¿Fue válida la sesión de la Junta Municipal de Ciudad del Este en la que siete concejales aceptaron la renuncia de Sandra McLeod y designaron en su reemplazo a Celso Miranda? ¿Qué respuesta dará la Justicia Electoral a la acción de nulidad contra dicha sesión presentada por los ediles en minoría?

Estas dos incógnitas dan lugar a una nueva pregunta. ¿Se precipitó la Cámara de Diputados al destituir a Sandra McLeod sin tener la confirmación del TSJE sobre la validez de la aceptación de la renuncia?

Para el exasesor del TSJE, Carlos María Ljubetic, la Cámara Baja tomó una decisión apresurada y hasta se convirtió en un órgano jurisdiccional, adjudicándose una atribución que no le corresponde.

“¿Qué pasa ahora si el juez dice que tienen razón los miembros de la Junta? , si dice que se reunieron correctamente y aceptaron la renuncia de la intendenta, la Cámara de por sí con su resolución declaró nulo lo actuado por los concejales”,

Por su parte, el titular de la Comisión Permanente del Congreso, Antonio Buzarquis, explicó que la Cámara Baja consideraba todavía intendenta a Sandra McLeod hasta ayer, teniendo en cuenta que la sesión en la que aceptaron su renuncia fue judicializada.

De ser válido este proceder, el siguiente paso es que el TSJE convoque a comicios en un plazo máximo de 90 días, a fin de elegir al intendente que completará lo que resta de mandato.

Buzarquis trajo a colación el artículo 10 de la ley especial de intervenciones, que estipula que la Junta Municipal debe designar a un interino de producirse una destitución. Además, en caso de que persista la crisis y no consigan sesionar, se declarará la desintegración de la Junta, en cuya situación la Cámara Baja tendrá la potestad de colocar a un interino.

Al respecto, el exdiputado Óscar González Drakefor, quien trabajó intensamente en la ley de intervención, explicó a nuestra redacción que el presidente de la Junta Municipal debe convocar la sesión para elegir a un interino por 90 días

“Kelembu claramente no es intendente, porque la sesión no se hizo con los pasos correspondientes, existen reglamentos, violentaron la ley, para cambiar una mesa directiva se requiere de una mayoría absoluta de 8 de los 12 miembros, tampoco tuvieron esa mayoría y el lugar de la convocatoria, todo se hizo mal”, afirmó.

Añadió que Sandra McLeod se presentó a la sesión extraordinaria de ayer para presentar su descargo y lo hizo en su carácter de intendenta, confirmando así que continuaba en el cargo.

LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

El artículo 165 de la Constitución Nacional establece que los departamentos y municipalidad podrán ser intervenidos por el Ejecutivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados en los siguientes casos:

1. a solicitud de la junta departamental o de la municipal, por decisión de la mayoría absoluta;
2. por desintegración de la junta departamental o de la municipal, que imposibilite su funcionamiento, y
3. por grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República.

En el caso de darse el inciso tres, la Cámara de Diputados podrá, por mayoría absoluta, destituir al intendente, debiendo el TSJE convocar a nuevos comicios para sustituir a las autoridades que hayan cesado en sus funciones dentro de los 90 días siguientes a la resolución.

La cosecha de soja presenta un pronóstico favorable, con probabilidades de un importante ingreso de divisas, pese a las condiciones climáticas adversas (sequía) afectaron el rendimiento de ciertos cultivos en el periodo reciente.

Además, las proyecciones del crecimiento del del PIB para el 2024 se mantienen en el 3,8 %, según el último informe de Política Monetaria del Banco Central del Paraguay

“En Paraguay tenemos que emitir una señal muy firme para ese circulante de dinero no sea solamente una cuestión estacional o directamente relacionada a la compra de divisas para poder exportar o importar”, opinó el abogado y economista Víctor Pavón, en un análisis hecho en el estudio del canal Gen-Nación Media.

☀#ArribaHoy | La macroeconomía y el desarrollo: "No es tan fácil a veces de hacer entender, cuando hay intentos populistas como recientemente lo hemos visto", @victorzpavon, abogado y economista.

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— Universo 970 AM (@Universo970py) April 18, 2024

Lo que se observa, a criterio del analista, es una campaña de desprestigio que viene a partir de ciertos slogans por los cuales, todo lo que hace el Gobierno está mal, con lo cual, se envían señales negativas a los mercados internacionales.

“Hay un intento populista por ponerle palos a la rueda, a la estabilidad macroeconómica”, afirmó.

Por otro lado, en lo relacionado a la inflación, se estima que llegaría al 4 % a finales del 2024, considerando que no se prevén grandes desbalances en factores relevantes para la inflación doméstica, tanto internos como externos.

Durante el tratamiento en el Senado al planteamiento de revocar la devolución de fueros a Erico Galeano (ANR), Hernán Rivas (ANR) y Rafael Filizzola (País Solidario), y de esta manera ponerlos a libre disposición de la Justicia, surgieron voces, como la de Blanca Ovelar (ANR), abogando por la reincorporación de la exlegisladora Kattya González (PEN).

Consultado por la prensa, el liberal Dionisio Amarilla, quien fue el principal articulador para echar a su colega opositora de la Cámara Alta, rechazó por completo la posibilidad de revertir lo resuelto. “Si ayer nomás corregíamos bajo el argumento de que no está previsto el re-fuero del desafuero, ¿vamos a re-investir al que perdió la investidura?”, cuestionó.

El congresista instó a hacer un ejercicio maduro, sensato e inteligente, y que sume y no reste, dejando de lado temas como la vuelta de Kattya al Senado, al no estar prevista esta figura en la Ley. A su parecer, se debe esperar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, donde la exsenadora accionó en contra su expulsión.

Por otro lado, Amarilla calificó de un gesto patriótico, de madurez y para instaurar la paz la decisión de revertir la devolución de fueros. “Se revisó el caso y se corrigió, eso forma parte de la ecuación que los legisladores pueden hacer. Si las leyes se modifican o se suprimen, por qué no podría hacerse lo mismo con una resolución”, esgrimió.

Finalmente dijo que no rehuirá de una investigación fiscal ante la denuncia presentada por un grupo de abogados contra los legisladores que habían devuelto los fueros, ya que posee argumentos para sostener la posición inicial cuando votó por la devolución de fueros.

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“Me pidió el dictamen un cliente mío, una persona que está muy ligada a la empresa y esta situación de incertidumbre afecta el comercio, la industria, entonces, para saber dónde estaban parados”, reveló el abogado Marcelo Duarte, a quien se le encargó el dictamen que posteriormente utilizó la bancada de Honor Colorado para anular la restitución de fueros a tres senadores.

A su criterio, esta situación estaba generando un deterioro, pues, pareciera que el Ejecutivo encara un tipo de trabajo, mientras que, su mayoría del Congreso (ANR) está jugando con otras estrategias que lo perjudican.

El derecho público tiene sus reglas, una de las principales es que, las autoridades pueden hacer solamente lo que las normas les permiten, sea la Constitución o la ley, acotó.

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“La Constitución Nacional determina expresamente qué funcionarios tiene fueros y establece por qué y cómo se les retiran los fueros, no se les puede retirar porque a uno se le ocurre, sino dentro del marco que la CN establece, es decir, para su investigación dentro del proceso penal”, indicó Duarte, en un contacto con Abc TV.

El Congreso, sea en la Cámara de Diputados o en la Senadores, puede retirarle los fueros a una persona para que sea procesada dentro de una investigación penal, pero no es atribución del Congreso otorgarle fueros a nadie. Está en la Constitución Nacional. No está en la facultad devolverle los fueros.

NO HAY HECHO PUNIBLE, SÍ ACTOS REPROCHABLES

Para Marcelo Duarte es reprochable el que hayan cometido un error de esta naturaleza, y también políticamente censurable, pero para aplicarle una sanción penal tiene que estar expresamente el tipo penal en el Código, algo que no se da en este caso.

“Si vamos a librar a la interpretación de turno que hoy puede ser una, mañana otra, entonces no hay seguridad jurídica”, afirmó. El jurista no ve cómo encajar esto en el marco penal sin forzar alguna figura.

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