La República del Paraguay es para siempre libre e independiente. La soberanía reside en el pueblo. Estos aspectos aparecen en la Constitución Nacional y los resalta la Cancillería Nacional en su pronunciamiento emitido ayer.

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“Acompañamos la decisión del Gobierno del presidente Peña, era una posición necesaria que debíamos asumir, hace prácticamente dos años que venimos sufriendo esta persecución de parte de este embajador, con los resultados ya conocidos”, opinó Juan Carlos Baruja, en su carácter de secretario político de la Junta de Gobierno de la ANR.

A criterio de Baruja, políticamente no existe afectación de la medida reiterada, pero como país soberano, estos anuncios “se pasan de la raya”.

Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, la intervención directa o indirecta de cualquier Estado en los asuntos internos del Paraguay compromete la independencia y soberanía de la República, además de transgredir principios del derecho internacional que rigen las relaciones entre estados con los que el Paraguay se vincula en pie de igualdad.

Paraguay no hace juicio de valor sobre el uso de herramientas administrativas que se enmarcan en la legislación americana, pero sienta una posición respecto de la forma en que fueron comunicadas estas medidas administrativas por parte del actual embajador americano en Paraguay.

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“No queremos que esta sea una foto que garantice que estamos avanzando en democracia, sino que sea el inicio de un proceso donde podamos hacer cambios de tal manera a restituir ese proceso democrático, participativo a la gente al interior del propio Senado y que podamos superar estas situaciones que se han dado últimamente”, manifestó la senadora Esperanza Martínez, en conferencia de prensa tras la reunión.

Asimismo, dijo que uno de los temas abordados fue la necesidad de contribuir en hacer mejoras en el Presupuesto General de la Nación para el 2025, donde también se mencionó el pedido de transparencia de los recursos de Itaipú. “La ciudadanía desconoce lo que se está haciendo. Hay mucha desconfianza en esta negociación”, expresó Martínez.

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“Hay una agenda que necesita ser debatida y que se dé a conocer ante la ciudadanía. Hablamos sobre la reforma del transporte público. Nuestro primer reclamo fue hacia las situaciones que se han dado de manera más aguda colocando el tema del debate y discusión en una posición que se estaba tornando autoritaria”, agregó.

Otros puntos abordados fueron la Ley del Registro Único Nacional y la cuestión de la reforma laboral.

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“Fue parte de la agenda, tanto sus expresiones sobre la estabilidad (laboral), como también las situaciones de una posible reforma. Él nos aclaró que en este momento no tiene aún un proyecto, que fue una opinión que la sostiene, y que está abierto a discutir y que esto se va a dar dentro de un proceso”, indicó la senadora Martínez.

El gobernador del departamento Central, Ricardo Estigarribia, cargó la responsabilidad de la crisis financiera y de credibilidad a Hugo Fleitas, titular de la nucleación opositora.

“Es peor que la administración de Efraín Alegre la forma en que Hugo Fleitas maneja al PLRA. Maneja en forma personal el directorio partidario, está conduciendo el partido como si fuera una empresa privada. Él no es una persona aperturista, que se sienta a dialogar, discutir y buscar soluciones, es una persona que se maneja sola”, disparó Estigarribia, que lidera el movimiento Nuevo Liberalismo.

Las puertas cerradas de la agrupación a la disidencia, acotó, mina las chances partidarias, de cara a las elecciones municipales del 2026.

Alegó que Fleitas, con poner obstáculos para la realización de la próxima convención del 6 de octubre, instala un conflicto explosivo al interior del partido.

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Estigarribia significó que los convencionales – entre los que su sector tendría mayoría- decidirán el desdoblamiento de las elecciones internas de las municipales e introducirá reformas en el estatuto partidario.

“El partido necesita renovarse, no solamente de imagen, sino de ideas y contenido. Hoy estamos vacíos en eso, te vas al PLRA y no hay hoja de afiliación, no hay gente que te atienda. Hay gente que no cobra su salario, no se está pagando la antigüedad que requiere el Instituto de Previsión Social para la jubilación”, indicó a la 780 AM.

Desde el Nuevo Liberalismo -apuntó Estigarribia- se asegura que movilizarán a más de 580 convencionales a nivel país, con lo cual obtendrán el objetivo.

“Estamos haciendo todo el trabajo posible y necesario que se requiere para llevar la convención adelante. Nosotros creemos que las elecciones internas se pueden hacer entre junio y julio (2025). Lo ideal sería un año antes de las municipales para que el próximo presidente del PLRA tenga tiempo y la capacidad necesaria para organizar unas elecciones”, enfatizó.

Se trata del proyecto de ley “Que integra al Presupuesto General de Gastos de la Nación, el adicional que la República del Paraguay recibirá por el ajuste de la tarifa de energía eléctrica cedida a la República Federativa del Brasil, correspondiente a los ejercicios fiscales 2024, 2025 y 2026″.

El documento establece integrar al presupuesto público, el referido importe adicional que nuestro país recibirá por el ajuste de la tarifa por la energía excedente cedida al Brasil, correspondiente a los ejercicios fiscales señalados.

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La intención es distribuir esos recursos a los ministerios de Educación y Ciencias; Salud Pública y Bienestar Social; y Obras Públicas y Comunicaciones.

Al respecto, la titular de la Comisión de Presupuesto, diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), a su turno, dio a conocer el dictamen de rechazo impulsado por el bloque asesor que encabeza.

“Una disposición rígida, como la sugerida en el proyecto, podría llevar a una infrautilización de los fondos en las áreas donde realmente se necesiten. Itaipú es una entidad sujeta a normas internacionales y no a la legislación interna de los países firmantes como Paraguay y Brasil. Incorporar los ingresos de Itaipú al Presupuesto General de la Nación podría interpretarse como una intervención que desvirtúe su estatus orgánico, autónomo y binacional”, argumentó.

También sostuvo que esto podría generar tensión entre las partes contratantes; afectar el funcionamiento; y desafiar los términos del tratado internacional.

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La legisladora recordó que Itaipú fue creada bajo normas internacionales que la protegen de este tipo de interferencias nacionales.

“Podría considerarse una violencia a la estructura legal y desencadenar conflictos diplomáticos y financieros”, insistió.

Tras la votación, el plenario de Diputados decidió rechazar el proyecto.