En los últimos días, el tren de noticias apresuradas en materia electoral llevaba entre sus pasajeros a Víctor Ríos con el rótulo de precandidato a presidente de la República. Sin embargo, el propio ministro de la Corte Suprema de Justicia se encargó de descartarse en la competencia.

“No está en los planes, yo quería ser candidato a presidente, intenté muchísimo, pero no pude acumular fuerza ni armar nada ni siquiera para presentarme con posibilidades reales en las internas de mi partido”, dijo Ríos, en una entrevista con la 1080 AM, en alusión a la cantidad de años que buscó ese objetivo.

Todo aquel proceso lo dio por terminado desde el momento en que desembarcó en la máxima instancia judicial, donde, según cree, está cumpliendo una tarea muy delicada, por lo tanto, no puede ser irresponsable con este tipo de especulaciones.

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“Es una etapa que terminó en mi vida, ahora soy ministro de Corte, me siento cómodo, creo que no estoy haciendo un mal trabajo en la Corte”, opinó.

El Partido Liberal lleva tres elecciones consecutivas con el mismo candidato e igual número de derrotas. Con Efraín Alegre en la oferta electoral, el PLRA completará 15 años fuera del poder.

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A través de sus redes sociales, el intendente capitalino Óscar “Nenecho” Rodríguez respondió a una información compartida por radio Ñanduti, medio que aseguró que el Ejecutivo supuestamente le pidió su dimisión. 

“Desde el entorno del presidente de la República le habrían pedido su renuncia al intendente Óscar Rodríguez para evitar la intervención de la municipalidad y el jefe comunal les respondió que no lo hará”, rezaba el posteo.

Sin embargo, el intendente Rodríguez aseguró que dicha información era una completa mentira. “Desmiento categóricamente está noticia mal intencionada. En ningún momento nadie me pidió la renuncia. Dejen de mentir y tergiversar”, escribió.

El movimiento Honor Colorado había adelantado que iba a favor de intervenir la Municipalidad de Asunción y la de Ciudad del Este. Esta segunda petición se concretó este miércoles durante la sesión de la Cámara Baja. 

El acuerdo constitucional para la intervención implica la separación del cargo de los intendentes y la designación de un interventor que se encargará de la administración en lo que dure la auditoría.

En caso de que el Congreso apruebe la intervención de alguna de las municipalidades, se deberá nombrar un interventor, quien tendrá hasta 90 días para presentar un informe sobre la gestión del jefe comunal. El resultado de esa investigación será evaluado por la Cámara de Diputados, que finalmente decidirá si corresponde o no la destitución del intendente.

Si se concreta la destitución, la Cámara Baja notifica a la Justicia Electoral y, a partir de ahí, la institución posee 90 días para organizar la elección, tanto la interna partidaria como la elección municipal.

En cambio, según la ley, si la vacancia del cargo ocurre por inhabilidad, renuncia o muerte del intendente en los dos últimos años del mandato, el procedimiento es distinto: asume el presidente de la Junta Municipal, quien debe convocar a sesión para elegir a un reemplazante entre los concejales.

“Estamos muy atentos por una cuestión presupuestaria, más que nada. No hay que perder de vista que entre ambas ciudades hay casi 700.000 electores”, expresó Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del TSJE.

No obstante, aclaró que el organismo está obligado a cumplir con el artículo 165 de la Constitución Nacional, que establece la convocatoria a elecciones en un plazo de 90 días en caso de destitución de un intendente.

En entrevista con canal GEN, Ljubetic también explicó que el proceso aún se encuentra en etapa preliminar. En caso de que el Congreso apruebe la intervención de alguna de las municipalidades, se deberá nombrar un interventor, quien tendrá hasta 90 días para presentar un informe sobre la gestión del jefe comunal. El resultado de esa investigación será evaluado por la Cámara de Diputados, que finalmente decidirá si corresponde o no la destitución del intendente.

“Si se concreta la destitución, se nos debe notificar formalmente y, a partir de ahí, tenemos 90 días para organizar la elección, tanto la interna partidaria como la elección municipal”, detalló.

También recordó que, según la ley, si la vacancia del cargo ocurre por inhabilidad, renuncia o muerte del intendente en los dos últimos años del mandato, el procedimiento es distinto: asume el presidente de la Junta Municipal, quien debe convocar a sesión para elegir a un reemplazante entre los concejales.

Ljubetic adelantó que, si los tiempos procesales se cumplen, las nuevas elecciones municipales podrían concretarse en los primeros meses del próximo año, en caso de que el Congreso opte por la destitución del intendente de alguna de las dos capitales departamentales.

Antes del inicio de la sesión extraordinaria de la fecha, el legislador de Honor Colorado, Alejandro Aguilera, confirmó la posición que tomó el movimiento al respecto y dijo que, tras los dictámenes de ambas comisiones, las cartas ya están echadas.

Ante la consulta de si entonces acompañarán la intervención de Asunción, contestó: “Claro, tenemos que ser coherentes, si exigimos transparencia tiene que ser para propios y extraños, no vamos a caer en el discurso de la oposición que cuando se trate de algún amigo o integrante de nuestro equipo actuemos con evasivas”.

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Agregó que la postura del movimiento Honor Colorado es votar por la aprobación de ambas intervenciones, sin importar que los dictámenes no sean vinculantes.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, también de Honor Colorado, señaló que los procesos se cumplieron, en cuanto al trabajo de las comisiones, las oportunidades dadas para escuchar a todas las partes y los respectivos dictámenes. Confirmó que su bancada acompañará ambos pedidos.

A su turno, la líder de bancada, Rocío Abed, también informó que votarán a favor de ambas intervenciones.

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La comisión especial que evaluó los indicios de la administración esteña emitió dictamen en mayoría por la aprobación y en minoría por el rechazo.

En tanto, la comisión que estudió los méritos de la comuna asuncena emitió un solo dictamen en el que, por unanimidad, aconsejó la aprobación de la intervención

Ambas comisiones escucharon a todas las partes, es decir, a la Contraloría, a los intendentes y a los concejales. El acuerdo constitucional para la intervención implica la separación del cargo de los intendentes y la designación de un interventor que se encargará de la administración en lo que dure la auditoría.