El director de financiamiento del TSJE, Christian Ruiz, fue consultado acerca de la autorización que debe dar la Justicia Electoral a las ONG’s Alma Cívica y Decidamos, para participar como observadoras de los comicios.

“Resolución no tenemos todavía, pero como Comisión de Elecciones elevamos dictamen respecto a las dos y eso está en manos de los ministros. Tienen que expedirse hoy”, expresó Ruiz, en una entrevista con radio Universo- Nación Media.

Respecto al contenido del documento enviado a los ministros, Ruiz confirmó que “el dictamen es por el rechazo”.

Los ministros de la Justicia Electoral deben expedirse hoy viernes al respecto, para determinar si estas organizaciones no gubernamentales podrán participar o no como observadoras, tal como lo solicitan.

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En un primer intento, ambas rebotaron, pues el TSJE les requirió documentaciones que aseguren la neutralidad y la imparcialidad, como parte de un mecanismo que se aplica a todos los organismos que pretendan ser observadores.

“Faltaron documentos que creemos son indispensables para determinar la neutralidad, a una le solicitamos el acta de asamblea por la cual se designó al último consejo directivo, porque no puede estar integrada por candidatos, a otra le consultamos qué tipo de actividades piensan realizar el día de las elecciones, entre ellas, la transmisión de resultados preliminares”, comentó Ruiz Díaz.

Integrantes y “voluntarios” de Alma Cívica, ONG de la Concertación, se pasan haciendo publicaciones en redes sociales, con campañas en contra de la ANR y a favor de Efraín Alegre. Para muestra, algunas capturas:

Fernando Maidana, coordinador de programa de ONG creada por Soledad Núñez y que es financiado por PNUD, pide votar por la Concertación.

Selene Rodríguez, beneficiaria de proyectos de empresa de Defelippe, fanática de la Concertación y observadora electoral de Alma Cívica.

Los observadores solamente pueden tomar nota y hacer recomendaciones, las cuales, no son vinculantes. Sin embargo, no pueden practicar el proselitismo ni intervenir en la mesa receptora de votos ni inmiscuirse en actividades exclusivas de los agentes electorales.

La Sala Constitucional de la Corte rechazó la acción de Alfredo Enrique Kronawetter y Carlos César Trapani en contra de la resolución que les destituyó del Consejo de la Magistratura.

Cabe recordar que el mandato de Alfredo Enrique Kronawetter en el Consejo de la Magistratura feneció en marzo del 2023, sin embargo, desde entonces busca atornillarse en el cargo pese a que el presidente Santiago Peña haya designado a la doctora Alicia Pucheta como su representante.

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En el caso de Carlos César Trapani, él figuraba como miembro suplente del Consejo de la Magistratura.

Ambos abogados actualmente ejercen la defensa legal del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el marco de la causa relacionada a las filtraciones de Seprelad.

Otra fue la posición harto sospechosa del expresidente Mario Abdo Benimítez, en defender a Patricia “hasta que se demuestre lo contrario”, no obstante la evidente responsabilidad en la apropiación indebida (robo) de dinero del contribuyente, para fines personales.

Entre los funcionarios implicados en corrupción, Patricia fue, junto a Andrés Gubetich (extitular de IPS) entre las figuras más consentidas y apoyadas por el exmandatario, a pesar de la ‘montaña’ de pruebas que consignaban culpas sobre autoridades metidas en irregularidades.

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El 21 de abril del 2020, Samudio renunció a su cargo de presidente de la petrolera estatal, después de que hasta la ‘prensa amiga’ le bajara el pulgar por su obvia responsabilidad en el ilícito. En el decreto de aceptación de renuncia, Abdo Benítez “agradeció los servicios prestados a la Nación” a la hasta ese momento funcionaria más cuestionada a la hora de hablar de corrupción.

Ahora, tres años después de aquella renuncia -y de una seguidilla de chicanas para intentar la extinción de la causa- Patricia Samudio fue condenada a prisión por la justicia que ratificó punto por punto las acusaciones publicadas y demostradas. La mujer es, de hecho, el primer caso de funcionariado de la era Abdo que recibe condena por robos en pandemia.

Las reacciones en las redes sociales a la condena de Patricia no dejaron de lado aristas jocosas. En algunos memes se aborda la pregunta de si Abdo Benítez irá al Buen Pastor a visitar a la más “consentida” de sus amigas de los tiempos de la buena vida (y para muchos poca vergüenza) al frente de la administración central.

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La Sala Constitucional de la Corte admitió la acción de inconstitucionalidad de la exsenadora Kattya González, pero no hizo lugar a la medida cautelar que solicitó de suspender los efectos de la resolución de pérdida de investidura.

Los ministros de la Corte, Víctor Ríos, Gustavo Santander y César Diesel, fueron quienes rubricaron el documento dado a conocer en la fecha.

El 14 de febrero del 2024, la Cámara de Senadores aprobó la pérdida de investidura de Kattya González, por el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.

El 27 de febrero, la exsenadora del PEN presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de su expulsión. Entre los argumentos esgrimidos figuran la falta de notificación sobre la acusación, la ausencia de plazo para la defensa, la alteración ilegítima de la composición del Senado, la defraudación de la voluntad popular.

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