Hoy jueves, La Nación y GEN expusieron cómo el legislador Miguel Cuevas aprobó facturas falsas durante su gestión como gobernador. Las pruebas fueron presentadas este jueves con entrevistas a los afectados.

Al respecto, en su intento de defensa, el congresista colorado dijo que todo forma parte de una campaña política para dejarlo mal parado. “Yo creo que esto solamente es una persecución política en mi contra. Están tratando de ensuciarme ante el pueblo y mis colegas. No creo que los investigadores sean improvisados”, aseguró en entrevista con la 970 AM.

Alegó que como gobernador tuvo el compromiso de entregar cheques a los comités de las familias campesinas, pero que estos fueron los encargados de hacer las compras y remitir a su institución las facturas correspondientes, las cuales ahora salen a la luz que estaban alteradas.

Entre las facturas que tiene la Gobernación se encuentra una que corresponde supuestamente al comercial “Báez”, que figura a nombre de Elva Arzamendia de Báez, por una compra de 40 bolsas de fertilizantes por valor de G. 10 millones. Sin embargo, esta comerciante aseguró a los periodistas investigadores que nunca hizo negocios con la gobernación y que en realidad dicha factura correspondía a una venta de productos por valor de menos de dos millones de guaraníes.

“Es cierto lo que dice esta señora, yo jamás hice negocios con la dueña del local donde se compró el producto. Nosotros entregamos en cheque a los productores y ellos son… es sencillo esto, es ir a averiguar quién efectivizó el cheque. Después ellos nos traen los recibos correspondientes por el valor del cheque que les entregamos”, indicó.

SU HOMBRE DE CONFIANZA

La investigación reveló además que era Toribio Morel quien recibía los cheques, según contó otra afectada, Mercedes Cáceres, presidenta de agrupación Kuña Aty. Justamente, el congresista Cuevas -según él mismo confirmó en esta entrevista- llevó a este hombre de confianza como su administrador en la Cámara de Diputados.

“Toribio Morel es uno de los administradores de la Cámara. Voy a ver si corresponde o no (que sea separado). La Justicia debe demostrar. Hay que preguntar y recurrir a la justicia. Voy a pedir”, dijo el político.

Pese a las pruebas defendió a su administrador, al alegar que no cree que él sea el responsable. “Esa señora me tiene que demostrar lo que está diciendo. Tiene que demostrar en la justicia, no se debe colgar nomás por una denuncia”, resaltó.

En su intento de confundir y desviar la atención, el colorado alegó que la campaña en su contra proviene del sector del presidente Horacio Cartes, por haber pasado al movimiento de Mario Abdo Benítez. Sin embargo, uno de los denunciantes es el concejal del PDP Gilberto Rufinelli, quien en declaraciones con dicha emisora, dijo que lo publicado es solo la punta del iceberg.

Este edil manifestó que en el 2014 ya había denunciado la supuesta compra irregular de productos. “Acá hay una red de prestanombres, una sociedad cómplice en este tipo de situaciones, también una parte de la prensa que hace su tarea de manera demagógica”, resaltó Rufinelli.

Sobre las declaraciones del concejal, el actual diputado dijo: “que me denuncie y vamos a ir a la justicia”. Reiteró que podrá demostrar con documentos “hoja por hoja” donde fue a parar cada guaraní de fondos públicos que pasó por su administración. “Yo fui uno de los mejores gobernadores”, comentó.

En otro momento de su descargo aseguró que el dictamen de la Contraloría demostró que no cometió irregularidades, las cuales otros medios expusieron el año pasado, como el caso de Última Hora, lo que deja constancia de su contradicción al referir que es el cartismo el que lo persigue.

Así también indicó que el Poder Judicial desestimó la denuncia en su contra, sin embargo, este jueves la propia fiscal de la causa, Sonia Pereira, explicó por qué inicialmente solicitó dicha desestimación, pero que luego pidió que se revoque para proseguir con las investigaciones, al tener conocimiento de más datos. Actualmente es un Tribunal de Apelaciones el que debe establecer cómo continúa el caso, donde el concejal de Ybycuí Ezequiel Cáceres y el abogado Marcos Estigarribia denunciaron a Cuevas por numerosas irregularidades.

LOS POZOS

Volviendo a la investigación periodística, otra irregularidad hallada tiene que ver con la empresa “El Puente”, que se encarga de hacer perforaciones y montaje de pozos artesianos. Entre los documentos que la Gobernación de Paraguarí le entregó a Kuña Aty, figura el pago de G. 40 millones para hacer el pozo. En el lugar donde se tenía que hacer la construcción, se hizo apenas una excavación, nunca se terminó la obra. No hay caños ni tanque. Por eso, el proyecto con Kuña Aty fracasó. El equipo periodístico llamó a preguntar por un presupuesto a la misma empresa y la respuesta fue contundente; todo montado, con motobomba, piola, excavación y los caños, el costo total con mano de obra incluida, no podría superar los G. 20 millones.

Sobre esta situación, Miguel Cuevas se desligó al alegar que “a esa gente se le dio la plata para cavar el pozo. Es una parte alta del cerro, lleno de piedras. Seguramente no habían llegado… pero a mí me habían dicho que sí ya tenían agua”.

FESTÍN DE CARGOS EN DIPUTADOS

Al margen de dicha investigación, Cuevas está siendo duramente cuestionado por los nombramientos que realiza desde que asumió como titular de Diputados. El último fue el de la hija de la diputada Marlene Ocampos, quien luego de dos meses de ser nombrada en el Congreso, fue designada como directora. “La señora tenía el perfil necesario y se le contrató”, dijo. Al preguntársele cuál era su perfil, respondió: “Yo dónde voy a saber a qué se dedicaba, le tienen que preguntar a ella. Le contratamos porque tiene perfil. Ya es demasiado cuestionamientos (en su contra), no sé”. Tras ser insistido, dijo: “Es abogada y me pasaron otros títulos que tiene”.

Por último comentó que se quiere instalar que será sacado del cargo, pero que es mera “politiquería”. “Es una red de difamación y calumnia que están haciendo en mi contra. Es el dueño de ese diario el que está haciendo”, puntualizó.

El senador Gustavo Leite, dijo que el acompañamiento a la anulación de la devolución de fueros a sus colegas, Hernán Rivas, Erico Galeano y Rafael Filizzola, se dio tras los dictámenes de dos connotados constitucionalistas, quienes manifestaron que el procedimiento podría ser considerado inconstitucional.

“El errar es humano y no enmendarlo sería diabólico y eso es lo que hicimos. Espero que los colegas estén a la altura de llevar adelante el desafuero de “Ali Babá” Abdo Benítez. Si no, se consumará una caída de caretas”, dijo Leite en comunicación con Universo 970 AM de Nación Media, sobre la decisión tomada en el Senado y la situación de Mario Abdo Benítez, quien hasta el momento huyó de la investigación fiscal en su contra.

Puede interesar: Aprueban declaración de emergencia por inundación en Ñeembucú

“Hay que hacer mención a la dignidad de los colegas Erico y David, ellos firmaron unas notas donde se ponían a disposición de la Justicia. Son los tipos de señales que la gente busca. Ellos están dispuestos a enfrentar la justicia, no así como el cobarde blindaje que le están dando a “Ali Babá” Abdo Benítez”, agregó Leite.

Mario Abdo Benítez soporta una imputación fiscal por los hechos punibles de: revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), inducción a un subordinado a cometer un hecho punible (art. 318 del CP), denuncia falsa (Art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP) y usurpación de funciones.

En la sesión extraordinaria de este miércoles, el oficialismo solicitó dejar sin efecto la resolución del 4 de abril pasado, cuando anularon los desafueros de Rafael Filizzola, Erico Galeano y Hernán Rivas.

El senador Derlis Maidana compartió el dictamen del abogado Marcelo Duarte, solicitado por el movimiento Honor Colorado para reconsiderar la postura.

No se reconoce a las cámaras la facultad de revertir los desafueros. El desafuero se concede en forma definitiva en relación con un caso concreto y por todo el tiempo que sea necesario para la justicia.

Noticia vinculada: Abogados denuncian a senadores que restituyeron los fueros

Este es el argumento constitucional en contra de la restitución de fueros, tras lo cual, la bancada oficialista decidió enmendar el error.

“Somos conscientes de que tomamos decisiones que, a veces son apresuradas”, admitió el senador Maidana, en representación del oficialismo.

En la víspera, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó una acción de inconstitucionalidad contra dicha resolución, debido a que los efectos de esa posición interrumpieron procesos jurídicos en curso y, por los cuales, el Congreso ya había otorgado desafueros en actos solemnes.

Nota relacionada: Fiscalía General acciona contra la restitución de fueros

El senador Hernán Rivas (ANR) presentó en la mañana de este miércoles una nota en el Senado mediante la cual solicita que se deje sin efecto la resolución a través de la cual sus colegas le habían restituido los fueros, como una medida de presión para conseguir también el desafuero del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, quien está imputado en la causa de la filtración de Seprelad.

También el congresista colorado Erico Galeano presentó por su parte otra nota para pedir que se revierta su blindaje y así pueda afrontar a la justicia.

Al respecto, el senador colorado Basilio “Bachi” Núñez informó en entrevista con la prensa que la bancada oficialista acompañará el pedido presentado por los políticos citados anteriormente.

Así también, unos integrantes de la bancada de Honor Colorado presentaron en la fecha un proyecto de resolución para que se vuelva a desaforar a Rivas, Galeano y Rafael Filizzola.

Nota relacionada: Honor Colorado analiza dejar sin efecto restitución de fueros

Este giro en el ámbito político se da luego de que la bancada colorada oficialista en el Senado haya recibido un dictamen constitucionalista en contra de la restitución de fueros. El argumento fue que los senadores tienen la potestad de quitar los fueros ante la apertura de una causa penal, pero no así de restituirlos.

En la víspera, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó una acción de inconstitucionalidad contra dicha resolución, debido a que los efectos de esa posición interrumpieron procesos jurídicos en curso y, por los cuales, el Congreso ya había otorgado desafueros en actos solemnes.