El presidente de la Comisión, Natalicio Chase, confirmó que convocaron al titular de la EBY del lado paraguayo para una reunión informativa este lunes.

Según Chase, Luis Benítez es invitado junto con su equipo técnico para que informen sobre el decreto 303/2025, firmado por el gobierno de Javier Milei y que establece un pago de USD 28 por MWh para la energía de Yacyretá.

“El decreto de Milei tiene largo tiempo de inveStigación de ambas partes, no es una decisión unilateral y hay que tener todos los documentos para ver”, expresó Chase.

Según refirió, el decreto argentino no toca la tarifa de la binacional, sino se trata de un ajuste en el pago.

Benítez y su equipo deberán informar los alcances de la resolución que surgió del lado argentino, que compra la energía, y no del lado paraguayo que la vende.

En el programa Así son las cosas, 970 AM y canal GEN, el liberal “Billy” Vaesken acusó al contralor Camilo Benítez de formar parte de un esquema que pretende utilizar a los órganos extrapoderes como garrote para perseguir a la oposición.

“La Contraloría no tiene la potestad de solicitar intervenciones municipales. Eso corresponde a las juntas municipales. Acá se está usando una ley derogada para justificar un atropello institucional”, declaró el congresista opositor.

El legislador sostuvo que el contralor Benítez se basa en la Ley 317/94, ya derogada, y que la Constitución Nacional no le otorga ese rol. “Esto es preocupante, ya lo vimos con Mario Ferreiro”, aseveró.

Para Vaesken, el trasfondo responde a una estrategia para consolidar el control del poder.

Sobre los argumentos de la Contraloría, el diputado sostuvo que hay una evidente “selectividad” en los municipios señalados. Se preguntó por qué no se pide intervención en otras comunas -a su parecer- en peores condiciones.

También defendió al intendente Miguel Prieto, al asegurar que “siempre abrió las puertas a la Contraloría y presentó documentos para desmentir las acusaciones”. En contrapartida, criticó al intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, de quien dijo que “si el sistema de justicia funcionara, ya no debería estar al frente del municipio”.

En memoria del natalicio de Bernardino Caballero, fundador de la Asociación Nacional Republicana, se llevó a cabo un acto en la fundación que lleva el mismo nombre.

En la ocasión, el presidente de la ANR, Horacio Cartes, destacó que Caballero representó a ese hombre valeroso y patriota hasta los tuétanos, que engendró la paraguayidad.

Antes, se dirigió al vicepresidente de la República. “Señor presidente en ejercicio, Pedro Alliana, gracias por acompañarme. Hay que prepararse ya, me parece, Pedro, todo esto es un contagio después”.

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Al concluir el acto, Pedro Alliana habló al respecto y respondió que siempre está ese deseo de voluntad del presidente del partido y también a veces del presidente de la República.

“Pero todo a su debido tiempo, no hay que apurarse, los tiempos de Dios son perfectos y hoy tenemos que seguir trabajando con el presidente Santiago Peña para seguir trayendo bienestar a todos los paraguayos. Tenemos unas elecciones municipales también que se acercan y ahí están enfocados nuestros esfuerzos, nada de campañas apresuradas”, contestó.

Sobre el presente de la ANR, Alliana aseguró que el partido está muy unido, apoyando siempre la gestión de Gobierno y agradeció a Horacio Cartes, a quien describió como el gran articulador y el gestor para que se tenga todo el respaldo, especialmente en el Congreso Nacional.

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El diputado colorado Rodrigo Gamarra afirmó en entrevista con radio Universo 970 AM que la bancada de Honor Colorado analizará el pedido de intervención a los municipios de Ciudad del Este y Asunción cuando el Ejecutivo remita oficialmente la solicitud a la Cámara de Diputados.

El congresista oficialista señaló que el caso de Ciudad del Este presenta “agravantes” vinculados a denuncias de corrupción que involucran al intendente Miguel Prieto.

El legislador destacó que el bloque aún no tomó una postura oficial y que evaluarán los fundamentos del pedido en cuanto reciban la documentación correspondiente. “Todavía estamos aguardando la decisión del Ejecutivo. Luego nos reuniremos como bancada y analizaremos caso por caso”, expresó.

Gamarra mencionó que el proceso contempla la conformación de dos comisiones investigadoras, una para cada municipio, que deberán convocar a las partes involucradas, revisar documentos y emitir un dictamen que posteriormente será sometido a votación en el pleno. El tiempo estimado para este proceso es de un mes y medio, teniendo en cuenta el antecedente.

En cuanto a las especulaciones sobre móviles políticos detrás de la intervención, Gamarra calificó esas afirmaciones como “absurdas” y “futuristas” porque aún no se analizaron los documentos. Reiteró que el análisis técnico y jurídico debe preceder cualquier juicio político. Además, aclaró que la decisión final recaerá en el pleno de la Cámara de Diputados.