A las 9:00 de la mañana está convocada la sesión de la Cámara de Senadores, que, en el punto cinco del orden del día con moción de preferencia solicitada por Juan Carlos Nano Galaverna, tiene al proyecto de Ley “De la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil”.

“Estamos de acuerdo en más de un 80 % y cuando tenemos un acuerdo en un porcentaje alto ya estamos en condiciones de aprobar en general. Podés no estar de acuerdo en dos o tres artículos, pero eso no debe ser motivo de rechazar, salvo que haya un artículo que desnaturalice la ley, en este caso, están las condiciones dadas para poder acompañar en general”, confirmó el legislador liberal, Eduardo Nakayama, en una entrevista con la 730 AM.

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Señaló que resulta imposible estar de acuerdo en todo, pero que es importante coincidir en gran parte, algo que, a su criterio de consiguió, luego de la cantidad de agregados y propuestas de diferentes senadores.

“Siempre manifesté eso, que cada poder tiene su particularidad, y dije que en el caso del Legislativo vamos a presentar un proyecto de ley. En el caso del Poder Judicial, ellos ya tienen sus propias reglas en el tratamiento de los funcionarios judiciales, tienen una carrera judicial y una escuela judicial, existe un Consejo de la Magistratura y un Jurado de Enjuiciamiento, para mi está correcto desde ese punto de vista”, opinó.

Respecto a la propuesta que presentará sobre la carrera legislativa, señaló que, uno de los principales abusos que se registra es el de los funcionarios que ingresan a trabajar en el despacho de un determinado parlamentario, de manera transitoria, pero luego se perpetúa en el cargo.

Mario Varela, senador colorado, justificó la exclusión del Legislativo y la calificó de parcial. El artículo 3 de la Constitución Nacional, recordó, estipula un equilibrio de poderes con recíproco control y, la autonomía en la decisión del Poder Legislativo es importante, pues, si existe una concentración total y absoluta del Ejecutivo, esto pondría en peligro esa autonomía.

Entre el Poder Judicial y el Legislativo representan un 3 % de todo el presupuesto público, donde, el Legislativo abarca el 0,52 % y el Judicial un 2,6 %.

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En el programa Así son las cosas, 970 AM y canal GEN, el liberal “Billy” Vaesken acusó al contralor Camilo Benítez de formar parte de un esquema que pretende utilizar a los órganos extrapoderes como garrote para perseguir a la oposición.

“La Contraloría no tiene la potestad de solicitar intervenciones municipales. Eso corresponde a las juntas municipales. Acá se está usando una ley derogada para justificar un atropello institucional”, declaró el congresista opositor.

El legislador sostuvo que el contralor Benítez se basa en la Ley 317/94, ya derogada, y que la Constitución Nacional no le otorga ese rol. “Esto es preocupante, ya lo vimos con Mario Ferreiro”, aseveró.

Para Vaesken, el trasfondo responde a una estrategia para consolidar el control del poder.

Sobre los argumentos de la Contraloría, el diputado sostuvo que hay una evidente “selectividad” en los municipios señalados. Se preguntó por qué no se pide intervención en otras comunas -a su parecer- en peores condiciones.

También defendió al intendente Miguel Prieto, al asegurar que “siempre abrió las puertas a la Contraloría y presentó documentos para desmentir las acusaciones”. En contrapartida, criticó al intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, de quien dijo que “si el sistema de justicia funcionara, ya no debería estar al frente del municipio”.

En memoria del natalicio de Bernardino Caballero, fundador de la Asociación Nacional Republicana, se llevó a cabo un acto en la fundación que lleva el mismo nombre.

En la ocasión, el presidente de la ANR, Horacio Cartes, destacó que Caballero representó a ese hombre valeroso y patriota hasta los tuétanos, que engendró la paraguayidad.

Antes, se dirigió al vicepresidente de la República. “Señor presidente en ejercicio, Pedro Alliana, gracias por acompañarme. Hay que prepararse ya, me parece, Pedro, todo esto es un contagio después”.

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Al concluir el acto, Pedro Alliana habló al respecto y respondió que siempre está ese deseo de voluntad del presidente del partido y también a veces del presidente de la República.

“Pero todo a su debido tiempo, no hay que apurarse, los tiempos de Dios son perfectos y hoy tenemos que seguir trabajando con el presidente Santiago Peña para seguir trayendo bienestar a todos los paraguayos. Tenemos unas elecciones municipales también que se acercan y ahí están enfocados nuestros esfuerzos, nada de campañas apresuradas”, contestó.

Sobre el presente de la ANR, Alliana aseguró que el partido está muy unido, apoyando siempre la gestión de Gobierno y agradeció a Horacio Cartes, a quien describió como el gran articulador y el gestor para que se tenga todo el respaldo, especialmente en el Congreso Nacional.

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El diputado colorado Rodrigo Gamarra afirmó en entrevista con radio Universo 970 AM que la bancada de Honor Colorado analizará el pedido de intervención a los municipios de Ciudad del Este y Asunción cuando el Ejecutivo remita oficialmente la solicitud a la Cámara de Diputados.

El congresista oficialista señaló que el caso de Ciudad del Este presenta “agravantes” vinculados a denuncias de corrupción que involucran al intendente Miguel Prieto.

El legislador destacó que el bloque aún no tomó una postura oficial y que evaluarán los fundamentos del pedido en cuanto reciban la documentación correspondiente. “Todavía estamos aguardando la decisión del Ejecutivo. Luego nos reuniremos como bancada y analizaremos caso por caso”, expresó.

Gamarra mencionó que el proceso contempla la conformación de dos comisiones investigadoras, una para cada municipio, que deberán convocar a las partes involucradas, revisar documentos y emitir un dictamen que posteriormente será sometido a votación en el pleno. El tiempo estimado para este proceso es de un mes y medio, teniendo en cuenta el antecedente.

En cuanto a las especulaciones sobre móviles políticos detrás de la intervención, Gamarra calificó esas afirmaciones como “absurdas” y “futuristas” porque aún no se analizaron los documentos. Reiteró que el análisis técnico y jurídico debe preceder cualquier juicio político. Además, aclaró que la decisión final recaerá en el pleno de la Cámara de Diputados.