Semanas atrás, la Federación Nacional Campesina (FNC) anun­ció su apoyo institucional a la dupla liberal Alegre-Núñez, de esta manera la Concertación logró adherir a un sector del campesinado a su proyecto político para las elecciones de abril.

Consultado al respecto, el titular del PLRA, Efraín Alegre, respondió a ABC TV que los une la lucha social referente a la tenencia de las tierras en el país.

“Yo también estoy en contra de la Ley Zavala porque, según mi visión, hay una desproporcionalidad, pero no me refiero solo a la Ley Zavala, yo creo que en el Paraguay necesitamos una paz social”, dijo el liberal.

Porqué te apoya la Federacion Campesina ? "PORQUE YO TAMBIEN Estoy en contra de la Ley Zavala que castiga las invasiones porque en Paraguay… necesitamos Paz Social" nos dice @EfrainAlegre ….. pic.twitter.com/bRhyylMnHd

— Rodriguez Tornaco Jose Luis (@tornacojoseluis) February 7, 2023

Hay que recordar que con la Ley Zavala, la invasión de tierras privadas pasó a ser un crimen y la pena para infractores aumentó de 5 a hasta 10 años de cárcel. Esta normativa había sido una propuesta de Fidel Zavala, del Partido Patria Querida, y contó con el fuerte acompañamiento del senador colorado Enrique Riera.

Ahora, Alegre se lanza contra esta iniciativa de Patria Querida, donde de por sí los ánimos ya estaban caldeados de antemano ante las discrepancias entre ambos sectores sobre diversos temas.

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La actual concejal departamental del Partido Patria Querida (PPQ) en Alto Paraná y candidata a la Junta Departamental, Sandra Miranda, había manifestado anteriormente que no apoyará al candidato presidencial de la Concertación, el liberal Efraín Alegre, por tener criterios dispares en cuanto a valores y principios, según dijo a través de una red social.

“No apoyo al candidato de la Concertación por tener una visión de Estado y de sociedad diametralmente opuesta a los valores que defiendo y que me llevaron a entrar a la política”, dijo Miranda en un tuit. Las repercusiones no tardaron en aparecer: “Estas son personas con dignidad y personalidad”, “Por fin alguien coherente y de principio en el partido PQ”, “¡Me encanta! No se ensucie con la Concertación… ¡le felicito!”, fueron algunos comentarios, según recogió el diario La Nación.

Desde el PPQ siempre mantuvieron una postura un tanto crítica hacia la figura de la Concertación encabezada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). De hecho, el propio presidente de Patria Querida, Sebastián Villarejo, sostuvo en su momento que Efraín Alegre representa a la ideología que alienta las invasiones. “Yo creo que está perjudicando a la Concertación”, refirió en el pasado el exprecandidato presidencial del acuerdo opositor.

También  la abogada y candidata a diputada del partido, Diva Riquelme, había mencionado con anterioridad que son muchos los candidatos de Patria Querida que no apoyan a la Concertación y mucho menos a Efraín Alegre.

“No estamos concertados y no acompañamos a la Concertación porque con Efraín a la cabeza no podemos hablar de garantías sobre los derechos básicos de los paraguayos. Esto teniendo en cuenta que él decide hacer tratos con personas muy cuestionadas como invasoras de tierra, etc.”, dijo, según publicó LN.

La Sala Constitucional de la Corte rechazó la acción de Alfredo Enrique Kronawetter y Carlos César Trapani en contra de la resolución que les destituyó del Consejo de la Magistratura.

Cabe recordar que el mandato de Alfredo Enrique Kronawetter en el Consejo de la Magistratura feneció en marzo del 2023, sin embargo, desde entonces busca atornillarse en el cargo pese a que el presidente Santiago Peña haya designado a la doctora Alicia Pucheta como su representante.

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En el caso de Carlos César Trapani, él figuraba como miembro suplente del Consejo de la Magistratura.

Ambos abogados actualmente ejercen la defensa legal del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el marco de la causa relacionada a las filtraciones de Seprelad.

Otra fue la posición harto sospechosa del expresidente Mario Abdo Benimítez, en defender a Patricia “hasta que se demuestre lo contrario”, no obstante la evidente responsabilidad en la apropiación indebida (robo) de dinero del contribuyente, para fines personales.

Entre los funcionarios implicados en corrupción, Patricia fue, junto a Andrés Gubetich (extitular de IPS) entre las figuras más consentidas y apoyadas por el exmandatario, a pesar de la ‘montaña’ de pruebas que consignaban culpas sobre autoridades metidas en irregularidades.

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El 21 de abril del 2020, Samudio renunció a su cargo de presidente de la petrolera estatal, después de que hasta la ‘prensa amiga’ le bajara el pulgar por su obvia responsabilidad en el ilícito. En el decreto de aceptación de renuncia, Abdo Benítez “agradeció los servicios prestados a la Nación” a la hasta ese momento funcionaria más cuestionada a la hora de hablar de corrupción.

Ahora, tres años después de aquella renuncia -y de una seguidilla de chicanas para intentar la extinción de la causa- Patricia Samudio fue condenada a prisión por la justicia que ratificó punto por punto las acusaciones publicadas y demostradas. La mujer es, de hecho, el primer caso de funcionariado de la era Abdo que recibe condena por robos en pandemia.

Las reacciones en las redes sociales a la condena de Patricia no dejaron de lado aristas jocosas. En algunos memes se aborda la pregunta de si Abdo Benítez irá al Buen Pastor a visitar a la más “consentida” de sus amigas de los tiempos de la buena vida (y para muchos poca vergüenza) al frente de la administración central.

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La Sala Constitucional de la Corte admitió la acción de inconstitucionalidad de la exsenadora Kattya González, pero no hizo lugar a la medida cautelar que solicitó de suspender los efectos de la resolución de pérdida de investidura.

Los ministros de la Corte, Víctor Ríos, Gustavo Santander y César Diesel, fueron quienes rubricaron el documento dado a conocer en la fecha.

El 14 de febrero del 2024, la Cámara de Senadores aprobó la pérdida de investidura de Kattya González, por el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.

El 27 de febrero, la exsenadora del PEN presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de su expulsión. Entre los argumentos esgrimidos figuran la falta de notificación sobre la acusación, la ausencia de plazo para la defensa, la alteración ilegítima de la composición del Senado, la defraudación de la voluntad popular.

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