Federico Franco al asumir la presidencia nombró a sus correligionarios en Ministerios claves, donde prácticamente “rapiñaron” las arcas del Estado. En poco más de un año se llevaron los bolsillos con dinero y también acumularon procesos penales algunos hasta hoy siguen y otros terminaron en condenas.

Rubén Darío Quesnel

El gran “botín de guerra” de los liberales fue el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) donde se nombró a Rubén Darío Quesnel, quien en menos de un año vendió de manera irregular 25 mil hectáreas de tierras indígenas ubicadas en la ciudad de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, que era el asiento de 19 familias de la parcialidad Ayoreo, por este caso el ex director fue condenado a seis años de prisión en el 2015

Otro proceso abierto contra Quesnel fue el desvío de G. 3.127 millones que se le dio al INDI para la compra de tierras para las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa en el Chaco, pero el dinero nunca se usó para eso, es más desapareció en su totalidad, sin embargo en un video del Banco Nacional de Fomento (BNF) se vio como el mismo Rubén Quesnel fue a retirar el dinero en ventanilla. En este proceso Quesnel fue condenado a 10 años de prisión en agosto de 2018, junto a su ex administradora Marlene Mendoza, condenada a seis años de prisión y tres funcionarios más. Actualmente Rubén Darío Quesnel sigue preso.

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Luis Ortigoza

Otro ministro de Federico Franco que en breve paso acumuló procesos judiciales fueron Luis Ortigoza, quien estuvo al frente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) desde el 29 de junio de 2012 hasta el 14 de abril de 2013, pero en esos 10 meses causó millonarios daños patrimoniales al Estado y se le formaron cuatro procesos penales.

La primera por la compra de 5.000 hectáreas de tierras en el departamento de Cordillera de la firma San Agustín por G. 48.000 mil millones, el escándalo también salpicó al ex senador Jorge Oviedo Matto.  y al ex diputado liberal Milcidades Duré.

El segundo proceso contra Ortigoza fue por la venta irregular de 52.000 hectáreas de tierras en Alto Paraguay que derivó en un desfalco al Estado de G. 1.5.381.715.000.

El tercer proceso fue por la venta irregular de tierras de la Reserva del Mbaracayú generando un perjuicio de G. 40.000 mil millones.

El cuarto proceso y tal vez el más absurdo de todos fue que Luis Ortigoza le adjudicó 10 hectáreas de tierras en Capitán Bado a un ciudadano árabe de nombre Ali Hetem, por G. 5.119.323, pero resultó ser que en esas tierras estaba asentado el aeropuerto de Capitán Bado. Literalmente el ex presidente del Indert vendió el aeropuerto de la ciudad. Hasta el año pasado Ortigoza seguía chicaneando sus procesos, estuvo por casi ocho años prófugo y en todos los casos los otros imputados ya fueron condenados.

La justicia complaciente siempre ayudó a Ortigoza para no afrontar sus causas.

Enzo Cardozo y Rody Godoy

Finalmente se llega a los procesos abiertos contra los ex ministros Enzo Cardozo y Rody Godoy, quienes estuvieron al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el segundo reemplazó al primero en un lapso de 11 meses.

A ambos se le abrieron dos procesos, el primero fue por un desvío de G. 68.000 mil millones que debía ir a la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp), pero el dinero desapareció, gracias a las chicanas por casi diez años el caso no avanzó, la Corte Suprema de Justicia, “cajoneó” por años el expediente, hasta que hoy finalmente ambos ex ministros fueron condenados.

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Cardozo a 10 años, Godoy a siete años y la ex administradora de ambos Maristela Azuaga a 10 años, el Tribunal de Sentencia les revocó las medidas alternativas a la prisión y ordenó su remisión a la cárcel de Tacumbú y al Buen Pastor la mujer.

A parte de este caso Cardozo, Godoy y Azuaga, tienen otro proceso que vienen chicaneando también para evitar llegar a juicio oral y es por el desvío de G. 3.700 mil millones que tenían que ser repartidos a través de los proyectos del Programa Nacional de Fomento Pecuario (Pronafope). El dinero nunca llegó y los responsables directos son estas tres personas.

Enzo Cardozo y Rody Godoy se volvieron millonarios con dinero del Estado.

Enrique Salyn Buzarquis

Otro ministro de Franco, procesado fue el liberal efrainista Enrique Salyn Buzarquis, quien fue titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que firmó un contrato con una empresa italiana para realizar trabajos de muestra de suelo en el departamento de Ñeembucú que nunca se hicieron, pero se pagó el dinero. Por esto fue procesado por lesión de confianza y usurpación de funciones, ya que en su calidad de ministro no estaba autorizado a firmar contratos en representación del Estado.

Enrique Salyn Buzarquis con chicanas logró evitar un juicio en su contra.

Pero Buzarquis, mostró una “habilidad quirúrgica” para presentar chicanas y lograr estirar los plazos procesales al punto de hacer prescribir el proceso en su contra. Gracias a una justicia cómplice también se le dio una mano al político liberal quien no llegó a juicio oral y de esa forma nunca se pudo recuperar los US$ 600.000 que se pagó por un trabajo a una empresa extranjera.

Pese a que todos estos ministros nombrados por Federico Franco, el ex presidente nunca fue procesado y se “jubiló” como político, ya no apareció en actos públicos y hoy explota su rol de “periodista” en un canal de televisión.

La cosecha de soja presenta un pronóstico favorable, con probabilidades de un importante ingreso de divisas, pese a las condiciones climáticas adversas (sequía) afectaron el rendimiento de ciertos cultivos en el periodo reciente.

Además, las proyecciones del crecimiento del del PIB para el 2024 se mantienen en el 3,8 %, según el último informe de Política Monetaria del Banco Central del Paraguay

“En Paraguay tenemos que emitir una señal muy firme para ese circulante de dinero no sea solamente una cuestión estacional o directamente relacionada a la compra de divisas para poder exportar o importar”, opinó el abogado y economista Víctor Pavón, en un análisis hecho en el estudio del canal Gen-Nación Media.

☀#ArribaHoy | La macroeconomía y el desarrollo: "No es tan fácil a veces de hacer entender, cuando hay intentos populistas como recientemente lo hemos visto", @victorzpavon, abogado y economista.

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— Universo 970 AM (@Universo970py) April 18, 2024

Lo que se observa, a criterio del analista, es una campaña de desprestigio que viene a partir de ciertos slogans por los cuales, todo lo que hace el Gobierno está mal, con lo cual, se envían señales negativas a los mercados internacionales.

“Hay un intento populista por ponerle palos a la rueda, a la estabilidad macroeconómica”, afirmó.

Por otro lado, en lo relacionado a la inflación, se estima que llegaría al 4 % a finales del 2024, considerando que no se prevén grandes desbalances en factores relevantes para la inflación doméstica, tanto internos como externos.

Durante el tratamiento en el Senado al planteamiento de revocar la devolución de fueros a Erico Galeano (ANR), Hernán Rivas (ANR) y Rafael Filizzola (País Solidario), y de esta manera ponerlos a libre disposición de la Justicia, surgieron voces, como la de Blanca Ovelar (ANR), abogando por la reincorporación de la exlegisladora Kattya González (PEN).

Consultado por la prensa, el liberal Dionisio Amarilla, quien fue el principal articulador para echar a su colega opositora de la Cámara Alta, rechazó por completo la posibilidad de revertir lo resuelto. “Si ayer nomás corregíamos bajo el argumento de que no está previsto el re-fuero del desafuero, ¿vamos a re-investir al que perdió la investidura?”, cuestionó.

El congresista instó a hacer un ejercicio maduro, sensato e inteligente, y que sume y no reste, dejando de lado temas como la vuelta de Kattya al Senado, al no estar prevista esta figura en la Ley. A su parecer, se debe esperar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, donde la exsenadora accionó en contra su expulsión.

Por otro lado, Amarilla calificó de un gesto patriótico, de madurez y para instaurar la paz la decisión de revertir la devolución de fueros. “Se revisó el caso y se corrigió, eso forma parte de la ecuación que los legisladores pueden hacer. Si las leyes se modifican o se suprimen, por qué no podría hacerse lo mismo con una resolución”, esgrimió.

Finalmente dijo que no rehuirá de una investigación fiscal ante la denuncia presentada por un grupo de abogados contra los legisladores que habían devuelto los fueros, ya que posee argumentos para sostener la posición inicial cuando votó por la devolución de fueros.

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“Me pidió el dictamen un cliente mío, una persona que está muy ligada a la empresa y esta situación de incertidumbre afecta el comercio, la industria, entonces, para saber dónde estaban parados”, reveló el abogado Marcelo Duarte, a quien se le encargó el dictamen que posteriormente utilizó la bancada de Honor Colorado para anular la restitución de fueros a tres senadores.

A su criterio, esta situación estaba generando un deterioro, pues, pareciera que el Ejecutivo encara un tipo de trabajo, mientras que, su mayoría del Congreso (ANR) está jugando con otras estrategias que lo perjudican.

El derecho público tiene sus reglas, una de las principales es que, las autoridades pueden hacer solamente lo que las normas les permiten, sea la Constitución o la ley, acotó.

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“La Constitución Nacional determina expresamente qué funcionarios tiene fueros y establece por qué y cómo se les retiran los fueros, no se les puede retirar porque a uno se le ocurre, sino dentro del marco que la CN establece, es decir, para su investigación dentro del proceso penal”, indicó Duarte, en un contacto con Abc TV.

El Congreso, sea en la Cámara de Diputados o en la Senadores, puede retirarle los fueros a una persona para que sea procesada dentro de una investigación penal, pero no es atribución del Congreso otorgarle fueros a nadie. Está en la Constitución Nacional. No está en la facultad devolverle los fueros.

NO HAY HECHO PUNIBLE, SÍ ACTOS REPROCHABLES

Para Marcelo Duarte es reprochable el que hayan cometido un error de esta naturaleza, y también políticamente censurable, pero para aplicarle una sanción penal tiene que estar expresamente el tipo penal en el Código, algo que no se da en este caso.

“Si vamos a librar a la interpretación de turno que hoy puede ser una, mañana otra, entonces no hay seguridad jurídica”, afirmó. El jurista no ve cómo encajar esto en el marco penal sin forzar alguna figura.

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