En entrevista con la radio Universo 970 AM, el legislador Rodrigo Gamarra explicó los pasos que debe seguir la Cámara de Diputados ante el pedido de intervención a las municipalidades de Ciudad del Este y Asunción, remitido por la Contraloría General de la República al Ministerio del Interior. Aclaró que el proceso aún no fue incluido oficialmente en el orden del día, aunque puede tratarse sobre tablas para la conformación de las comisiones especiales.

“El procedimiento es institucional. Se crea una comisión investigadora con representación proporcional por bancadas, que tiene 30 días para emitir su dictamen. Luego, el plenario decide si corresponde o no la intervención”, señaló.

Gamarra enfatizó que, en caso de aprobarse la intervención, se comunica al Ejecutivo para la designación del interventor, quien a su vez tiene un plazo de 60 días para investigar y emitir un informe que será nuevamente evaluado por la Cámara.

Consultado sobre si la Contraloría tiene o no facultad para solicitar la intervención, el diputado afirmó que ese debate ya quedó atrás, pero que a su parecer sí corresponde. “Es una pérdida de tiempo discutir la validez del pedido, que es una chicana política y se pierde el tiempo. Lo que corresponde ahora es cumplir con el proceso, revisar documentos y escuchar a todas las partes”, refirió.

Respecto a las posiciones políticas divergentes, mencionó que algunos sectores de la oposición ya manifestaron su rechazo a la intervención de Ciudad del Este, aunque respaldan la de Asunción, algo que –según dijo– “nunca terminaron de explicar con claridad”. “La oposición tomó esto como netamente político, pero nosotros entendemos que es institucional. Plantean que es una persecución política para eliminar candidaturas, pero vemos que el intendente de CDE con más de 49 denuncias penales demostró negligencia a todas luces. Pero con eso no estamos haciendo futurología, tenemos que analizar los hechos”, lanzó.

Subrayó que su movimiento, Honor Colorado, encara este proceso con seriedad y dentro de un enfoque colectivo. “Es difícil hacer un pronostico, porque tenemos que traer a la vista los documentos y escuchar a ambas partes porque son municipios importantes del país”, indicó.

Chamorro enfatizó a Universo 970am que el principal obstáculo de la capital de Alto Paraná radica en la gestión de sus recursos financieros, señalando que con un presupuesto anual de USD 70 millones se pueden ejecutar transformaciones profundas si se elimina la corrupción.

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El aspirante colorado diagnosticó que la urbe recibe a diario a cerca de dos millones de personas —procedentes tanto del Brasil como del interior del país—, lo que genera un colapso en la infraestructura actual.

“Todos los barrios tienen distintas necesidades, pero casi todos coinciden en que la seguridad, la limpieza y el desagüe pluvial son los requerimientos prioritarios”, afirmó, agregando que la crisis del transporte público encarece el desplazamiento diario y obliga a la ciudadanía a depender excesivamente de plataformas digitales.

INFRAESTRUCTURA, COMERCIO Y TURISMO

El plan de gobierno de Chamorro busca equilibrar el crecimiento del microcentro con el de los barrios periféricos, impulsados en los últimos años por el avance de la industria maquiladora. Entre sus propuestas urbanísticas más relevantes sobresale la semipeatonalización horaria de dos de las arterias más transitadas del centro: las avenidas Monseñor Rodríguez y Adrián Jara.

En el ámbito turístico, el candidato proyecta la instalación de un puesto de información estratégica con guías capacitados a la salida del Puente de la Amistad para dar la bienvenida a los visitantes que ingresan desde Foz de Yguazú, previa ejecución de un plan integral de ordenamiento y limpieza urbana.

DISTANCIA CON EL CLAN “ZI”

En el plano interno de la ANR, Chamorro confirmó que coordina acciones con convencionales y presidentes de seccionales, al tiempo que hizo un llamado a “todos los colorados honestos” a sumarse a la Lista 1. Para desmarcarse del pasado político regional, marcó una clara distancia con el grupo político de la familia Zacarías Irún. “Nos apartamos del clan ZI porque perjudicó mucho al partido”, sentenció Chamorro.

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En su pronunciamiento, la nucleación política señala que las deficiencias en infraestructura y la carencia de insumos se han agravado drásticamente, y sostiene que el Ejecutivo no dio respuesta ni solución real.

El Comité Político del PLRA exige la destitución inmediata de la ministra de Salud, María Teresa Barán, ante su notoria y absoluta incapacidad para plantear vías de solución.

Hablan de una situación insostenible que ha provocado la renuncia masiva del personal médico en los distintos centros asistenciales. También expresan su apoyo a las justas reivindicaciones salariales y laborales del personal médico, de enfermería y auxiliar del sistema de salud pública.

“Sus reclamos son legítimos y están impulsados por la urgencia real de contar con condiciones dignas para ejercer su labor frente al abandono sistemático del Estado”, expresan.

Sin embargo, no hablan de ninguna alternativa financiera ni presentan ninguna propuesta que conduzca a una eventual solución del conflicto.

Simplemente hablan genéricamente de conformar un equipo técnico de profesionales de la salud, economistas y parlamentarios a fin de hacer seguimiento y un relevo general de la situación del sistema de salud pública, a fin de recién ahí proponer políticas reales de solución con la fuente de financiamiento posible.

A través de la Resolución N.º 2944, firmada este 2 de setiembre, se estableció que el equipo estará conformado por los senadores Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland, Natalicio Esteban Chase Acosta, Antonio Carlos Barrios Fernández, Lizarella Valiente de Rodríguez, Lilian Graciela Samaniego González y Esperanza Martínez de Portillo.

La resolución cuenta además con el refrendo del secretario general, Antonio Z. Sánchez O.

Esta medida se fundamenta en la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto el pasado 12 de agosto de 2026 mediante la Resolución N.º 1903, norma por la cual se creó formalmente dicha instancia legislativa.

Con la conformación definida, la comisión especial queda habilitada para iniciar las tareas de investigación, seguimiento y esclarecimiento de las irregularidades detectadas en ambas instituciones sanitarias.