Ya en varias ocasiones anteriores, Duarte fue acusado de que dentro de la Conatel se llevaban a cabo persecuciones políticas, más específicamente en contra de funcionarios que no apoyaban las candidaturas y las actividades realizadas por los candidatos del movimiento en el cual milita y que finalmente eran despedidos de manera irregular.

En esta ocasión, sin embargo, se revela otra arista, tras el cruzamiento del padrón electoral de la seccional número 3 y el listado de funcionarios de la Conatel, se vio la coincidencia de una gran cantidad de trabajadores que también serían parte de la lista de votantes de la seccional que Duarte busca presidir.

Entre los nombres que incluyen esta lista se encuentran también miembros de la junta de la Conatel, como por ejemplo el del director Richar Estanislao Gómez Caballero y la directora María Digna Roa Rojas; lo alarmante dentro de este listado es la calidad de funcionario permanente con el cual cuentan más de 25 personas, quienes en conjunto cobrarían 281.149.962 millones de guaraníes, y cuyos despidos se encuentran prácticamente blindados.

A la lista de empleados de la entidad que también están empadronados en la seccional número 3 se suman 12 con la denominación de funcionarios contratados que juntos ganan 53.658.545 millones de guaraníes y más de 37 funcionaros en calidad de pasantes y comisionados que cobran en concepto de sueldos un total de 80.499.384 millones de Guaraníes.

Estos datos dejan una fuerte sospecha en contra de Juan Carlos Duarte Duré y la manera en que ofrecería cargos dentro de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a cambio del apoyo político y los votos para conseguir su elección como presidente de seccional en las próximas elecciones.

Durante la sesión extraordinaria de la Cámara Alta, Irún comentó que rechazó la propuesta “indecente” planteada por Amarilla por lo que, esta fue a golpear las puertas de otras intendencias. Sin dar mayores referencias sobre el supuesto negocio ilícito, todo indica que la acusación gira alrededor de la merienda escolar, considerando los antecedentes de la senadora liberal en ese rubro.

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A la legisladora se le atribuyen millonarios contratos con el Estado en nombre del almuerzo y la merienda de los niños. Según las denuncias, a través de las empresas Pinoty y Arcángel SA, la diputada se alzó con contratos que ascienden a US$ 45 millones en la última década.

“Vos te fuiste junto a mi en la intendencia municipal en una oportunidad y qué me propusiste. Vamos a dejarnos de joder. Por qué no quise hacer negocios contigo, porque me propusiste negocios ilegales”, expresó el senador Zacarías Irún.

La llamativa revelación del legislador colorado se dio luego de que Amarilla, en su alocución, mencionara que el hijo de Javier Zacarías Irún fue “beneficiado” como funcionario de la embajada paraguaya en Reino Unido.

Ante esta acusación, el senador esteño desmintió y negó que su hijo sea funcionario diplomático en ese país y aseguró que es empleado de una empresa internacional en Londres.

“No voy permitir que una senadora que todos sabemos a qué se dedicó toda la vida, qué comercios hizo con el Estado. Ella toda la vida fue funcionaria pública. La primera funcionaria pública que tiene este Senado”, expresó para referirse hacia su colega.

De acuerdo a las declaraciones de Zacarías Irún, Celeste Amarilla durante toda su vida hizo plata gracias a las compras públicas y todo lo que hoy tiene es producto del dinero que acumuló con sus negocios irregulares.

“La que cobró siempre del Estado, de las gobernaciones, de las intendencias, de las binacionales. Quién le pagaba la merienda escolar, nosotros le pagábamos. Y el dinero y la plata que ella tiene hoy es producto de eso y de muchas irregularidades”, indicó.

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La Sala Constitucional de la Corte rechazó la acción de Alfredo Enrique Kronawetter y Carlos César Trapani en contra de la resolución que les destituyó del Consejo de la Magistratura.

Cabe recordar que el mandato de Alfredo Enrique Kronawetter en el Consejo de la Magistratura feneció en marzo del 2023, sin embargo, desde entonces busca atornillarse en el cargo pese a que el presidente Santiago Peña haya designado a la doctora Alicia Pucheta como su representante.

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En el caso de Carlos César Trapani, él figuraba como miembro suplente del Consejo de la Magistratura.

Ambos abogados actualmente ejercen la defensa legal del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el marco de la causa relacionada a las filtraciones de Seprelad.

Otra fue la posición harto sospechosa del expresidente Mario Abdo Benimítez, en defender a Patricia “hasta que se demuestre lo contrario”, no obstante la evidente responsabilidad en la apropiación indebida (robo) de dinero del contribuyente, para fines personales.

Entre los funcionarios implicados en corrupción, Patricia fue, junto a Andrés Gubetich (extitular de IPS) entre las figuras más consentidas y apoyadas por el exmandatario, a pesar de la ‘montaña’ de pruebas que consignaban culpas sobre autoridades metidas en irregularidades.

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El 21 de abril del 2020, Samudio renunció a su cargo de presidente de la petrolera estatal, después de que hasta la ‘prensa amiga’ le bajara el pulgar por su obvia responsabilidad en el ilícito. En el decreto de aceptación de renuncia, Abdo Benítez “agradeció los servicios prestados a la Nación” a la hasta ese momento funcionaria más cuestionada a la hora de hablar de corrupción.

Ahora, tres años después de aquella renuncia -y de una seguidilla de chicanas para intentar la extinción de la causa- Patricia Samudio fue condenada a prisión por la justicia que ratificó punto por punto las acusaciones publicadas y demostradas. La mujer es, de hecho, el primer caso de funcionariado de la era Abdo que recibe condena por robos en pandemia.

Las reacciones en las redes sociales a la condena de Patricia no dejaron de lado aristas jocosas. En algunos memes se aborda la pregunta de si Abdo Benítez irá al Buen Pastor a visitar a la más “consentida” de sus amigas de los tiempos de la buena vida (y para muchos poca vergüenza) al frente de la administración central.

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