Los componentes del movimiento oficialista tienen la autonomía de salir a hablar y cuestionar algunos aspectos, algo normal dentro de un grupo grande en el que se desenvuelven con democracia y libertad.

“Los genuinos de Honor Colorado nos hemos caracterizado por la disciplina, por la unidad por trabajar juntos, por el diálogo entre nosotros y no vamos a permitir que nadie por fuera de movimiento que seguramente hace poco nomás se sumaron al movimiento quieran venir con otra mentalidad con otra ideología a querer dividirnos, separarnos o hacernos pelear”, afirmó Alliana, en una entrevista con el canal 13.

Recalcó que todos tienen libertad de expresarse, pero dentro del marco del respeto y la tolerancia.

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Respecto a las declaraciones de Nicanor Duarte Frutos, Alliana expresó su desacuerdo con pretender instalar que el Gobierno no hizo nada y cuestionó que no haya visto los dos nuevos hospitales que se construyeron y que haya tratado de esa manera al ministro de Educación, pese a los avances y mejoras en esa materia.

“El plan mil que estamos llevando a toda República del Paraguay, el corredor Bioceánico que estamos terminando, nosotros, a diferencia de otros gobiernos, en vez de romper y destruir obras nosotros continuamos con las obras porque creemos que se trata de una visión de futuro y una visión país”, opinó.

Por último, sostuvo que no es posible que una persona tan importante como el expresidente Duarte Frutos no se haya enterado de todo esto.

La Sala Penal de la Corte anuló el sobreseimiento definitivo de Hernán Rivas y confirmó la elevación de la causa a juicio oral y público por uso de título falso.

El senador Basilio Núñez habló esta mañana en conferencia de prensa y reconoció que esta circunstancia genera un desgaste político y que por ello se le concedió permiso en el cargo, sin embargo, aclaró que una eventual pérdida de investidura no figura en el orden del día de la próxima semana.

Por su parte, Natalicio Chase, líder de bancada, explicó que de momento no puede dar su opinión sobre Rivas, porque la decisión se tomará en bancada, luego de la reunión prevista para la próxima semana.

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Consultado si descartaba una pérdida de investidura, Chase contestó “No descartamos ninguna postura” y advirtió que, más que el título, el peligro está en las instituciones de control que permitieron que el caso llegue a esta instancia.

También recalcó que la expulsión de un parlamentario tiene su proceso y no se puede decidir sobre la marcha.

El próximo martes 12 de mayo el Senado tendrá dos sesiones extraordinarias, en una de ellas, tratará exclusivamente la expulsión de Erico Galeano, cuyo permiso fenece precisamente esa fecha.

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La viceministra de Comunicación del MITIC, Alejandra Duarte, salió al paso de las publicaciones que vinculan al Gobierno con supuestas campañas de desprestigio y pautas digitales direccionadas para atacar a trabajadores de prensa.

En entrevista con GEN, aseguró que no existe involucramiento ni uso de dinero público para estos fines. “Es algo sumamente común hoy en día en el entorno digital. Nosotros desde el Mitic hicimos todas las denuncias ante las plataformas y ante el CERT-PY“, señaló.

Uno de los puntos centrales de la aclaración fue el funcionamiento de los anuncios en redes sociales y buscadores. La viceministra explicó que, al ser Paraguay un mercado pequeño, Google y Meta no poseen oficinas locales ni reglamentaciones específicas para el país, lo que facilita que se corran campañas de desinformación desde otras regiones.

“Hay regiones que están excluidas donde ni siquiera necesitás autorización del Gobierno para correr ese tipo de campañas. Elevamos las denuncias y las plataformas responden que aún no hay reglamentación para nuestro país. Es un trabajo continuo que venimos haciendo”, precisó Duarte.

Consultada sobre la figura de Jimmy Villaverde, quien aparece en las publicaciones como supuesto nexo de estas campañas, la viceministra aclaró su situación. Confirmó que Villaverde es un militante activo del movimiento Honor Colorado y que tuvo un paso por la Entidad Binacional Yacyretá hasta enero de 2024, pero descartó cualquier vínculo actual con el Ejecutivo.

“Es una persona del sector privado que trabaja para actores políticos, pero no tiene ninguna vinculación a nivel de cargo dentro de Presidencia o del MITIC. No es funcionario público actualmente", subrayó.

Respecto a las fotografías de Villaverde con el presidente Santiago Peña, explicó que son parte de la dinámica de las jornadas de gobierno donde el mandatario interactúa con activistas y adherentes.

Para la alta funcionaria, existe un “relato orquestado” que busca instalar vínculos inexistentes. Lamentó que el entorno digital se utilice para estos fines, y comparó la situación con las estafas que usan imágenes de figuras públicas para engaños económicos.

“Nos preocupa cómo se utiliza este mecanismo. El foco hoy debería ser informar a la ciudadanía sobre cómo proteger sus cuentas y cómo identificar una noticia falsa. El trabajo comunicacional es fundamental porque las fake news ya están instaladas y van a seguir existiendo”, indicó.

Luego de que un Tribunal de Apelación confirmara la sentencia a 13 años de cárcel a Erico Galeano por los hechos punibles de lavado de activos y asociación criminal, demostrados en juicio, finalmente será impulsada y aprobada su expulsión del Congreso.

Sin embargo, para muchos lectores asiduos de la Constitución Nacional, los delitos cometidos por el legislador no configuran un uso indebido de influencias, sino delitos independientes a su investidura y condición de legislador.

A pesar de esta discusión, el libelo acusatorio ya está listo y, además de citar la condena confirmada, expone los siguientes hechos:

El senador recibió importantes sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas y las utilizó en beneficio propio y de empresas vinculadas a su persona, entre ellas el Club Deportivo Capiatá.

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En el año 2020 vendió una propiedad en Altos por un millón de dólares en efectivo a un intermediario vinculado a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.

Prestó una aeronave de su propiedad para facilitar traslados de Sebastián Marset, Miguel Ángel Insfrán y otros miembros de la organización criminal dentro del territorio nacional.

A criterio de los senadores acusadores, estas conductas configuran una participación activa en una estructura criminal transnacional, con utilización de recursos y posición de poder derivados de su investidura parlamentaria.

En tal sentido, piden la pérdida de investidura por uso indebido de influencias fehacientemente comprobado argumentando que las dos sentencias judiciales definitivas en segunda instancia constituyen prueba plena de que el senador utilizó su investidura y posición pública para favorecer y beneficiarse de una organización criminal.

Agregan que la conducta es incompatible con el régimen establecido en los artículos 196 (incompatibilidades) y 197 (inhabilidades) de la Constitución Nacional.

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