Silvio “Beto” Ovelar, presidente del Congreso, fue abordado por los periodistas sobre el caso de Antonio Ibáñez, padre del exdiputado José María Ibáñez, quien hace unos días fue nombrado como asesor en Itaipú Binacional, pese a tener antecedentes por la venta irregular de carne a la Policía Nacional cuando se desempeñaba como ministro de Agricultura y Ganadería.

Al respecto, evitó emitir una opinión formal alegando que “una alta funcionaria es su patrona (esposa)”, refiriéndose a Iris Magnolia Mendoza, quien también fue recientemente nombrada como directora jurídica de la entidad binacional por el nuevo director paraguayo, José Alberto Alderete.

“Hoy vivimos un tiempo en el que las exigencias son muy grandes y con una sociedad muy informada lógicamente quien ocupe un cargo, sea permanente o transitorio, debe rendir cuentas de manera casi sistemática de su actuar”, afirmó el parlamentario colorado.

Al ser consultado por qué se elige a figuras políticas con antecedentes judiciales, Ovelar afirmó que “muchas veces en un proyecto político tenemos que dar una oportunidad a aquellos que nos han acompañado”, dando cuenta de que varios nombramientos y designaciones, como el caso de Ibáñez, corresponden a cupos políticos.

Asimismo, el senador admitió que efectivamente hay favores políticos que cumplir. “Muchas veces uno debe ser consecuente con la nucleación política que le permitió acceder al cargo, de ahí a que los hombres elegidos agraden o no ya es otra cuestión”, expresó a los medios de prensa.

Sobre este mismo punto, acotó que “en todo el mundo los partidos que llegan al gobierno llevan a hombres que están identificados con ese proyecto”.

“El Partido Colorado es un partido policlasista y amplio que tiene referentes en todos los niveles. En el caso específico del doctor Ibáñez es un hombre que es conocido por su formación en el campo agropecuario, los cuestionamientos que vinieron después cuando fue ministro no han llegado al grado de una sentencia judicial”, manifestó Silvio Ovelar, aunque dijo que con eso no pretende justificar su nombramiento alegando que “para las designaciones que hoy se están haciendo es lógico que se busque a actores políticos que se identificaron con Mario Abdo Benítez”.

El mismo considera que el presidente Mario Abdo Benítez desde un principio no se presentó como “un santo inmaculado” y no cree que tenga un doble discurso porque ya se había comprometido a privilegiar la meritocracia, dando a entender que el jefe de Estado puede cometer errores como cualquier persona. “Como gobernante, merece tener un tiempo de gracia para demostrar que sus acciones son consecuentes con su discurso de campaña”, puntualizó.

Durante la sesión extraordinaria de la Cámara Alta, Irún comentó que rechazó la propuesta “indecente” planteada por Amarilla por lo que, esta fue a golpear las puertas de otras intendencias. Sin dar mayores referencias sobre el supuesto negocio ilícito, todo indica que la acusación gira alrededor de la merienda escolar, considerando los antecedentes de la senadora liberal en ese rubro.

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A la legisladora se le atribuyen millonarios contratos con el Estado en nombre del almuerzo y la merienda de los niños. Según las denuncias, a través de las empresas Pinoty y Arcángel SA, la diputada se alzó con contratos que ascienden a US$ 45 millones en la última década.

“Vos te fuiste junto a mi en la intendencia municipal en una oportunidad y qué me propusiste. Vamos a dejarnos de joder. Por qué no quise hacer negocios contigo, porque me propusiste negocios ilegales”, expresó el senador Zacarías Irún.

La llamativa revelación del legislador colorado se dio luego de que Amarilla, en su alocución, mencionara que el hijo de Javier Zacarías Irún fue “beneficiado” como funcionario de la embajada paraguaya en Reino Unido.

Ante esta acusación, el senador esteño desmintió y negó que su hijo sea funcionario diplomático en ese país y aseguró que es empleado de una empresa internacional en Londres.

“No voy permitir que una senadora que todos sabemos a qué se dedicó toda la vida, qué comercios hizo con el Estado. Ella toda la vida fue funcionaria pública. La primera funcionaria pública que tiene este Senado”, expresó para referirse hacia su colega.

De acuerdo a las declaraciones de Zacarías Irún, Celeste Amarilla durante toda su vida hizo plata gracias a las compras públicas y todo lo que hoy tiene es producto del dinero que acumuló con sus negocios irregulares.

“La que cobró siempre del Estado, de las gobernaciones, de las intendencias, de las binacionales. Quién le pagaba la merienda escolar, nosotros le pagábamos. Y el dinero y la plata que ella tiene hoy es producto de eso y de muchas irregularidades”, indicó.

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La Sala Constitucional de la Corte rechazó la acción de Alfredo Enrique Kronawetter y Carlos César Trapani en contra de la resolución que les destituyó del Consejo de la Magistratura.

Cabe recordar que el mandato de Alfredo Enrique Kronawetter en el Consejo de la Magistratura feneció en marzo del 2023, sin embargo, desde entonces busca atornillarse en el cargo pese a que el presidente Santiago Peña haya designado a la doctora Alicia Pucheta como su representante.

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En el caso de Carlos César Trapani, él figuraba como miembro suplente del Consejo de la Magistratura.

Ambos abogados actualmente ejercen la defensa legal del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el marco de la causa relacionada a las filtraciones de Seprelad.

Otra fue la posición harto sospechosa del expresidente Mario Abdo Benimítez, en defender a Patricia “hasta que se demuestre lo contrario”, no obstante la evidente responsabilidad en la apropiación indebida (robo) de dinero del contribuyente, para fines personales.

Entre los funcionarios implicados en corrupción, Patricia fue, junto a Andrés Gubetich (extitular de IPS) entre las figuras más consentidas y apoyadas por el exmandatario, a pesar de la ‘montaña’ de pruebas que consignaban culpas sobre autoridades metidas en irregularidades.

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El 21 de abril del 2020, Samudio renunció a su cargo de presidente de la petrolera estatal, después de que hasta la ‘prensa amiga’ le bajara el pulgar por su obvia responsabilidad en el ilícito. En el decreto de aceptación de renuncia, Abdo Benítez “agradeció los servicios prestados a la Nación” a la hasta ese momento funcionaria más cuestionada a la hora de hablar de corrupción.

Ahora, tres años después de aquella renuncia -y de una seguidilla de chicanas para intentar la extinción de la causa- Patricia Samudio fue condenada a prisión por la justicia que ratificó punto por punto las acusaciones publicadas y demostradas. La mujer es, de hecho, el primer caso de funcionariado de la era Abdo que recibe condena por robos en pandemia.

Las reacciones en las redes sociales a la condena de Patricia no dejaron de lado aristas jocosas. En algunos memes se aborda la pregunta de si Abdo Benítez irá al Buen Pastor a visitar a la más “consentida” de sus amigas de los tiempos de la buena vida (y para muchos poca vergüenza) al frente de la administración central.

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