Días atrás se dio a conocer la información de que Reinaldo Cabaña, detenido por ser sindicado como líder de una organización criminal vinculada al narcotráfico en Alto Paraná, había brindado apoyo en materia logística a la candidatura del diputado Ulises Quintana (ANR).

Así también, se confirmó que el propio parlamentario se encontraba utilizando una lujosa camioneta Toyota Land Cruiser que estaba a nombre de Cabaña, situación que levantó las sospechas por el posible vínculo del político altoparanaense con el capo narco detenido.

La situación generó una controversia importante en el entorno político, sobre todo en carpas coloradas, a raíz de que una persona que está vinculada al mundo del tráfico de drogas realizó un aporte para una campaña electoral, cosa que teóricamente está prohibida.

Actualmente se encuentra vigente la Ley N° 4.743 “Que regula el financiamiento político” y que tiene por objeto regular la actividad financiera de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales, evitando que se reciban aportes provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico o el lavado de dinero. La misma solo contempla un control para las elecciones generales, no así en las internas partidarias, lo cual permite que en las instancias primarias circulen recursos sin ningún tipo de restricción.

La diputada Rocío Vallejo (PQ) confirmó a la 970 AM que ya existe un proyecto de ley que modifica el Art. 64 de la Ley 4.743 y que establece que en las elecciones internas los partidos políticos lleven un registro de los ingresos y gastos. La propuesta ya fue sancionada en el Congreso y se encuentra pendiente de aprobación en el Ejecutivo.

La parlamentaria sostuvo que se debe ver si es que, al hacer su rendición de cuentas, los partidos y movimientos “reflejan la realidad de los gastos que realizan”, por ello abogó por realizar una investigación para confirmar “si lo que dice un candidato o partido condice con los gastos que vemos en la vida pública”.

Vallejo sostuvo que se debería revisar nuevamente el proyecto de ley aprobado en el Congreso para ver si es que contempla que una persona sospechada de tener vínculos con actividades ilícitas (como el narcotráfico) puede ser aportante en las campañas electorales, esto atendiendo a que en la propuesta original del Senado se establecía que únicamente una persona condenada no puede aportar a campañas, no así una acusada por delitos graves vinculados al crimen organizado.

“Hay que buscar un mecanismo con el que se deje de mentir sobre la financiación, lógicamente que la campaña más fuerte de los partidos tradicionales se da en las internas y no precisamente en las generales, es ahí donde hay que controlar con mayor énfasis”, afirmó en otra entrevista con la 730 AM.

Un caso es el intendente esteño Miguel Prieto, quien anunció que se postula para la puja, y que acordó con Payo Cubas un esquema para definir quién se baja de la carrera, para apoyar al otro, conforme a la cantidad de votos que recoja cada uno (pujarán por concejalías de CDE) en las municipales del 2026.

El jefe comunal de Ciudad del Este lanzó guiños para otros dos que ya están barajando sus candidaturas presidencialistas: Ricardo Estigarribia (PLRA), gobernador de Central; y Eduardo Nakayama, senador del Partido de los Liberales.

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“Cualquiera de los dos podría ser candidato a presidente de la República, Naayama ya no es del PLRA, pero es del Partido de los liberales y es una figura muy interesante. Me gusta también Ricardo Estigarribia, y sin querer ser chupamedias, ambos pueden ser candidatos”, respondió Prieto en comunicación con la 1020 AM.

Prieto ya juega con el hecho de que dentro del PLRA, se verifica fuerte resistencia hacia la figura de Payo. Su idea apunta a captar al electorado azul para las comunales en CDE, en donde los liberales no cuentan con referentes con peso electoral. Y que podrían ayudarlo en la disputa con Payo.

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Durante la sesión extraordinaria de la Cámara Alta, Irún comentó que rechazó la propuesta “indecente” planteada por Amarilla por lo que, esta fue a golpear las puertas de otras intendencias. Sin dar mayores referencias sobre el supuesto negocio ilícito, todo indica que la acusación gira alrededor de la merienda escolar, considerando los antecedentes de la senadora liberal en ese rubro.

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A la legisladora se le atribuyen millonarios contratos con el Estado en nombre del almuerzo y la merienda de los niños. Según las denuncias, a través de las empresas Pinoty y Arcángel SA, la diputada se alzó con contratos que ascienden a US$ 45 millones en la última década.

“Vos te fuiste junto a mi en la intendencia municipal en una oportunidad y qué me propusiste. Vamos a dejarnos de joder. Por qué no quise hacer negocios contigo, porque me propusiste negocios ilegales”, expresó el senador Zacarías Irún.

La llamativa revelación del legislador colorado se dio luego de que Amarilla, en su alocución, mencionara que el hijo de Javier Zacarías Irún fue “beneficiado” como funcionario de la embajada paraguaya en Reino Unido.

Ante esta acusación, el senador esteño desmintió y negó que su hijo sea funcionario diplomático en ese país y aseguró que es empleado de una empresa internacional en Londres.

“No voy permitir que una senadora que todos sabemos a qué se dedicó toda la vida, qué comercios hizo con el Estado. Ella toda la vida fue funcionaria pública. La primera funcionaria pública que tiene este Senado”, expresó para referirse hacia su colega.

De acuerdo a las declaraciones de Zacarías Irún, Celeste Amarilla durante toda su vida hizo plata gracias a las compras públicas y todo lo que hoy tiene es producto del dinero que acumuló con sus negocios irregulares.

“La que cobró siempre del Estado, de las gobernaciones, de las intendencias, de las binacionales. Quién le pagaba la merienda escolar, nosotros le pagábamos. Y el dinero y la plata que ella tiene hoy es producto de eso y de muchas irregularidades”, indicó.

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La Sala Constitucional de la Corte rechazó la acción de Alfredo Enrique Kronawetter y Carlos César Trapani en contra de la resolución que les destituyó del Consejo de la Magistratura.

Cabe recordar que el mandato de Alfredo Enrique Kronawetter en el Consejo de la Magistratura feneció en marzo del 2023, sin embargo, desde entonces busca atornillarse en el cargo pese a que el presidente Santiago Peña haya designado a la doctora Alicia Pucheta como su representante.

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En el caso de Carlos César Trapani, él figuraba como miembro suplente del Consejo de la Magistratura.

Ambos abogados actualmente ejercen la defensa legal del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el marco de la causa relacionada a las filtraciones de Seprelad.