El juez federal Sergio Moro, de Curitiba, en el sureño estado de Paraná, aceptó el pedido de la Fiscalía para investigar a Vaccari y a otras 26 personas, entre ellas exdirectivos de la compañía acusados de recibir coimas de empresas a cambio de ventajas dentro de la petrolera estatal.

Los 27 acusados, en este caso, están imputados por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita. Según sostiene la acusación de la Fiscalía aceptada por el juez, Vaccari tenía contactos con directores de Petrobras, con quienes negociaba comisiones provenientes de los contratos, cuyos precios se inflaban, y recibía el dinero “disfrazado” en forma de donaciones legales para la campaña de su partido.

A pesar de que la acusación ha sido desmentida en reiteradas ocasiones por el PT, la imputación formal de Vaccari aumentó la presión sobre Rousseff, cuya popularidad se encuentra en horas bajas cuando falta una semana para cumplir tres meses de su segundo mandato, el cual comenzó el pasado 1 de enero.

De acuerdo con un sondeo divulgado hoy por la consultora MDA, la tasa de aprobación del Gobierno de la presidenta cayó al 10,8 %, en tanto que el apoyo a la mandataria se sitúa en un 18,9 %.

Para enfrentar el escándalo en la petrolera, la mandataria anunció un paquete de medidas para aumentar la fiscalización y endurecer las penas por corrupción y sancionar como delito penal la contabilidad paralela en las campañas electorales, entre otros.

La iniciativa fue enviada al Congreso, que se encuentra debilitado precisamente a raíz del escándalo Petrobras, por el cual están siendo investigados 50 políticos, entre ellos los dos jefes de la Cámara legislativa.

A lo largo de las investigaciones, la Policía arrestó a decenas de ejecutivos de importantes empresas y a cinco exaltos cargos de Petrobras, dos de los cuales se confesaron culpables y han delatado a otros presuntos implicados a cambio de una reducción de condena.

Aunque no existe ninguna acusación contra la mandataria, el 84 % de los brasileños cree que Rousseff sabía sobre la corrupción en el seno de Petrobras, cuya privatización es rechazada por la mayoría de los entrevistados, según un sondeo divulgado el domingo por el Instituto Datafolha.

El 61 % de los brasileños piensa que Rousseff sabía sobre la existencia de corrupción en Petrobras y dejó que ocurriese; el 23 % considera que la presidenta era consciente pero no podía hacer nada para evitarla; el 10 % dijo que la mandataria “no sabía”, mientras que un 6 % no supo que responder.

La corrupción en la estatal y la delicada situación económica que atraviesa el país han puesto contra las cuerdas al Gobierno de Rousseff, quien fue blanco de las masivas protestas que el pasado 15 de marzo ocuparon las calles de diferentes ciudades del país.

Los manifestantes también protestaron contra la corrupción en Petrobras, e incluso algunos grupos minoritarios pidieron la destitución de la jefe de Estado, una idea que ha sido descartada por el vicepresidente Michel Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Además de lidiar con el escándalo de Petrobras y una economía estancada, la presidente deberá enfrentarse a un Congreso fragmentado, el cual ya ha puesto trabas para la aprobación del ajuste fiscal propuesto por su Gobierno.

Los analistas del mercado prevén una contracción del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2014 y 2015 y que el tope máximo de la meta de inflación oficial (6,5 %) sea rebasado al final de este año.

La norma que enfureció a las organizaciones que defienden la diversidad sexual incorpora una vieja clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Es un decreto que nos retrocede más (de) tres décadas, cuando se ‘descataloguizó’ la homosexualidad desde la OMS (...) No podemos vivir en un país donde nos consideren enfermas o enfermos”, señaló a la AFP Jorge Apolaya, portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.

Unos 200 manifestantes se reunieron frente a la sede del Ministerio de Salud, en Lima, para rechazar la decisión del gobierno de mantener en firme el decreto, pese a las protestas que coincidieron con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

“Es una normativa que nos violenta (...) nos están colocando como personas enfermas, como si tuvieramos un problema y la identidad de género es todo lo coantrario” sostuvo Áfrika Nakamura, una comunicadora audiovisual de 25 años.

Bajo lemas como “¡No es enfermedad, es diversidad!” y “Somos trans y no somos enfermas, aquí está la resistencia trans”, los manifestantes bloquearon por unas horas la transitada y céntrica avenida donde está el ministerio, sin que se reportaran choques con la policía.

“Reclamamos la derogación porque estigmatiza a las identidades transgénero, no podemos ser catalogadas frente a un diagnóstico patologizante”, dijo a la AFP Maju Carrión, directora de la asociación TRANSformar.

- “Interpretación errónea” -

Un portavoz del Ministerio de Salud justificó la vigencia del decreto, y alegó que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud, sobre todo al privado, accedan a más servicios de salud mental.

“El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención”, dijo a la AFP Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio.

Según el portavoz oficial, “ha habido una mala lectura y una interpretación errónea” del decreto.

La transexualidad “no es un problema de salud mental y estamos de acuerdo con eso, a tal punto que hay varios documentos del ministerio que lo especifican”, expresó Alvarado.

El decreto actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada.

Sin embargo, empleó una antigua clasificación de la OMS, conocida como CIE-10, con la descripción que puso en alerta a los grupos LGBT.

Desde 2022, la organización dejó de caracterizar la transexualidad como un trastorno mental.

Alvarado insistió en que la intención del gobierno fue ampliar la atención en salud mental a tratamientos ambulatorios, siquiátricos, endocrinológicos derivados de la identidad de género, que antes del decreto no eran cubiertos por aseguradoras privadas, principalmente.

“La idea es hacer la transición al CIE-11 lo más rápido posible”, sostuvo Alvarado, sin especificar si esto implicaría la expedición de un nuevo decreto más adelante.

- Consecuencias -

Para los colectivos LGBT, mientras la norma siga vigente, sus miembros están expuestos a “graves consecuencias”, como a las mal llamadas terapias de conversión, que agencias de la ONU equiparan con torturas.

“No hay que olvidar que las terapias reparativas consistían en tratamientos (como) electroshock, baños en hielo”, comentó el portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.

Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.

En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) también llamó la atención sobre los efectos de “este decreto sesgado y poco científico”.

“Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (...) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”, advierte la organización.

Fuente: AFP

Las nuevas normas, publicadas por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y aprobadas por el papa Francisco, permiten una interpretación más moderada de este tipo de acontecimientos.

“En determinadas circunstancias, no todo es blanco o negro”, dijo en una conferencia de prensa el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, responsable del Dicasterio. “A veces se mezcla una posible reacción divina (...) con pensamientos y fantasías humanas”, afirmó.

Las nuevas reglas actualizan las que existían desde 1978 y orientan a los obispos, que hasta ahora tenían libertad para determinar la autenticidad de las visiones y apariciones.

Según el documento, el Vaticano solo ha “resuelto” seis casos de este tipo desde 1950.

La historia de la Iglesia católica está llena de fenómenos extraños o inexplicables que implican estatuas religiosas u objetos de todo tipo.

Hace dos meses, el Vaticano rechazó como falsos los presuntos milagros de una imagen de la Virgen María en la pequeña ciudad de Trevignano Romano, al noroeste de Roma, que no solo habría llorado sangre sino que habría hecho aumentar el tamaño de las pizzas.

Este miércoles salió a la luz una nueva grabación de un accidente sucedido a comienzos de marzo, en el que un camión de carga estuvo a punto de caer a un río desde un puente en la ciudad estadounidense de Louisville, en Kentucky.

Presentaron las imágenes ante un tribunal que revisa el caso y fueron grabadas por una cámara de la cabina del vehículo afectado, que se estrelló contra la barandilla del puente Clark Memorial y quedó colgando. Su conductora, Sydney Thomas, perdió el control y se desvió luego de que una camioneta que iba por el carril contrario se saliera y chocara de frente a toda velocidad contra el camión que conducía.

Socorristas tuvieron que descender desde el puente para rescatar a Thomas, de 26 años, que estuvo atrapada en la cabina, que pendía a más de 30 metros sobre el río Ohio. El semirremolque que transportaba quedó encajado entre las vigas del puente y evitó que el camión cayera al agua.

De acuerdo con la Policía de Louisville, el accidente involucró a cuatro vehículos. Según registros judiciales, Trevor Branham, de 33 años, fue acusado por haber provocado el accidente. En el material audiovisual se puede ver que este hombre, tras el volante de una camioneta Chevrolet, se desvía del camino para evitar a otro automotor que estaba detenido y cruza a la vía contraria antes de impactar contra el camión de Thomas.

Branham acudió este miércoles a la audiencia preliminar, donde el video fue presentado como prueba de su culpabilidad, y recibió cuatro cargos por poner en peligro sin razón a una persona. También fue acusado de conducir con una licencia suspendida.