El senador Dionisio Amarilla anunció que, en caso de que lo inviten a formar parte de la Comisión de Investigación de Lavado de Activos, se encargará personalmente de proponer un reglamento de trabajo que defina el itinerario a seguir, y así evitar que se maneje de forma discrecional, como la CBI dirigida por Jorge Querey.

“Esa comisión (CBI de Querey) no tuvo reglamento, él convocó a quien quiso, cuando en realidad, en una Bicameral, lo primero que hay que hacer es dictar un reglamento, definir quórum, cómo convocar a los afectados, etc.”, comentó Amarilla.

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El legislador liberal no ve motivos para que la comisión reciba el calificativo de garrote y dijo que, si él llegara a integrarla, se ocupará de que no persiga a nadie en específico.

“Cuando se habla de lavado de activos, varios sectores pueden ser convocados. (..) No hace bien que un medio poderoso como Abc tenga un banco y que se sospeche que en ese banco lavaron activos como el traficante de Cabeza Branca y el caso Conmebol”, contestó ante la insistencia de las preguntas de ese medio.

Desde el Grupo Zuccolillo bautizaron a esta comisión como garrote y se anticipan que serán ellos los investigados por el caso de presunto lavado en el banco Atlas, propiedad de la misma familia.

Amarilla fue tildado de oficialista y se le preguntó si no le parecería injusto que él llene el cupo para opositores dentro de esta comisión, ante lo cual contestó que él siempre actuó a cara descubierta, avisando que acompañaría los proyectos que buscan beneficiar al país, pero aclaró que, cuando tuvo posturas disímiles con el oficialismo, siempre lo respetaron.

Como ejemplos en los que estuvo en contra citó: el proyecto de pronunciamiento en contra de Miguel Prieto, la propuesta de establecer un solo horario todo el año y la modificación de la carta orgánica de la Policía Nacional.

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Luego de que un Tribunal de Apelación confirmara la sentencia a 13 años de cárcel a Erico Galeano por los hechos punibles de lavado de activos y asociación criminal, demostrados en juicio, finalmente será impulsada y aprobada su expulsión del Congreso.

Sin embargo, para muchos lectores asiduos de la Constitución Nacional, los delitos cometidos por el legislador no configuran un uso indebido de influencias, sino delitos independientes a su investidura y condición de legislador.

A pesar de esta discusión, el libelo acusatorio ya está listo y, además de citar la condena confirmada, expone los siguientes hechos:

El senador recibió importantes sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas y las utilizó en beneficio propio y de empresas vinculadas a su persona, entre ellas el Club Deportivo Capiatá.

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En el año 2020 vendió una propiedad en Altos por un millón de dólares en efectivo a un intermediario vinculado a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.

Prestó una aeronave de su propiedad para facilitar traslados de Sebastián Marset, Miguel Ángel Insfrán y otros miembros de la organización criminal dentro del territorio nacional.

A criterio de los senadores acusadores, estas conductas configuran una participación activa en una estructura criminal transnacional, con utilización de recursos y posición de poder derivados de su investidura parlamentaria.

En tal sentido, piden la pérdida de investidura por uso indebido de influencias fehacientemente comprobado argumentando que las dos sentencias judiciales definitivas en segunda instancia constituyen prueba plena de que el senador utilizó su investidura y posición pública para favorecer y beneficiarse de una organización criminal.

Agregan que la conducta es incompatible con el régimen establecido en los artículos 196 (incompatibilidades) y 197 (inhabilidades) de la Constitución Nacional.

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En el espacio de oradores, el senador Basilio Núñez utilizó el tiempo para crear un versus entre los parlamentarios actuales y los que ya se retiraron, según él, con verdaderos privilegios, muchos de los cuales, hoy están detrás de las críticas.

El exsenador, Marcial González Safstrand accedió a una jubilación reducida (un periodo de cinco años). Con un aporte total de 142,5 millones de guaraníes, ya cobró 853 millones desde julio del 2013 hasta diciembre del 2025.

La diferencia entre lo aportado y lo cobrado hasta este momento es superior a 710 millones de guaraníes, esto es, siete veces más de lo que aportó.

“Prefiero estar en el 85% de la población que no recibe jubilación que ser beneficiado de esta forma”, declaró Núñez.

Recordó que este parlamento ingresó con reglas impuestas en periodos anteriores y que no eligieron ser aportantes.

“Así que, quiero que sepamos, no solamente su sector (PEN), también de otros partidos son jubilados vip, pero nosotros no somos jubilados vip, los números no mienten”, señaló.

En la sesión ordinaria de ayer, la Cámara de Senadores modificó el proyecto de la Caja Parlamentaria que se aprobó en Diputados. La discusión pasó por la edad mínima y los años de aporte.

Según informó el jefe comunal, durante el encuentro conversaron sobre liderazgo, gestión pública y la importancia de conducir con “templanza y firmeza” en tiempos considerados desafiantes.

Bello destacó además el valor del diálogo y del intercambio de experiencias para afrontar los desafíos que actualmente enfrenta la capital del país.

A través de sus redes sociales, el intendente también expresó su respaldo al titular de la ANR. “Que Dios siga guiando tu misión partidaria y nacional”, publicó.

La reunión se da en medio de debates sobre la situación administrativa y financiera de la Municipalidad de Asunción, así como de varios proyectos impulsados desde la Junta Municipal y el Ejecutivo comunal.