En charla con los medios de prensa, el diputado Ulises Quintana indicó que lo metieron preso por 10 meses tras haber anunciado su candidatura y que ahora, tras recuperar su libertad ambulatoria, verá la posibilidad de vuelta de presentar su propuesta electoral.

El congresista dijo que posee una limitación que le impide salir de la capital del país, por lo que planteará posteriormente un levantamiento de la medida restrictiva de libertad, para poder ir a CDE a conversar con las bases partidarias de la ANR.

“Tengo que dialogar con los gremios, con la gente de la calle, dirigentes, y saber la posición que tengo, si cuento con apoyo popular, para plantear mi candidatura a intendente, porque no tengo impedimentos. Yo creo que sí tengo el acompañamiento popular”, refirió.

En otro momento comentó que hace más de un año que no conversa con el presidente Mario Abdo y aseguró que desconoce si sigue existiendo el movimiento Colorado Añetete ya que no lo siente más. “No vemos el acompañamiento a la dirigencia de liderazgo de Mario Abdo hacia las personas que les llevaron al poder. Se sienten huérfanos. Mario Abdo llegó al poder gracias a la gente humilde que le dio su voto, de aquel pynandy”, argumentó.

No obstante, dijo que tiene buen relacionamiento con sus compañeros de Colorado Añetete en Diputados y prometió su voto a favor del Gobierno para que el país pueda salir adelante de esta crisis actual. Reconoció que sí dialoga con Honor Colorado, bloque donde tiene muchos amigos, según resaltó, pero no quiso confirmar si se pasará de bando.

Así también, de vuelta mencionó que es víctima de un “terrorismo fiscal” y que demostrará su inocencia ante la justicia. “Fui un preso político en una era democrática y eso no puede seguir siendo. Ni en la época de Stroessner había tantas persecuciones como existe en este momento. No sé quiénes están detrás de esto”, indicó.

La Cámara de Apelaciones decretó la libertad ambulatoria del Diputado Ulises Quintana (ANR). El político fue imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Estuvo 10 meses en la cárcel militar de Viñas Cué.

Durante la sesión extraordinaria de la Cámara Alta, Irún comentó que rechazó la propuesta “indecente” planteada por Amarilla por lo que, esta fue a golpear las puertas de otras intendencias. Sin dar mayores referencias sobre el supuesto negocio ilícito, todo indica que la acusación gira alrededor de la merienda escolar, considerando los antecedentes de la senadora liberal en ese rubro.

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A la legisladora se le atribuyen millonarios contratos con el Estado en nombre del almuerzo y la merienda de los niños. Según las denuncias, a través de las empresas Pinoty y Arcángel SA, la diputada se alzó con contratos que ascienden a US$ 45 millones en la última década.

“Vos te fuiste junto a mi en la intendencia municipal en una oportunidad y qué me propusiste. Vamos a dejarnos de joder. Por qué no quise hacer negocios contigo, porque me propusiste negocios ilegales”, expresó el senador Zacarías Irún.

La llamativa revelación del legislador colorado se dio luego de que Amarilla, en su alocución, mencionara que el hijo de Javier Zacarías Irún fue “beneficiado” como funcionario de la embajada paraguaya en Reino Unido.

Ante esta acusación, el senador esteño desmintió y negó que su hijo sea funcionario diplomático en ese país y aseguró que es empleado de una empresa internacional en Londres.

“No voy permitir que una senadora que todos sabemos a qué se dedicó toda la vida, qué comercios hizo con el Estado. Ella toda la vida fue funcionaria pública. La primera funcionaria pública que tiene este Senado”, expresó para referirse hacia su colega.

De acuerdo a las declaraciones de Zacarías Irún, Celeste Amarilla durante toda su vida hizo plata gracias a las compras públicas y todo lo que hoy tiene es producto del dinero que acumuló con sus negocios irregulares.

“La que cobró siempre del Estado, de las gobernaciones, de las intendencias, de las binacionales. Quién le pagaba la merienda escolar, nosotros le pagábamos. Y el dinero y la plata que ella tiene hoy es producto de eso y de muchas irregularidades”, indicó.

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La Sala Constitucional de la Corte rechazó la acción de Alfredo Enrique Kronawetter y Carlos César Trapani en contra de la resolución que les destituyó del Consejo de la Magistratura.

Cabe recordar que el mandato de Alfredo Enrique Kronawetter en el Consejo de la Magistratura feneció en marzo del 2023, sin embargo, desde entonces busca atornillarse en el cargo pese a que el presidente Santiago Peña haya designado a la doctora Alicia Pucheta como su representante.

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En el caso de Carlos César Trapani, él figuraba como miembro suplente del Consejo de la Magistratura.

Ambos abogados actualmente ejercen la defensa legal del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el marco de la causa relacionada a las filtraciones de Seprelad.

Otra fue la posición harto sospechosa del expresidente Mario Abdo Benimítez, en defender a Patricia “hasta que se demuestre lo contrario”, no obstante la evidente responsabilidad en la apropiación indebida (robo) de dinero del contribuyente, para fines personales.

Entre los funcionarios implicados en corrupción, Patricia fue, junto a Andrés Gubetich (extitular de IPS) entre las figuras más consentidas y apoyadas por el exmandatario, a pesar de la ‘montaña’ de pruebas que consignaban culpas sobre autoridades metidas en irregularidades.

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El 21 de abril del 2020, Samudio renunció a su cargo de presidente de la petrolera estatal, después de que hasta la ‘prensa amiga’ le bajara el pulgar por su obvia responsabilidad en el ilícito. En el decreto de aceptación de renuncia, Abdo Benítez “agradeció los servicios prestados a la Nación” a la hasta ese momento funcionaria más cuestionada a la hora de hablar de corrupción.

Ahora, tres años después de aquella renuncia -y de una seguidilla de chicanas para intentar la extinción de la causa- Patricia Samudio fue condenada a prisión por la justicia que ratificó punto por punto las acusaciones publicadas y demostradas. La mujer es, de hecho, el primer caso de funcionariado de la era Abdo que recibe condena por robos en pandemia.

Las reacciones en las redes sociales a la condena de Patricia no dejaron de lado aristas jocosas. En algunos memes se aborda la pregunta de si Abdo Benítez irá al Buen Pastor a visitar a la más “consentida” de sus amigas de los tiempos de la buena vida (y para muchos poca vergüenza) al frente de la administración central.

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