El excapitán de Cerro Porteño tiene una situación legal tan complicada como embrollada.

Tras levantarle el estado de rebeldía, ahora debe cumplir con su condena por la agresión a un hincha de Nacional (sentencia firme de tres años y medio) en el estadio Arsenio Erico.

Báez, de 35 años, residirá en Tacumbú hasta 2021, aunque existe la posibilidad de que salga amparado en medidas alternativas entre marzo y abril de 2018.

LA MANIOBRA

No le queda de otra, debe mostrar buena conducta para ser aplicable a los criterios previstos en el nuevo Código de Ejecución Penal. “Lo que se busca en la reinversión en la sociedad”, dijo Diego Tuma, abogado del exfutbolista, en conversación con nuestra redacción.

Hoy por hoy el exzaguero queda tras las rejas de la máxima penitenciaria nacional y en “cinco o seis meses” (suponiendo que no protagonice ningún incidente) podrá recurrir la modalidad de su sentencia.

¿SEIS AÑOS?

Para empeorar el panorama, el empresario tiene una causa pendiente por aquel polémico audio donde amenaza a los “olimperos de Oviedo”. La fiscalía solicitó tres años de pena privativa de libertad por “incitación a un hecho punible”, que podría añadirse a su condena.

“Se le puede llegar a sumar, pero intentaremos arreglar. En todo caso buscaremos que no sea una sentencia así (3 años)”, añadió el entendido en leyes.

Báez tiene un nutrido prontuario con la justicia paraguaya. Su siguiente visita al banco de acusados está programado para el 6 de noviembre.

INCITÓ A “MATAR OLIMPISTAS”

“Quiero saber cuándo vamos a ir a matar olimperos ahí en Oviedo. Estoy podrido de todos esos olimpistas. Tengo ganas de reventarles a todos, uno por uno le voy a reventar ahí y cómo cantan en su musiquita jaré; si quieren mano a mano, mano a mano le voy a dar a toditos, puercos de mierda. Soy Aquiles, por las dudas”, había emitido Báez en un audio que se hizo viral.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.