Por sus 34 años de actividad parlamentaria, que concluirán este 1 de julio, ya que no se volvió a candidatar, Juan Carlos Galaverna compartió una multitudinaria cena con sus correligionarios y amigos, para, al mismo tiempo, celebrar la victoria en las últimas elecciones.

“Con más de 50 años de gestión política, no me salvé de la ansiedad de la recta final de la campaña, la misma ansiedad de hace 50 años”, confesó Calé Galaverna, en una entrevista con radio Universo 970 AM, enfatizando que, solamente abandonará la vida parlamentaria, no así, la política.

Sobre los desafíos más inmediatos que tendrá el Gobierno electo, refirió que, hacer que el dinero llegue al bolsillo de la gente es lo más urgente. Que la macroeconomía sea bien complementada y hasta superada por la microeconomía. “Con platita en el bolsillo, la gente es más motivada, más estimulada y más comprometida con el trabajo”, afirmó.

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En cuanto a la transición y la expectativa de encontrar las arcas en condiciones sólidas, rememoró que, muchos recuerdan cuando Nicanor recibió el Gobierno de González Macchi con la caja vacía, sin embargo, pocos mencionan que Horacio Cartes asumió en una situación mucho peor.

En cuanto a la conformación de bancada para el nuevo periodo que inicia el 1 de julio, Calé detalló que, el estatuto partidario establece claramente que, culminadas las internas, los movimientos desaparecen.

La Sala Constitucional de la Corte rechazó la acción de Alfredo Enrique Kronawetter y Carlos César Trapani en contra de la resolución que les destituyó del Consejo de la Magistratura.

Cabe recordar que el mandato de Alfredo Enrique Kronawetter en el Consejo de la Magistratura feneció en marzo del 2023, sin embargo, desde entonces busca atornillarse en el cargo pese a que el presidente Santiago Peña haya designado a la doctora Alicia Pucheta como su representante.

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En el caso de Carlos César Trapani, él figuraba como miembro suplente del Consejo de la Magistratura.

Ambos abogados actualmente ejercen la defensa legal del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el marco de la causa relacionada a las filtraciones de Seprelad.

Otra fue la posición harto sospechosa del expresidente Mario Abdo Benimítez, en defender a Patricia “hasta que se demuestre lo contrario”, no obstante la evidente responsabilidad en la apropiación indebida (robo) de dinero del contribuyente, para fines personales.

Entre los funcionarios implicados en corrupción, Patricia fue, junto a Andrés Gubetich (extitular de IPS) entre las figuras más consentidas y apoyadas por el exmandatario, a pesar de la ‘montaña’ de pruebas que consignaban culpas sobre autoridades metidas en irregularidades.

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El 21 de abril del 2020, Samudio renunció a su cargo de presidente de la petrolera estatal, después de que hasta la ‘prensa amiga’ le bajara el pulgar por su obvia responsabilidad en el ilícito. En el decreto de aceptación de renuncia, Abdo Benítez “agradeció los servicios prestados a la Nación” a la hasta ese momento funcionaria más cuestionada a la hora de hablar de corrupción.

Ahora, tres años después de aquella renuncia -y de una seguidilla de chicanas para intentar la extinción de la causa- Patricia Samudio fue condenada a prisión por la justicia que ratificó punto por punto las acusaciones publicadas y demostradas. La mujer es, de hecho, el primer caso de funcionariado de la era Abdo que recibe condena por robos en pandemia.

Las reacciones en las redes sociales a la condena de Patricia no dejaron de lado aristas jocosas. En algunos memes se aborda la pregunta de si Abdo Benítez irá al Buen Pastor a visitar a la más “consentida” de sus amigas de los tiempos de la buena vida (y para muchos poca vergüenza) al frente de la administración central.

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La Sala Constitucional de la Corte admitió la acción de inconstitucionalidad de la exsenadora Kattya González, pero no hizo lugar a la medida cautelar que solicitó de suspender los efectos de la resolución de pérdida de investidura.

Los ministros de la Corte, Víctor Ríos, Gustavo Santander y César Diesel, fueron quienes rubricaron el documento dado a conocer en la fecha.

El 14 de febrero del 2024, la Cámara de Senadores aprobó la pérdida de investidura de Kattya González, por el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.

El 27 de febrero, la exsenadora del PEN presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de su expulsión. Entre los argumentos esgrimidos figuran la falta de notificación sobre la acusación, la ausencia de plazo para la defensa, la alteración ilegítima de la composición del Senado, la defraudación de la voluntad popular.

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