En una reunión virtual realizada el 4 de julio, con la participación de 73 representantes de diversas ONGs, la Fundación CIRD lideró la sesión con su principal representante, Agustín Carrizosa, al frente.

La convocatoria, organizada por la Fundación CIRD, reunió a representantes de varias ONGs, miembros de la Pastoral Social y gremios indígenas.

Durante la reunión, se establecieron varias estrategias clave para enfrentar la ley. En primer lugar, se decidió iniciar un lobby directo y personal con senadores y diputados del partido Colorado que se muestran disidentes, como Blanca Ovelar, Lilian Samaniego y Luis Pettengill. Además, se buscará el apoyo de legisladores de Cruzada Nacional. La estrategia de lobby -según lo acordado- iba a ejecutarse individualmente desde el día siguiente hasta la fecha de tratamiento en la plenaria, programada para el lunes 8 de julio.

Se decidió también pedir al Cardenal Adalberto Martínez que intervenga con el senador Gustavo Leite, quien tiene una conexión directa, para retrasar el tratamiento de la ley. La intención es maximizar el tiempo para organizar más acciones de resistencia.

Además, se planificó recurrir a medios de comunicación favorables a su causa, destacando las implicancias negativas de la ley, que califican de inconstitucional y confiscatoria, al argumentar que limita severamente la capacidad de las ONGs para operar.

La reunión enfatizó la necesidad de llegar a la prensa extranjera, incluyendo medios como CNN, para generar presión internacional y afectar la imagen del país. La esperanza es que esta presión lleve al Presidente de la República a vetar la ley, ya que podría interferir con su estrategia de posicionamiento internacional.

Participación activa y acciones legales

De acuerdo con los puntos acordados, se conformará una delegación para participar activamente en el tratamiento de la ley en el Congreso, asegurando una presencia visible y ejerciendo presión directa. Esta delegación incluirá representantes indígenas, estudiantes y miembros de la Iglesia Católica, quienes, en muchos casos, son más escuchados que otros sectores. No serán los rostros ya conocidos de las organizaciones quienes irán al Parlamento a ejercer presión.

En caso de que la ley sea aprobada, las ONGs están preparadas para presentar una acción de inconstitucionalidad y solicitar medidas cautelares que suspendan los efectos de la ley hasta que se resuelva su constitucionalidad. Este enfoque se basa en experiencias pasadas, donde casos similares han tardado años en resolverse, ganando tiempo crucial para las ONGs.

Comunicación y movilización

Las ONGs reconocen la importancia de la transparencia, pero critican la redacción de la ley por permitir al gobierno tomar decisiones con pocos criterios claros y ejecutar penas excesivas contra las organizaciones. Se comparó esta ley con una anterior utilizada para reprimir a opositores, argumentando que su implementación afectará a todas las organizaciones de la sociedad civil, no solo a las ONGs.

En la reunión se destacó la necesidad de una movilización masiva durante la audiencia pública programada para el próximo lunes, demostrando la oposición ciudadana a la ley. Además, se propuso la publicación de una solicitada en medios para visibilizar la oposición a la ley y generar presión pública.

La discusión incluyó la necesidad de establecer contacto y construir alianzas con otros sectores de la sociedad civil, como sindicatos, gremios, grupos de campesinos, clubes, iglesias y universidades. Este enfoque busca unificar esfuerzos y maximizar el impacto de la oposición a la ley.

Estrategias de largo plazo y coordinación internacional

Se mencionó la necesidad de contactar a agencias de cooperación y embajadas para explicar la posición de las ONGs y pedir su apoyo visible en defensa del espacio cívico. La coordinación con actores internacionales se considera crucial para aumentar la presión sobre el gobierno y evitar la aprobación de la ley.

También se destacó la importancia de continuar el diálogo con el Cardenal y otros representantes religiosos, solicitando su intervención tanto pública como privada. Se propuso que el Cardenal aborde el tema en sus homilías, educando a la población sobre la labor de las ONGs y los peligros de la ley.

Finalmente, como último recurso, se tiene previsto presentar acciones legales de inconstitucionalidad y medidas cautelares. Esta estrategia incluye el desarrollo de un discurso persuasivo para una campaña de comunicación masiva en redes sociales, actuando como un bloque unificado y no como organizaciones individuales.

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“Personalmente esperaba más. Me pareció muy pobre, hasta gracioso. Un partido de Sport Colombia y Ameliano lleva más gente”, señaló el diputado Rodrigo Gamarra, en conversación con Universo 970 AM de Nación Media.

Manifestó que la oposición pese a articular varios sectores sociales, no logró la cantidad esperada de manifestantes.

Sobre el punto, mencionó que la convocatoria perdió popularidad al convertirse en un acto político partidario, antes que una movilización popular genuina.

“Si con toda esa estructura no logran mover a la gente de manera espontánea, quiere decir que en vez de mejorar están empeorando”, añadió el parlamentario.

“Ellos hicieron lo que tenían que hacer, pero no lograron ni por asomo la cantidad de personas que esperaban. Evidentemente, no tuvo la fuerza ni la convocatoria que preveían”, expresó el legislador en entrevista con radio Ñanduti.

El legislador Ovelar comparó la manifestación con movilizaciones previas, señalando que en eventos como la “Resistencia Ciudadana” de Ferando Lugo se vio una participación mucho mayor, incluso con sectores del Partido Colorado sumándose a la protesta.

“Si vos querés llegar al poder, necesitás sí o sí que una parte importante del Partido Colorado te acompañe”, reflexionó.

Pese a la baja concurrencia en la marcha opositora, Ovelar advirtió que el gobierno no debe subestimar el descontento ciudadano y que es necesario un proceso de autocrítica. “El gobierno también debería tomar esto como una llamada de atención. No debemos creer que todo lo que hacemos es bien percibido. Hay que corregir errores y cumplir con los compromisos asumidos”, concluyó.

Raúl Latorre estuvo de panelista “Conferencia Internacional sobre el Combate al Antisemitismo”, organizada por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel.

“Para nosotros es muy importante que se entienda que en Paraguay no tenemos el antisemitismo que se vivió en otros países, tenemos nuestro embajador de la comunidad judía que está con nosotros y puede testimoniarlo, es importante entender que el antisemitismo cambia, muta como un virus”, destacó Latorre, acompañado por el embajador Alejandro Rubín.

El diputado habló de la posición oficial de Paraguay en Israel y señaló que, reconociendo la historia y la religiosidad de Israel, la verdadera capital del Estado es Jerusalén.

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Latorre se reunió ayer con el presidente del parlamento israelí, Amir Ohana, como parte de la visita oficial de la comitiva paraguaya encabezada por el presidente de la ANR, Horacio Cartes.

“Hablamos sobre el profundo vínculo que une a nuestras naciones hermanas y sobre estrategias para fortalecer la cooperación y el comercio entre nuestros pueblos”, contó Latorre. También abordaron el fortalecimiento de la cooperación en la gestión del agua, avances en tecnología e innovación, la posibilidad de becas para estudiantes paraguayos

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