellos creen haber matado goza de muy buena salud, está con una tremenda fortaleza y fe, todavía no escuché la campana final”, enfatizó.

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La Cámara de Diputados prestó su acuerdo constitucional para la intervención de la Municipalidad de Asunción. El Ejecutivo deberá designar al interventor, que podría ser el exministro de Urbanismo y extitular del BNF, Carlos Pereira.

El pedido de intervención proviene de la Contraloría General de la República, que dice haber hallado indicios de irregularidad en la administración de fondos municipales y una violación de la ley orgánica municipal.

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“El presidente del partido fue víctima de una persecución tremenda en el periodo anterior, finalmente, el tiempo ha puesto todo en su lugar, el tiempo ha sido el juez inexorable, ninguna de estas acusaciones han podido ser demostradas y lo lógico es que se desestimen cada una de estas causas”, opinó el mandatario Santiago Peña, al ser consultado al respecto durante su jornada de Gobierno en Misiones.

Describió el caso como una utilización de las instituciones del Estado para perseguir a un adversario político y advirtió que esto hace mucho daño a la República del Paraguay.

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Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor, a cargo de la investigación sobre lavado de dinero y otros, solicitaron la desestimación de la denuncia contra Horacio Cartes.

Por los hechos mencionados en la denuncia que motivó la apertura de la presente causa no existen elementos que permitan concluir en forma positiva sobre la existencia del hecho y la participación de los denunciados en el mismo, señala el documento remitido por la Fiscalía.

El siguiente paso será el sorteo del juez que tendrá que recibir este pedido de desestimación y evaluar si hace lugar o no a la solicitud de la Fiscalía.

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El siguiente paso será el sorteo del juez que tendrá que recibir este pedido de desestimación y evaluar si hace lugar o no a la solicitud de la Fiscalía.

“Es una demostración de que ha sido un escenario montado para perjudicar a una persona, por lo que espero que pueda ser desestimado por la justicia”, opinó el senador Natalicio Chase, líder de bancada de Honor Colorado en la Cámara Alta.

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Recordó que el proceso ya tiene mucho tiempo de estudios y que pasó por diferentes estamentos antes de llegar a esta instancia. “Tenemos que creer en la justicia, no todo está torcido”, afirmó.

El abogado Pedro Ovelar recordó que el caso derivó en la denuncia de Giuzzio ante la Comisión Permanente (sin cuórum) y ante la Seprelad (que no puede recibir denuncias) con la investigación encabezada por su titular Carlos Arregui.

A criterio del defensor, “Se trató de la mayor persecución política en la era democrática utilizando el estado como herramienta”.

Por los hechos mencionados en la denuncia que motivó la apertura de la presente causa no existen elementos que permitan concluir en forma positiva sobre la existencia del hecho y la participación de los denunciados en el mismo, señala el documento remitido por la Fiscalía.

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