Según el exfiscal Latorre, Lugo invocó un reglamento interno del año 1968, en el cual no existía el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la proclamación le correspondía al Parlamento.

“La primera impresión que tengo es que Fernando Lugo hizo un curso rápido online con su colega Maduro y lo ha igualado y hasta superado en el manual de quebrantamiento constitucional”, dijo Latorre en conversación con la 970 AM.

En cuanto a la convocatoria de Mirta Gusinky en reemplazo de Nicanor Duarte Frutos y de Rodolfo Friedman en lugar de Horacio Cartes, Latorre afirmó que Lugo usurpó funciones que no le competen, pues los dos fueron candidatos pero nunca llegaron a ser electos, por lo tanto, no les corresponde asumir.

¿HACER CORRER LA LISTA?

El exfiscal recordó que la Constitución Nacional prevé hacer correr la lista en dos situaciones: una por causas temporales y otra por causas definitivas.

Esto solamente se da cuando antes del juramento se presenta: la muerte, la inhabilidad o la renuncia al cargo de senador por parte de los que fueron proclamados. Si ninguno de estos hechos se da, entonces surge una imposibilidad “provisoria”.

“Se está diciendo que hay una incompatibilidad, que en el caso de Horacio Cartes cesaría el 15 de agosto próximo cuando fenezca su mandato presidencial”, expresó Latorre.

En cuanto a Nicanor Duarte Frutos, quien recurrirá al TSJE, opinó que está en su legítimo derecho pues la única instancia a la que le corresponde resolver la proclamación es precisamente la Justicia Electoral.

Latorre resaltó que nadie atacó la resolución del TSJE que proclama senadores a todos los electos en los comicios pasados, incluyendo Nicanor y Cartes, por lo que este documento es el que vale y rige.

Durante la sesión extraordinaria de la Cámara Alta, Irún comentó que rechazó la propuesta “indecente” planteada por Amarilla por lo que, esta fue a golpear las puertas de otras intendencias. Sin dar mayores referencias sobre el supuesto negocio ilícito, todo indica que la acusación gira alrededor de la merienda escolar, considerando los antecedentes de la senadora liberal en ese rubro.

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A la legisladora se le atribuyen millonarios contratos con el Estado en nombre del almuerzo y la merienda de los niños. Según las denuncias, a través de las empresas Pinoty y Arcángel SA, la diputada se alzó con contratos que ascienden a US$ 45 millones en la última década.

“Vos te fuiste junto a mi en la intendencia municipal en una oportunidad y qué me propusiste. Vamos a dejarnos de joder. Por qué no quise hacer negocios contigo, porque me propusiste negocios ilegales”, expresó el senador Zacarías Irún.

La llamativa revelación del legislador colorado se dio luego de que Amarilla, en su alocución, mencionara que el hijo de Javier Zacarías Irún fue “beneficiado” como funcionario de la embajada paraguaya en Reino Unido.

Ante esta acusación, el senador esteño desmintió y negó que su hijo sea funcionario diplomático en ese país y aseguró que es empleado de una empresa internacional en Londres.

“No voy permitir que una senadora que todos sabemos a qué se dedicó toda la vida, qué comercios hizo con el Estado. Ella toda la vida fue funcionaria pública. La primera funcionaria pública que tiene este Senado”, expresó para referirse hacia su colega.

De acuerdo a las declaraciones de Zacarías Irún, Celeste Amarilla durante toda su vida hizo plata gracias a las compras públicas y todo lo que hoy tiene es producto del dinero que acumuló con sus negocios irregulares.

“La que cobró siempre del Estado, de las gobernaciones, de las intendencias, de las binacionales. Quién le pagaba la merienda escolar, nosotros le pagábamos. Y el dinero y la plata que ella tiene hoy es producto de eso y de muchas irregularidades”, indicó.

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La Sala Constitucional de la Corte rechazó la acción de Alfredo Enrique Kronawetter y Carlos César Trapani en contra de la resolución que les destituyó del Consejo de la Magistratura.

Cabe recordar que el mandato de Alfredo Enrique Kronawetter en el Consejo de la Magistratura feneció en marzo del 2023, sin embargo, desde entonces busca atornillarse en el cargo pese a que el presidente Santiago Peña haya designado a la doctora Alicia Pucheta como su representante.

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En el caso de Carlos César Trapani, él figuraba como miembro suplente del Consejo de la Magistratura.

Ambos abogados actualmente ejercen la defensa legal del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el marco de la causa relacionada a las filtraciones de Seprelad.

Otra fue la posición harto sospechosa del expresidente Mario Abdo Benimítez, en defender a Patricia “hasta que se demuestre lo contrario”, no obstante la evidente responsabilidad en la apropiación indebida (robo) de dinero del contribuyente, para fines personales.

Entre los funcionarios implicados en corrupción, Patricia fue, junto a Andrés Gubetich (extitular de IPS) entre las figuras más consentidas y apoyadas por el exmandatario, a pesar de la ‘montaña’ de pruebas que consignaban culpas sobre autoridades metidas en irregularidades.

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El 21 de abril del 2020, Samudio renunció a su cargo de presidente de la petrolera estatal, después de que hasta la ‘prensa amiga’ le bajara el pulgar por su obvia responsabilidad en el ilícito. En el decreto de aceptación de renuncia, Abdo Benítez “agradeció los servicios prestados a la Nación” a la hasta ese momento funcionaria más cuestionada a la hora de hablar de corrupción.

Ahora, tres años después de aquella renuncia -y de una seguidilla de chicanas para intentar la extinción de la causa- Patricia Samudio fue condenada a prisión por la justicia que ratificó punto por punto las acusaciones publicadas y demostradas. La mujer es, de hecho, el primer caso de funcionariado de la era Abdo que recibe condena por robos en pandemia.

Las reacciones en las redes sociales a la condena de Patricia no dejaron de lado aristas jocosas. En algunos memes se aborda la pregunta de si Abdo Benítez irá al Buen Pastor a visitar a la más “consentida” de sus amigas de los tiempos de la buena vida (y para muchos poca vergüenza) al frente de la administración central.

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