Al iniciar el acto, el jefe de Gabinete y secretario general de la ANR, Eduardo González, sostuvo que la presentación no es solo un lanzamiento editorial, sino un acto de afirmación doctrinaria, política y partidaria, en torno a una figura que marcó un antes y un después en la conducción del Estado y en la vida interna del Partido Colorado.

González resaltó que el material aborda principalmente el periodo de gobierno de Horacio Cartes entre 2013 y 2018, etapa que estuvo basada en la unidad nacional, la construcción de consensos y una visión humanista del ejercicio del poder, dejando de lado “la confrontación estéril y las divisiones artificiales”.

En ese contexto, también se refirió a la etapa posterior al mandato presidencial y afirmó que Cartes fue objeto de una persecución política e injerencia extranjera, pero que lejos de retirarse, asumió la conducción del partido y logró ordenar la estructura interna, proceso que derivó en la victoria electoral del Partido Colorado en 2023.

Por su parte, el autor del libro y director del Instituto Republicano de Política Estratégica (IRPE), José Antonio Ocampos, explicó que la publicación no es un libro sobre una persona, sino un estudio de una época que transformó al Paraguay. Destacó que el liderazgo de Cartes se caracterizó por la firmeza, la perseverancia y la capacidad de anticiparse a escenarios complejos, tanto en el ámbito público como privado.

Ocampos subrayó además que ese proceso político devolvió al Partido Colorado “la palabra confianza” y sostuvo que durante ese periodo el ciudadano paraguayo “recuperó dignidad, sin distinción política”. También mencionó decisiones económicas y diplomáticas que fortalecieron la posición del país en el escenario internacional.

El acto contó con la presencia de autoridades partidarias, referentes políticos y militantes, entre ellos el exsenador Juan Carlos Galaverna.

En una charla con los medios, Santiago Peña reflexionó sobre la cronología que tuvo el proyecto de la Reforma de la Caja Fiscal desde su presentación. Como primer punto, destacó que este Gobierno se animó a enfrentar el problema, a diferencia de administraciones anteriores que se limitaron a patear el conflicto.

Recalcó que, lo que asegura la sostenibilidad de un país es su sistema previsional y que eso siempre genera tensión porque se toman decisiones presentes sobre cosas que tienen impacto a futuro.

También reconoció que este proyecto no resuelve todo el problema, ni la versión original ni la modificada por Diputados ni la suavizada por el Senado. La segunda, recalcó, resuelve el problema en mayor medida.

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“Probablemente ninguno de nosotros vaya a sufrir las consecuencias, pero nuestros hijos y nietos van a sufrir las consecuencias de nuestra incapacidad de haber privilegiado una disputa política de corto plazo y hayamos empeñado el futuro de las futuras generaciones”, opinó Peña en clara alusión a las internas de junio y a las municipales de octubre.

Añadió que la decisión es siempre política y recordó que estamos en un calendario político que inicia este año y ya no para hasta el 2028, por lo cual, está muy agradecido con el Parlamento por la valentía de abordar un tema sensible en un año electoral.

“En una negociación, cuando ninguna de las partes está del todo satisfecha es una buena negociación, independientemente de la versión que llegue, el debate debe continuar y tenemos que hablar del déficit de la Caja Fiscal y de la seguridad social en Paraguay”, concluyó.

El proyecto aprobado en el Senado regresa a la Cámara de Diputados que ya descartó estudiar el proyecto hoy jueves como se pretendía. Desde Raúl Latorre para abajo hay disconformidad con lo acontecido en el Senado y se prevé volver a convocar a los técnicos del MEF y los docentes la próxima semana, antes de volver a tratar del proyecto.

El diputado Rodrigo Gamarra sostuvo al canal GEN que el debate sobre la reforma del sistema de jubilaciones del sector público no debe convertirse en una discusión política o electoral.

“Este no es un debate político ni electoral. Se está manejando mal la información y se intenta instalar que esto es una victoria o derrota del cartismo (por lo aprobado en el Senado), cuando en realidad se trata de buscar una solución al sistema de jubilaciones”, expresó.

El diputado explicó que el problema principal es que el sistema de jubilaciones del Estado arrastra un desequilibrio desde hace años. Según indicó, el modelo actual no tuvo en cuenta factores como el aumento de la esperanza de vida o las condiciones reales del sistema, lo que hoy genera un déficit.

La Caja Fiscal funciona con los aportes de los funcionarios públicos activos y con dinero del Estado. Sin embargo, en varios sectores el dinero que entra no alcanza para pagar todas las jubilaciones, por lo que el Gobierno debe cubrir la diferencia con recursos públicos.

Gamarra señaló que, al analizar el proyecto, los diputados tomaron como referencia los informes técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que advirtieron sobre los límites que puede soportar el sistema.

“Los especialistas nos dijeron hasta qué edad y qué porcentaje de jubilación era sostenible. Si tomábamos una decisión diferente, se podía poner en riesgo la caja”, explicó al expresar su extrañeza del cambio de postura que tuvieron luego cuando se analizó en el Senado.

El legislador afirmó que el objetivo de la reforma es garantizar que el sistema pueda seguir pagando jubilaciones en el futuro. “Nosotros priorizamos que dentro de 20, 30 o 40 años los trabajadores puedan tener una jubilación digna acorde a lo que aportaron durante toda su vida”, indicó.

En ese sentido, advirtió que aprobar medidas sin respaldo técnico podría generar problemas más adelante. “Es fácil prometer soluciones hoy, pero si el sistema se cae dentro de unos años, todos vamos a terminar en las calles reclamando porque no habrá dinero para pagar las jubilaciones”, sostuvo.

Gamarra señaló que se convocará nuevamente a los sectores involucrados para analizar los cambios. “No somos títeres de nadie. Vamos a tomarnos nuestro tiempo, escuchar a la gente y también al MEF para que explique por qué antes se habló de ciertos límites y ahora se plantea otra cosa”, afirmó.

El legislador adelantó que el tratamiento del proyecto podría comenzar la próxima semana dentro de las reuniones de bancada. “Esta vez no nos van a agarrar con los pantalones abajo. Vamos a hacer todo el proceso necesario, escuchar a todos y tratar de sacar la decisión más responsable”, prometió.

La Cámara de Diputados había aprobado que docentes, magistrados y otros funcionarios públicos puedan jubilarse a los 57 años de edad con al menos 25 años de aporte.

Sin embargo, el Cámara de Senadores introdujo cambios tras el reclamo de gremios docentes. Entre las principales modificaciones se redujo la edad de jubilación a 53 años para docentes con 25 años de aporte, con una jubilación que puede ir aumentando progresivamente hasta el 90% del salario.

También se fijó un aporte del 19% para sectores deficitarios y del 16% para sectores superavitarios, además de un aporte estatal del 10% sobre el salario de los funcionarios.

El exparlamentario del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Édgar Acosta, denunció públicamente que fue excluido de la lista de candidatos a miembro del Directorio partidario, apuntando al gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, como responsable político de la decisión tomada por el Tribunal Electoral Independiente (TEI).

Acosta explicó que su nombre figuraba inicialmente dentro de la nómina del movimiento Nuevo Liberalismo, sector que impulsa al intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, para la presidencia del partido. Sin embargo, posteriormente fue reemplazado por otro postulante.

A través de sus redes sociales, el dirigente liberal sostuvo que el cambio respondería a decisiones internas dentro del movimiento político y mencionó que el pedido para su exclusión habría surgido desde el entorno de Estigarribia.

En ese contexto, también lanzó fuertes críticas contra el gobernador de Central, a quien calificó como un “nuevo rico” dentro del partido.

Acosta sostuvo que este tipo de decisiones reflejan una forma de hacer política que, según afirmó, se aleja de los principios históricos del liberalismo.

Ante esta situación, Acosta adelantó que recurrirá a las instancias partidarias correspondientes para solicitar explicaciones y revisar la legalidad del procedimiento mediante el cual fue apartado de la candidatura.