• Por Lourdes Pintos
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La Dirección Nacio­nal de Correos del Paraguay (Dinacopa) miente al afirmar que la ase­sora jurídica Delia Noemí Guerrero ingresó al ente ya después de que su marido Ronald Ariel Díaz haya sido contratado como proveedor del servicio de transporte de valores de la institución.

A través de documentaciones a los que accedió La Nación, se puede comprobar que la mujer está en la Dinacopa ya desde el mes de julio del año pasado (2018), ya que formó parte del equipo de transi­ción con el que arrancó la nueva administración del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez.

En ese entonces, era otra la empresa encargada del tras­lado de dinero de una entidad a otra. Recién a inicios del mes de setiembre se realizaron los cambios y fue adjudicada la firma RD Consultora Adua­nera, cuyo propietario es nada menos que el esposo de la ase­sora. Por ende, resulta prácti­camente imposible que la con­tratación se haya dado antes del ingreso de su mujer al ente.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la dirección general de la Dina­copa días pasados salió al paso de la investigación publicada por este medio, en la que se denuncia que el marido de la funcionaria en cuestión fue beneficiado con el millonario contrato, sin haberse hecho un concurso para su contratación.

Al respecto, el documento manifiesta que “la abogada Delia Guerrero, esposa del señor Ronald Ariel Díaz, actual asesora jurídica de nuestra institución, no for­maba parte del plantel de funcionarios de la Dina­copa, ni siquiera era funcio­naria pública al momento de la contratación de la firma RD”. Pero existe una resolución que contradice estas afirmaciones.

Se trata de la Resolución Nº 782, del 18 de julio del 2018. Este documento hace refe­rencia al Decreto Presiden­cial Nº 9.020 del 4 de junio de ese mismo año, por el cual se crea el equipo de transición a fin de realizar las tareas con­cernientes al corte y traspaso administrativo en las insti­tuciones dependientes del Poder Ejecutivo y se desig­nan coordinadores. En la lista de nombres de los integran­tes del equipo, aparece ya la actual asesora jurídica Delia Noemí Guerrero.

Si bien es cierto que el nom­bramiento de Guerrero se dio recién tres meses des­pués, el 21 de octubre de ese año, con la aparición de estos documentos incluso aumenta la sospecha de un posible intento de encubrimiento de las irregularidades denuncia­das por este medio por parte de las autoridades de la insti­tución, cuyo director es Luis Fernando Servín.

IRREGULARIDADES

Una de las irregularidades detectadas en la Dinacopa es precisamente la contra­tación de Ronald Díaz para prestar el servicio de trans­porte de caudales de la Dirección de Correos. Si bien es cierto que la Ley 2.051 “De Contrataciones Públicas” excluye del llamado a licita­ción las contrataciones de transporte de correo inter­nacional y las de transporte interno de correo, el artículo 21, inciso f, solo menciona a estos dos servicios, no así a la contratación del servicio de transporte de valores.

Además, la Ley 1.626/2000 “De la Función Pública”, en su artículo 60, inciso h, clara­mente prohíbe al funcionario público “intervenir directa­mente, por interpósita per­sona o por actos simulados, en la obtención de concesiones del Estado o de cualquier pri­vilegio por parte del mismo, que importe beneficio propio o de terceros”; en este caso, el beneficiado es el marido de Delia Guerrero, la asesora jurídica de la Dinacopa.

Durante la sesión extraordinaria de la Cámara Alta, Irún comentó que rechazó la propuesta “indecente” planteada por Amarilla por lo que, esta fue a golpear las puertas de otras intendencias. Sin dar mayores referencias sobre el supuesto negocio ilícito, todo indica que la acusación gira alrededor de la merienda escolar, considerando los antecedentes de la senadora liberal en ese rubro.

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A la legisladora se le atribuyen millonarios contratos con el Estado en nombre del almuerzo y la merienda de los niños. Según las denuncias, a través de las empresas Pinoty y Arcángel SA, la diputada se alzó con contratos que ascienden a US$ 45 millones en la última década.

“Vos te fuiste junto a mi en la intendencia municipal en una oportunidad y qué me propusiste. Vamos a dejarnos de joder. Por qué no quise hacer negocios contigo, porque me propusiste negocios ilegales”, expresó el senador Zacarías Irún.

La llamativa revelación del legislador colorado se dio luego de que Amarilla, en su alocución, mencionara que el hijo de Javier Zacarías Irún fue “beneficiado” como funcionario de la embajada paraguaya en Reino Unido.

Ante esta acusación, el senador esteño desmintió y negó que su hijo sea funcionario diplomático en ese país y aseguró que es empleado de una empresa internacional en Londres.

“No voy permitir que una senadora que todos sabemos a qué se dedicó toda la vida, qué comercios hizo con el Estado. Ella toda la vida fue funcionaria pública. La primera funcionaria pública que tiene este Senado”, expresó para referirse hacia su colega.

De acuerdo a las declaraciones de Zacarías Irún, Celeste Amarilla durante toda su vida hizo plata gracias a las compras públicas y todo lo que hoy tiene es producto del dinero que acumuló con sus negocios irregulares.

“La que cobró siempre del Estado, de las gobernaciones, de las intendencias, de las binacionales. Quién le pagaba la merienda escolar, nosotros le pagábamos. Y el dinero y la plata que ella tiene hoy es producto de eso y de muchas irregularidades”, indicó.

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La Sala Constitucional de la Corte rechazó la acción de Alfredo Enrique Kronawetter y Carlos César Trapani en contra de la resolución que les destituyó del Consejo de la Magistratura.

Cabe recordar que el mandato de Alfredo Enrique Kronawetter en el Consejo de la Magistratura feneció en marzo del 2023, sin embargo, desde entonces busca atornillarse en el cargo pese a que el presidente Santiago Peña haya designado a la doctora Alicia Pucheta como su representante.

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En el caso de Carlos César Trapani, él figuraba como miembro suplente del Consejo de la Magistratura.

Ambos abogados actualmente ejercen la defensa legal del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el marco de la causa relacionada a las filtraciones de Seprelad.

Otra fue la posición harto sospechosa del expresidente Mario Abdo Benimítez, en defender a Patricia “hasta que se demuestre lo contrario”, no obstante la evidente responsabilidad en la apropiación indebida (robo) de dinero del contribuyente, para fines personales.

Entre los funcionarios implicados en corrupción, Patricia fue, junto a Andrés Gubetich (extitular de IPS) entre las figuras más consentidas y apoyadas por el exmandatario, a pesar de la ‘montaña’ de pruebas que consignaban culpas sobre autoridades metidas en irregularidades.

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El 21 de abril del 2020, Samudio renunció a su cargo de presidente de la petrolera estatal, después de que hasta la ‘prensa amiga’ le bajara el pulgar por su obvia responsabilidad en el ilícito. En el decreto de aceptación de renuncia, Abdo Benítez “agradeció los servicios prestados a la Nación” a la hasta ese momento funcionaria más cuestionada a la hora de hablar de corrupción.

Ahora, tres años después de aquella renuncia -y de una seguidilla de chicanas para intentar la extinción de la causa- Patricia Samudio fue condenada a prisión por la justicia que ratificó punto por punto las acusaciones publicadas y demostradas. La mujer es, de hecho, el primer caso de funcionariado de la era Abdo que recibe condena por robos en pandemia.

Las reacciones en las redes sociales a la condena de Patricia no dejaron de lado aristas jocosas. En algunos memes se aborda la pregunta de si Abdo Benítez irá al Buen Pastor a visitar a la más “consentida” de sus amigas de los tiempos de la buena vida (y para muchos poca vergüenza) al frente de la administración central.

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