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Por Rossana Escobar M.

rossana.escobar@gruponacion.com.py

Mientras el presidente del Partido Libe­ral Radical Autén­tico (PLRA), Pedro Efraín Alegre, intenta defenderse atribuyendo las denuncias de corrupción en su contra a una persecución política y de “la mafia”, aparecen más hechos que generan curiosi­dad sobre los réditos que le generó la política, ya que de asadero pasó a ser millonario.

Alegre era el asadero del respetado líder del PLRA, Domingo Laíno. Así también, sus correligionarios cuentan que además cocinaba asado a su amigo Luis Alberto Wag­ner, quien fue el que le dio su primer puesto en la fun­ción pública al contratarlo como secretario general de la Gobernación de Central. Su antecedente es otro ejemplo de que la política es uno de los mejores caminos para “cre­cer” hasta el punto de llevar una vida ociosa en medio de privilegios.

El político se mantuvo his­tóricamente en la sombra, mientras su esposa Myrian Graciela Irún iba creando y apuntalando negocios, prin­cipalmente en el rubro inmo­biliario. Coincidentemente, las sociedades se fortalecie­ron luego de que el esposo se ubicara en altos cargos del gobierno. Sin embargo, Alegre no fue muy discriminado en los negocios familiares y también obtuvo lo suyo.

Un hecho que revela que el líder del PLRA era parte beneficiaria es el juicio de disolución conyugal que rea­lizó el matrimonio en el 2017, año en que justamente los medios de comunicación se hacían eco de las grandes for­tunas amasadas por los polí­ticos que en algunos tenían como protagonistas a sus res­pectivos cónyuges.

DISOLUCIÓN CONYUGAL

Una publicación de mayo del 2017 emplazaba y citaba a los “interesados en recla­mar derechos contra la sociedad conyugal formada por los esposos Myrian Graciela Irún de Alegre y Pedro Efraín Alegre”, en el marco del juicio de liquida­ción de los bienes. Es decir, ambos eran socios, por lo que corresponde una explicación sobre los bienes acumulados por parte del ex alto funcio­nario y ordenador de gastos de los recursos públicos reci­bidos por su partido.

El juicio de disolución con­yugal es una herramienta muy utilizada por funciona­rios públicos conocidos como “magos de las finanzas”. A modo de resguardar bienes no justificados o salir ilesos de investigaciones fiscales, varios asalariados estatales han optado por este meca­nismo, muy particularmente en Aduanas.

Dos inmobiliarias fortaleció la esposa de Alegre después de que su marido se ubicara en puestos privilegiados den­tro del Estado.

Irún Inmobiliaria SRL, mismo nombre de la inmobiliaria que creara el suegro del político surgió en el 2004. En la firma aparecen como accionistas Myrian Irún de Alegre junto con José Luis Irún Brusque­tti, luego de una cesión de cuo­tas que les habían hecho otros socios en noviembre del 2009.

El capital inicial de la inmo­biliaria era de G. 10 millones, monto que se disparó al cie­rre del ejercicio 2013 a G. 1.500 millones.

Un empleado de la familia, agrimensor de nombre Aure­lio Salas Delgado, fue colocado como accionista en la inmobi­liaria, luego del salto que pegó la empresa.

En el 2013, se suscribía Inmo­biliaria Terranova SRL, con un capital de G. 90 millones distri­buido entre los hermanos Fla­vio Arturo Irún Aquino, Car­los José Irún Aquino y Myrian Graciela Irún Aquino.

La inmobiliaria de la esposa hoy día es más publicitada como Matria.

El capital en efectivo en Terra­nova Inmobiliaria fue ínfimo (G. 30 millones) y G. 60 millo­nes en inmuebles, cuatro en total, todos ubicados en Lam­baré. Sin embargo, hay una importante colección de fincas según figura en el expediente de la sociedad.

Precisamente, en el legajo de los registros oficiales de Terra­nova Inmobiliaria figura un acta de junio del 2017, en la cual consta que la pareja Ale­gre-Irún presentó un acuerdo privado y solicitó homologa­ción del juicio de disolución conyugal referido anterior­mente.

Una veintena de matricu­las de propiedades distribui­das en todo el departamento Central quedaron como exclu­siva propiedad de Myrian Gra­ciela Irún, así también un par de vehículos.

Mientras que en propiedad de Alegre quedó la suma de G. 500 millones en efectivo y que según las escrituras reci­bió al momento de suscribir el acta.
Saltaron grandes inversiones en la familia de Alegre después de que el mismo dejara el Ministerio de Obras. Algunas nunca fue­ron aclaradas, como la compra de US$ 1,6 millones de una estan­cia en la zona que une Luque-San Bernardino que registró en el 2012/2013 Sebastián Brizuela Alegre, sobrino del político.

SEPA MÁS

Desde el 2012

En este mismo año, una de las inmobiliarias experimentó un aumento de capital importante.

Aparece la casa de descanso en San Bernardino ofertada en esos tiempos en unos US$ 85 mil y que según vecinos como mínimo pudo haberse concretado en US$ 75 mil.

Así también, la mayoría de las propiedades atribuidas a la mujer fueron inscriptas desde el 2013.

Durante la sesión extraordinaria de la Cámara Alta, Irún comentó que rechazó la propuesta “indecente” planteada por Amarilla por lo que, esta fue a golpear las puertas de otras intendencias. Sin dar mayores referencias sobre el supuesto negocio ilícito, todo indica que la acusación gira alrededor de la merienda escolar, considerando los antecedentes de la senadora liberal en ese rubro.

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A la legisladora se le atribuyen millonarios contratos con el Estado en nombre del almuerzo y la merienda de los niños. Según las denuncias, a través de las empresas Pinoty y Arcángel SA, la diputada se alzó con contratos que ascienden a US$ 45 millones en la última década.

“Vos te fuiste junto a mi en la intendencia municipal en una oportunidad y qué me propusiste. Vamos a dejarnos de joder. Por qué no quise hacer negocios contigo, porque me propusiste negocios ilegales”, expresó el senador Zacarías Irún.

La llamativa revelación del legislador colorado se dio luego de que Amarilla, en su alocución, mencionara que el hijo de Javier Zacarías Irún fue “beneficiado” como funcionario de la embajada paraguaya en Reino Unido.

Ante esta acusación, el senador esteño desmintió y negó que su hijo sea funcionario diplomático en ese país y aseguró que es empleado de una empresa internacional en Londres.

“No voy permitir que una senadora que todos sabemos a qué se dedicó toda la vida, qué comercios hizo con el Estado. Ella toda la vida fue funcionaria pública. La primera funcionaria pública que tiene este Senado”, expresó para referirse hacia su colega.

De acuerdo a las declaraciones de Zacarías Irún, Celeste Amarilla durante toda su vida hizo plata gracias a las compras públicas y todo lo que hoy tiene es producto del dinero que acumuló con sus negocios irregulares.

“La que cobró siempre del Estado, de las gobernaciones, de las intendencias, de las binacionales. Quién le pagaba la merienda escolar, nosotros le pagábamos. Y el dinero y la plata que ella tiene hoy es producto de eso y de muchas irregularidades”, indicó.

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La Sala Constitucional de la Corte rechazó la acción de Alfredo Enrique Kronawetter y Carlos César Trapani en contra de la resolución que les destituyó del Consejo de la Magistratura.

Cabe recordar que el mandato de Alfredo Enrique Kronawetter en el Consejo de la Magistratura feneció en marzo del 2023, sin embargo, desde entonces busca atornillarse en el cargo pese a que el presidente Santiago Peña haya designado a la doctora Alicia Pucheta como su representante.

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En el caso de Carlos César Trapani, él figuraba como miembro suplente del Consejo de la Magistratura.

Ambos abogados actualmente ejercen la defensa legal del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el marco de la causa relacionada a las filtraciones de Seprelad.

Otra fue la posición harto sospechosa del expresidente Mario Abdo Benimítez, en defender a Patricia “hasta que se demuestre lo contrario”, no obstante la evidente responsabilidad en la apropiación indebida (robo) de dinero del contribuyente, para fines personales.

Entre los funcionarios implicados en corrupción, Patricia fue, junto a Andrés Gubetich (extitular de IPS) entre las figuras más consentidas y apoyadas por el exmandatario, a pesar de la ‘montaña’ de pruebas que consignaban culpas sobre autoridades metidas en irregularidades.

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El 21 de abril del 2020, Samudio renunció a su cargo de presidente de la petrolera estatal, después de que hasta la ‘prensa amiga’ le bajara el pulgar por su obvia responsabilidad en el ilícito. En el decreto de aceptación de renuncia, Abdo Benítez “agradeció los servicios prestados a la Nación” a la hasta ese momento funcionaria más cuestionada a la hora de hablar de corrupción.

Ahora, tres años después de aquella renuncia -y de una seguidilla de chicanas para intentar la extinción de la causa- Patricia Samudio fue condenada a prisión por la justicia que ratificó punto por punto las acusaciones publicadas y demostradas. La mujer es, de hecho, el primer caso de funcionariado de la era Abdo que recibe condena por robos en pandemia.

Las reacciones en las redes sociales a la condena de Patricia no dejaron de lado aristas jocosas. En algunos memes se aborda la pregunta de si Abdo Benítez irá al Buen Pastor a visitar a la más “consentida” de sus amigas de los tiempos de la buena vida (y para muchos poca vergüenza) al frente de la administración central.

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