En entrevista con Radio Uno, Arévalo fue consultado sobre la situación en la Cámara de Senadores tras la suspensión por 60 días sin goce de sueldo del senador Paraguayo Cubas.

Al respecto, manifestó que en la ocasión anterior cuando se produjo la salida del exsenador Jorge Oviedo Matto (UNACE), el cupo debía ser ocupado por la ANR, pero a raíz de lo que catalogó como “una maniobra desde la oposición” finalmente dicha banca fue ocupada por el PLRA con la figura de Abel González.

“Ayer en pasillos estaban diciendo que ahora le correspondía de nuevo al Partido Liberal. Eso ya es una situación ilegal, en este caso le corresponde al Partido Colorado”, refirió el exconcejal asunceno, reafirmando su postura sobre este tema.

Arévalo sostuvo que desde la bancada de la ANR en el Senado afirmaron que ya no van a permitir que un representante de otro partido político ocupe la vacancia dejada por “Payo” Cubas.

Dentro de la danza de nombres se maneja como probable reemplazante a Arnaldo Franco, quien fuera secretario privado del expresidente Horacio Cartes, aunque desde la oposición también existe una abierta intención de pujar por dicha banca. El Frente Guasu buscará incorporar a Miguel “Kencho” Rodríguez, mientras que el PLRA hará lo propio con Eusebio Ramón Ayala. Por su parte, el Partido Democrático Progresista (PDP) insistirá con su candidato Edgar Giménez.

El senador colorado no descartó que, en caso de que exista un nuevo conflicto por la definición del suplente y se intente interpretar la cuestión de otra manera dentro de la Cámara Alta, el asunto pueda llegar a instancias judiciales.

También coincide con este argumento el exasesor de la Justicia Electoral Carlos María Ljubetic.

La Sala Constitucional de la Corte rechazó la acción de Alfredo Enrique Kronawetter y Carlos César Trapani en contra de la resolución que les destituyó del Consejo de la Magistratura.

Cabe recordar que el mandato de Alfredo Enrique Kronawetter en el Consejo de la Magistratura feneció en marzo del 2023, sin embargo, desde entonces busca atornillarse en el cargo pese a que el presidente Santiago Peña haya designado a la doctora Alicia Pucheta como su representante.

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En el caso de Carlos César Trapani, él figuraba como miembro suplente del Consejo de la Magistratura.

Ambos abogados actualmente ejercen la defensa legal del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el marco de la causa relacionada a las filtraciones de Seprelad.

Otra fue la posición harto sospechosa del expresidente Mario Abdo Benimítez, en defender a Patricia “hasta que se demuestre lo contrario”, no obstante la evidente responsabilidad en la apropiación indebida (robo) de dinero del contribuyente, para fines personales.

Entre los funcionarios implicados en corrupción, Patricia fue, junto a Andrés Gubetich (extitular de IPS) entre las figuras más consentidas y apoyadas por el exmandatario, a pesar de la ‘montaña’ de pruebas que consignaban culpas sobre autoridades metidas en irregularidades.

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El 21 de abril del 2020, Samudio renunció a su cargo de presidente de la petrolera estatal, después de que hasta la ‘prensa amiga’ le bajara el pulgar por su obvia responsabilidad en el ilícito. En el decreto de aceptación de renuncia, Abdo Benítez “agradeció los servicios prestados a la Nación” a la hasta ese momento funcionaria más cuestionada a la hora de hablar de corrupción.

Ahora, tres años después de aquella renuncia -y de una seguidilla de chicanas para intentar la extinción de la causa- Patricia Samudio fue condenada a prisión por la justicia que ratificó punto por punto las acusaciones publicadas y demostradas. La mujer es, de hecho, el primer caso de funcionariado de la era Abdo que recibe condena por robos en pandemia.

Las reacciones en las redes sociales a la condena de Patricia no dejaron de lado aristas jocosas. En algunos memes se aborda la pregunta de si Abdo Benítez irá al Buen Pastor a visitar a la más “consentida” de sus amigas de los tiempos de la buena vida (y para muchos poca vergüenza) al frente de la administración central.

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La Sala Constitucional de la Corte admitió la acción de inconstitucionalidad de la exsenadora Kattya González, pero no hizo lugar a la medida cautelar que solicitó de suspender los efectos de la resolución de pérdida de investidura.

Los ministros de la Corte, Víctor Ríos, Gustavo Santander y César Diesel, fueron quienes rubricaron el documento dado a conocer en la fecha.

El 14 de febrero del 2024, la Cámara de Senadores aprobó la pérdida de investidura de Kattya González, por el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.

El 27 de febrero, la exsenadora del PEN presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de su expulsión. Entre los argumentos esgrimidos figuran la falta de notificación sobre la acusación, la ausencia de plazo para la defensa, la alteración ilegítima de la composición del Senado, la defraudación de la voluntad popular.

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