Finalmente no pudo llevarse a cabo por falta de quórum la sesión extraordinaria convocada para las 13:00 de este jueves, a propuesta del diputado Ángel Paniagua, vicepresidente de la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles.

Al respecto, el diputado Pedro Alliana, presidente de la Cámara Baja, dijo a Universo 970 del Grupo Nación Media, que Ángel Paniagua realizó la convocatoria ilegal motivado por intereses económicos, pretendiendo aprobar “a tambor batiente” el proyecto de subsidio.

“Es un atropello terrible a la institucionalidad lo que hizo el vicepresidente primero, Ángel Paniagua. Una verdadera vergüenza, nunca antes visto”, mencionó Alliana.

Alliana afirmó que Paniagua no tiene las atribuciones para convocar a sesión extraordinaria, estando el presidente presente. “Él está haciendo lo que le dice el vicepresidente Hugo Velázquez”, agregó.

Referente al proyecto de subsidio, dijo que en conversación con el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, éste le manifestó que no está de acuerdo con lo aprobado en el Senado y que la iniciativa amerita una serie de modificaciones.

Sobre el punto, Alliana dijo que el Poder

Ejecutivo presenta ahora un proyecto de crédito de 400 millones de dólares, triplicando la propuesta incial. “Ese es el paquete que viene hoy, no son solamente los US $130 millones”, subrayó.

“Ellos saben que pierden estas elecciones y entonces están tratando de juntar todo lo que pueden”, aseveró Alliana.

Cabe recordar que a pedido del diputado Hugo Ramírez y de otros legisladores, el presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana, ya había convocado a una sesión extraordinaria para mañana viernes a las 7:00.

La Sala Constitucional de la Corte rechazó la acción de Alfredo Enrique Kronawetter y Carlos César Trapani en contra de la resolución que les destituyó del Consejo de la Magistratura.

Cabe recordar que el mandato de Alfredo Enrique Kronawetter en el Consejo de la Magistratura feneció en marzo del 2023, sin embargo, desde entonces busca atornillarse en el cargo pese a que el presidente Santiago Peña haya designado a la doctora Alicia Pucheta como su representante.

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En el caso de Carlos César Trapani, él figuraba como miembro suplente del Consejo de la Magistratura.

Ambos abogados actualmente ejercen la defensa legal del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el marco de la causa relacionada a las filtraciones de Seprelad.

Otra fue la posición harto sospechosa del expresidente Mario Abdo Benimítez, en defender a Patricia “hasta que se demuestre lo contrario”, no obstante la evidente responsabilidad en la apropiación indebida (robo) de dinero del contribuyente, para fines personales.

Entre los funcionarios implicados en corrupción, Patricia fue, junto a Andrés Gubetich (extitular de IPS) entre las figuras más consentidas y apoyadas por el exmandatario, a pesar de la ‘montaña’ de pruebas que consignaban culpas sobre autoridades metidas en irregularidades.

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El 21 de abril del 2020, Samudio renunció a su cargo de presidente de la petrolera estatal, después de que hasta la ‘prensa amiga’ le bajara el pulgar por su obvia responsabilidad en el ilícito. En el decreto de aceptación de renuncia, Abdo Benítez “agradeció los servicios prestados a la Nación” a la hasta ese momento funcionaria más cuestionada a la hora de hablar de corrupción.

Ahora, tres años después de aquella renuncia -y de una seguidilla de chicanas para intentar la extinción de la causa- Patricia Samudio fue condenada a prisión por la justicia que ratificó punto por punto las acusaciones publicadas y demostradas. La mujer es, de hecho, el primer caso de funcionariado de la era Abdo que recibe condena por robos en pandemia.

Las reacciones en las redes sociales a la condena de Patricia no dejaron de lado aristas jocosas. En algunos memes se aborda la pregunta de si Abdo Benítez irá al Buen Pastor a visitar a la más “consentida” de sus amigas de los tiempos de la buena vida (y para muchos poca vergüenza) al frente de la administración central.

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La Sala Constitucional de la Corte admitió la acción de inconstitucionalidad de la exsenadora Kattya González, pero no hizo lugar a la medida cautelar que solicitó de suspender los efectos de la resolución de pérdida de investidura.

Los ministros de la Corte, Víctor Ríos, Gustavo Santander y César Diesel, fueron quienes rubricaron el documento dado a conocer en la fecha.

El 14 de febrero del 2024, la Cámara de Senadores aprobó la pérdida de investidura de Kattya González, por el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.

El 27 de febrero, la exsenadora del PEN presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de su expulsión. Entre los argumentos esgrimidos figuran la falta de notificación sobre la acusación, la ausencia de plazo para la defensa, la alteración ilegítima de la composición del Senado, la defraudación de la voluntad popular.

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