En la convención colorada realizada el 29 de noviembre pasado, el titular de la ANR, Horacio Cartes, presentó a Pedro Alliana como el candidato de Honor Colorado y dijo que será el próximo presidente de la República.

Sin embargo, recién este último fin de semana se conoció la noticia de que Pedro Alliana finalmente aceptó la propuesta.

“El vice se tomó su tiempo y el viernes pasado, en oportunidad de su visita al presidente del partido, le comunicó que aceptaba. Él es el candidato natural, creo que no hay ninguna objeción y con el tiempo se debe ir armando el equipo que lo acompañará”, opinó el senador Derlis Maidana, en un contacto con radio Universo AM.

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Consideró que el momento en que llegó esta confirmación fue justo, ya que permite comunicar y ordenar las cosas naturalmente.

Para Maidana, Alliana debería elegir a su compañero de fórmula, pero el análisis debería realizarse recién al término de las elecciones municipales de octubre y el anuncio en enero del 2027.

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Por otro lado, respecto a la posibilidad de que algunos senadores con permiso que hoy ocupan otros cargos regresen a sus bancas, Maidana sostuvo que dependerá del presidente de la República, tomando en cuenta que está en juego la mayoría oficialista en el Congreso.

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La Sala Penal de la Corte anuló el sobreseimiento definitivo de Hernán Rivas y confirmó la elevación de la causa a juicio oral y público por uso de título falso.

El senador Basilio Núñez habló esta mañana en conferencia de prensa y reconoció que esta circunstancia genera un desgaste político y que por ello se le concedió permiso en el cargo, sin embargo, aclaró que una eventual pérdida de investidura no figura en el orden del día de la próxima semana.

Por su parte, Natalicio Chase, líder de bancada, explicó que de momento no puede dar su opinión sobre Rivas, porque la decisión se tomará en bancada, luego de la reunión prevista para la próxima semana.

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Consultado si descartaba una pérdida de investidura, Chase contestó “No descartamos ninguna postura” y advirtió que, más que el título, el peligro está en las instituciones de control que permitieron que el caso llegue a esta instancia.

También recalcó que la expulsión de un parlamentario tiene su proceso y no se puede decidir sobre la marcha.

El próximo martes 12 de mayo el Senado tendrá dos sesiones extraordinarias, en una de ellas, tratará exclusivamente la expulsión de Erico Galeano, cuyo permiso fenece precisamente esa fecha.

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La viceministra de Comunicación del MITIC, Alejandra Duarte, salió al paso de las publicaciones que vinculan al Gobierno con supuestas campañas de desprestigio y pautas digitales direccionadas para atacar a trabajadores de prensa.

En entrevista con GEN, aseguró que no existe involucramiento ni uso de dinero público para estos fines. “Es algo sumamente común hoy en día en el entorno digital. Nosotros desde el Mitic hicimos todas las denuncias ante las plataformas y ante el CERT-PY“, señaló.

Uno de los puntos centrales de la aclaración fue el funcionamiento de los anuncios en redes sociales y buscadores. La viceministra explicó que, al ser Paraguay un mercado pequeño, Google y Meta no poseen oficinas locales ni reglamentaciones específicas para el país, lo que facilita que se corran campañas de desinformación desde otras regiones.

“Hay regiones que están excluidas donde ni siquiera necesitás autorización del Gobierno para correr ese tipo de campañas. Elevamos las denuncias y las plataformas responden que aún no hay reglamentación para nuestro país. Es un trabajo continuo que venimos haciendo”, precisó Duarte.

Consultada sobre la figura de Jimmy Villaverde, quien aparece en las publicaciones como supuesto nexo de estas campañas, la viceministra aclaró su situación. Confirmó que Villaverde es un militante activo del movimiento Honor Colorado y que tuvo un paso por la Entidad Binacional Yacyretá hasta enero de 2024, pero descartó cualquier vínculo actual con el Ejecutivo.

“Es una persona del sector privado que trabaja para actores políticos, pero no tiene ninguna vinculación a nivel de cargo dentro de Presidencia o del MITIC. No es funcionario público actualmente", subrayó.

Respecto a las fotografías de Villaverde con el presidente Santiago Peña, explicó que son parte de la dinámica de las jornadas de gobierno donde el mandatario interactúa con activistas y adherentes.

Para la alta funcionaria, existe un “relato orquestado” que busca instalar vínculos inexistentes. Lamentó que el entorno digital se utilice para estos fines, y comparó la situación con las estafas que usan imágenes de figuras públicas para engaños económicos.

“Nos preocupa cómo se utiliza este mecanismo. El foco hoy debería ser informar a la ciudadanía sobre cómo proteger sus cuentas y cómo identificar una noticia falsa. El trabajo comunicacional es fundamental porque las fake news ya están instaladas y van a seguir existiendo”, indicó.

Luego de que un Tribunal de Apelación confirmara la sentencia a 13 años de cárcel a Erico Galeano por los hechos punibles de lavado de activos y asociación criminal, demostrados en juicio, finalmente será impulsada y aprobada su expulsión del Congreso.

Sin embargo, para muchos lectores asiduos de la Constitución Nacional, los delitos cometidos por el legislador no configuran un uso indebido de influencias, sino delitos independientes a su investidura y condición de legislador.

A pesar de esta discusión, el libelo acusatorio ya está listo y, además de citar la condena confirmada, expone los siguientes hechos:

El senador recibió importantes sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas y las utilizó en beneficio propio y de empresas vinculadas a su persona, entre ellas el Club Deportivo Capiatá.

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En el año 2020 vendió una propiedad en Altos por un millón de dólares en efectivo a un intermediario vinculado a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.

Prestó una aeronave de su propiedad para facilitar traslados de Sebastián Marset, Miguel Ángel Insfrán y otros miembros de la organización criminal dentro del territorio nacional.

A criterio de los senadores acusadores, estas conductas configuran una participación activa en una estructura criminal transnacional, con utilización de recursos y posición de poder derivados de su investidura parlamentaria.

En tal sentido, piden la pérdida de investidura por uso indebido de influencias fehacientemente comprobado argumentando que las dos sentencias judiciales definitivas en segunda instancia constituyen prueba plena de que el senador utilizó su investidura y posición pública para favorecer y beneficiarse de una organización criminal.

Agregan que la conducta es incompatible con el régimen establecido en los artículos 196 (incompatibilidades) y 197 (inhabilidades) de la Constitución Nacional.

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