Moriz explicó al fiscal del caso que vino hasta la ciudad de Asunción para buscar recur­sos para solventar las eleccio­nes en la zona de Alto Paraná. Agregó que los responsables de su partido, entre ellos el actual titular Efraín Alegre, le hizo firmar bonos por la suma de G. 1.000 millones, pero solo se retiraron G. 500 millones.

Menciona el procesado “que se presentó la rendición de cuentas en el Tribunal Supe­rior de Justicia Electoral y nadie dijo que faltaba nin­gún documento”. Asimismo, Moriz indicó que “Premio Arce me enviaba mensajes y me pedía constantemente que le consiga facturas del mes de noviembre del 2018 por tanto monto, para poder justificar gastos de la cam­paña del PLRA, enviándome incluso el número de RUC del Partido Liberal”. Acotó que “nunca le pude conseguir las facturas que me pidió”.

Añadió: “Trabaje 18 años por el movimiento del señor Efraín Alegre, los conozco muy bien, por lo que esto que está pasando me resulta muy penoso; al señor Primo Arce, en todo momento, tra­baja como brazo derecho de Alegre, quien sabe perfecta­mente que las facturas eran para tapar seguramente algún agujero que ellos hacían con fondos del partido”.

Del mismo modo, dijo en sede fiscal que “cuando Pre­mio Arce me pedía que le con­siga facturas ya me parecía llamativo, pero cuando ocu­rren las publicaciones sobre la rendición de cuentas del par­tido, donde supuestamente a Alto Paraná se le otorgó 7 mil millones de guaraníes, nos reunimos con los diputados liberales de la zona Manuel Trinidad, Carlos Portillo y Royal Torres, así como la ex candidata a gobernadora María Portillo, a quienes ofrezco como testigo”, relató el dirigente liberal. Con esta declaración de Moriz, se com­plica aún más la situación procesal del actual titular del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre.

HOY COMPARECE

Para las 9:00 de este mar­tes 16, el imputado Efraín Alegre deberá comparecer ante la jueza penal de garan­tías, Cynthia Lovera, para la audiencia de imposición de medidas cautelares. El Minis­terio Público solicitó medidas alternativas a la prisión que será analizada por la citada magistrada.

Cabe recordar que la magis­trada Lovera dio finalmente luz verde a la imputación en contra de Alegre por el caso de la factura adulte­rada por la compra de com­bustible. El fiscal Édgar Sán­chez lo imputó el pasado 1 de junio, y a dos dirigentes “azu­les”, Pascual Benítez y Luis Moriz, por la producción de documentos no auténti­cos, producción mediata de documentos públicos de con­tenido falso y uso de docu­mentos públicos de conte­nido falso. La jueza había devuelto el 2 de junio la car­peta a la Fiscalía para que formule mejor imputación. Cumplido este requisito, se fijó audiencia de imposición de medidas para hoy.

Durante la sesión extraordinaria de la Cámara Alta, Irún comentó que rechazó la propuesta “indecente” planteada por Amarilla por lo que, esta fue a golpear las puertas de otras intendencias. Sin dar mayores referencias sobre el supuesto negocio ilícito, todo indica que la acusación gira alrededor de la merienda escolar, considerando los antecedentes de la senadora liberal en ese rubro.

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A la legisladora se le atribuyen millonarios contratos con el Estado en nombre del almuerzo y la merienda de los niños. Según las denuncias, a través de las empresas Pinoty y Arcángel SA, la diputada se alzó con contratos que ascienden a US$ 45 millones en la última década.

“Vos te fuiste junto a mi en la intendencia municipal en una oportunidad y qué me propusiste. Vamos a dejarnos de joder. Por qué no quise hacer negocios contigo, porque me propusiste negocios ilegales”, expresó el senador Zacarías Irún.

La llamativa revelación del legislador colorado se dio luego de que Amarilla, en su alocución, mencionara que el hijo de Javier Zacarías Irún fue “beneficiado” como funcionario de la embajada paraguaya en Reino Unido.

Ante esta acusación, el senador esteño desmintió y negó que su hijo sea funcionario diplomático en ese país y aseguró que es empleado de una empresa internacional en Londres.

“No voy permitir que una senadora que todos sabemos a qué se dedicó toda la vida, qué comercios hizo con el Estado. Ella toda la vida fue funcionaria pública. La primera funcionaria pública que tiene este Senado”, expresó para referirse hacia su colega.

De acuerdo a las declaraciones de Zacarías Irún, Celeste Amarilla durante toda su vida hizo plata gracias a las compras públicas y todo lo que hoy tiene es producto del dinero que acumuló con sus negocios irregulares.

“La que cobró siempre del Estado, de las gobernaciones, de las intendencias, de las binacionales. Quién le pagaba la merienda escolar, nosotros le pagábamos. Y el dinero y la plata que ella tiene hoy es producto de eso y de muchas irregularidades”, indicó.

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La Sala Constitucional de la Corte rechazó la acción de Alfredo Enrique Kronawetter y Carlos César Trapani en contra de la resolución que les destituyó del Consejo de la Magistratura.

Cabe recordar que el mandato de Alfredo Enrique Kronawetter en el Consejo de la Magistratura feneció en marzo del 2023, sin embargo, desde entonces busca atornillarse en el cargo pese a que el presidente Santiago Peña haya designado a la doctora Alicia Pucheta como su representante.

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En el caso de Carlos César Trapani, él figuraba como miembro suplente del Consejo de la Magistratura.

Ambos abogados actualmente ejercen la defensa legal del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el marco de la causa relacionada a las filtraciones de Seprelad.

Otra fue la posición harto sospechosa del expresidente Mario Abdo Benimítez, en defender a Patricia “hasta que se demuestre lo contrario”, no obstante la evidente responsabilidad en la apropiación indebida (robo) de dinero del contribuyente, para fines personales.

Entre los funcionarios implicados en corrupción, Patricia fue, junto a Andrés Gubetich (extitular de IPS) entre las figuras más consentidas y apoyadas por el exmandatario, a pesar de la ‘montaña’ de pruebas que consignaban culpas sobre autoridades metidas en irregularidades.

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El 21 de abril del 2020, Samudio renunció a su cargo de presidente de la petrolera estatal, después de que hasta la ‘prensa amiga’ le bajara el pulgar por su obvia responsabilidad en el ilícito. En el decreto de aceptación de renuncia, Abdo Benítez “agradeció los servicios prestados a la Nación” a la hasta ese momento funcionaria más cuestionada a la hora de hablar de corrupción.

Ahora, tres años después de aquella renuncia -y de una seguidilla de chicanas para intentar la extinción de la causa- Patricia Samudio fue condenada a prisión por la justicia que ratificó punto por punto las acusaciones publicadas y demostradas. La mujer es, de hecho, el primer caso de funcionariado de la era Abdo que recibe condena por robos en pandemia.

Las reacciones en las redes sociales a la condena de Patricia no dejaron de lado aristas jocosas. En algunos memes se aborda la pregunta de si Abdo Benítez irá al Buen Pastor a visitar a la más “consentida” de sus amigas de los tiempos de la buena vida (y para muchos poca vergüenza) al frente de la administración central.

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