Este jueves en la sesión ordinaria del Senado podría ponerse a consideración del pleno la aprobación de un préstamo de US$ 20 millones. El dinero pretende destinarse a la seguridad ciudadana, tanto en infraestructura como en asesoría.

Sin embargo, el préstamo recibe todo tipo de críticas por parte del sector opositor ya que se pretende convencer de que el dinero será utilizado en la campaña política de cara a las internas de diciembre.

El viceministro Martínez, en contacto con la 650 AM, expresó que este proyecto es determinante para las inversiones que se necesitan en seguridad, para la prevención, para la investigación y para todo lo referente a capacitación de agentes de la Policía Nacional y otras instituciones como el Viceministerio de la Mujer. Explicó que el dinero también se estaría invirtiendo también en un laboratorio forense que se pretende construir, desde cero.

En diciembre vence el plazo de tres años para la aprobación del crédito por lo que de no homologarse ahora en el Congreso, la posibilidad de contar con ese dinero se podría perder.

Pidió que el debate sobre el préstamo no esté contaminado por mezquindades políticas que en épocas electorales siembre se agravan. Vaticinó que va a primar el patriotismo y el deseo de tener una fuerza de seguridad capacitada, además de programas de prevención.

Dijo además que es necesario que entre en vigencia una nueva ley de la Policía de manera a dividir a las fuerzas en dos grandes ramas: la seguridad ciudadana y la investigación criminal. Acotó que la mayor parte del dinero, el 48%, será destinada a la investigación mientras que el otro gran porcentaje irá a la prevención.

Sobre las críticas porque parte del rubro se utilizará en un bien intangible como la consultoría, Martínez explicó que es importante desmitificar algunas cosas ya que, en el imaginario colectivo, se tiene en cuenta que las asesorías se hacen y solo quedan en los papeles.

Sostuvo que se estará contratando a expertos que capacitarán a las fuerzas policiales, a asistentes sociales sobre el tema de violencia intrafamiliar y personal dedicado al laboratorio forense, cuya construcción requiere de una inversión importante.

“No tiene que haber distinciones por mezquindades, ni banderías políticas. Acá todos tenemos que embanderarnos en esto”, puntualizó el viceministro.

La última inversión realizada por el Gobierno y que está dando sus frutos es la creación del Grupo Lince de la Policía Nacional. Según datos oficiales, hasta el mes de agosto, el escuadrón logró aprehender a 203 personas, detuvo a 33, incautó nueve automóviles, 91 motocicletas y 28 armas de fuego.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.

La suspensión se realizó vía sumario en la causa Dubini Franco, que actualmente está en audiencia preliminar. El argumento es por “faltar el debido respeto a magistrados, otros profesionales, funcionarios u otras personas, en el ejercicio de sus funciones, cuando el hecho no sea de tal entidad que constituya una falta grave”.

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Según Daniel Lobo, el sumario se aplicó tras la denuncia que hizo la magistrada Rosarito Montanía en su contra luego de que la acusara de violar la constitución en la causa Dubini Franco.

“Voy a iniciar mi batalla, voy a volver a recurrir al Colegio de Abogados, le puede ocurrir a cualquiera que objete que estén violando sus derechos. La Corte pretendió quitarme de la audiencia preliminar, no espero mucho de la Superintendencia de la Corte, yo presenté una recusación. Los 9 ministros son mi contraparte”, expresó el abogado a la radio 650 AM.

Para Lobo, la decisión de la Corte es arbitraria por lo que anunció que planteará un recurso de reconsideración y recurrirá a instancias internacionales, si es necesario.

“Esto es algo que yo me esperé, que iba a ocurrir. Tengo un equipo profesional que me asiste, para llevar a lo internacional. No podemos esperar que la Corte Suprema aplique la ley. Lo mas rápido va a ser iniciar la demanda por daño moral. Eso encuentra sustento en la arbitrariedad. Voy a recurrir al recurso de consideración”, refirió.

Daniel Lobo es abogado defensor de José “Pastor” Insfrán, supuesto narcotraficante detenido en el operativo A Ultranza Py.

Por su parte, Rodríguez Palacios también fue amonestado por la Corte por las iguales razones, supuestos ataques a la misma magistrada.