La Fiscalía únicamente investigó la muerte de seispolicías durante la masacre, por la que imputó a once campesinos que están siendo juzgados desde hace casi un año en un proceso próximo a terminar y en el que mañana se escucharán los alegatos finales del Ministerio Público y la defensa de los acusados.

“La única posibilidad de llegar a una justicia real es condenar a los responsables de la masacre, de ambos lados”, expresó Velázquez, después de mantener una reunión con los familiares de los campesinos víctimas de la masacre, los abogados de los once acusados y representantes de la ONG Amnistía Internacional.

La masacre de Curuguaty se produjo el 15 de junio de 2012, cuando varios centenares de policías acudieron a desalojar a unos 70 campesinos que ocupaban unas tierras para pedir que se integraran a la reforma agraria.

Los familiares de los campesinos fallecidos lamentan que, cuatro años después de la matanza, no se hayan esclarecido estas muertes y reclaman que se abra una investigación “igual que se hizo con los policías”, porque tienen “los mismos derechos”, dijo a Efe Darío Acosta, tío del campesino Luciano Ortega, que con 18 años fue la víctima más joven de la masacre.

Acosta también pidió la libertad de los campesinos juzgados y que el Estado reparta las tierras donde ocurrió la masacre, sobre cuya titularidad mantiene un litigio con la empresa Campos Morombí, entre los campesinos sin tierras que perdieron a sus familiares en estos hechos.

Antes de entrevistarse con el presidente de la Cámara de Diputados, los familiares de las víctimas se reunieron con el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, quien dijo que en un plazo de 22 días dará una respuesta a su pedido de investigación.

Después, marcharon hasta el Palacio Legislativo portando fotografías de sus familiares fallecidos y planos del lugar de la masacre, que mostraron en su encuentro con Velázquez.

Rosalía Vega, directora ejecutiva de la sección paraguaya de Amnistía Internacional, organización que acompaña a los campesinos, declaró a Efe que “las autoridades nacionales dejaron pasar mucho tiempo para dar a las víctimas verdad, justicia y reparación por el caso”.

Desde hace meses, aparecen denuncias de múltiples irregularidades de la administración comunal en esta ciudad que hasta ahora no fueron aclaradas.

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Ciudadanos autoconvocados a través de la Contraloría de Ñemby marcharán este viernes para pedir una intervención real y que la gestión de Tomás Olmedo sea transparentada.

“Hay cuestiones de mal manejo administrativos de los recursos públicos. Hay denuncias en la Fiscalía con respecto a pagos dobles de empedrados que ya se habían hecho de años anteriores y se hicieron figurar que hicieron ahora”, explicó Óscar Patiño, de la Contraloría de Ñemby, durante una entrevista a la radio 650 AM.

Informó que entre pobladores se unen para presionar y que Tomás Olmedo rinda cuentas sobre el uso del erario municipal. La marcha está prevista para las 18:00 hs y el punto de encuentro es en la biblioteca local.

Así también, señala que existen licitaciones que aparentemente fueron sobrefacturadas y funcionarios que llevan meses sin percibir sus haberes.

“Algunos tienen 4 a 5 meses de atrasos y el que reclama se le despide directamente”, agregó Patiño.

Las agentes fiscales Belinda Bobadilla, anticorrupción, e Yrides Avida, agente de turno en Lambaré, coordinaron  las investigaciones iniciadas tras las denuncias efectuadas por la Dirección de Asesoría Jurídica del IPS, a cargo de José González, sobre la supuesta expedición de certificados médicos falsos para que jubilados de la previsional pudieran acceder a préstamos de la Caja de Préstamos, y en conexión con otra causa denunciada por el presidente de la Caja de Jubilados de la ANDE.

La detención de la sospechosa se desarrolló durante un procedimiento llevado adelante por la fiscala anticorrupción, Belinda Bobadilla.

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Un hombre fue detenido luego por los agentes intervinientes, debido a que supuestamente habría entregado los certificados médicos de contenido falso a los jubilados del IPS, que solicitaban préstamos a la Caja de IPS.

En horas de la tarde, la fiscal de turno de Lambaré, Yrides Ávila, junto con Bobadilla realizaron allanamientos en busca de evidencias relacionadas con las causas abiertas. En el domicilio del hombre se encontraron en concreto con la resolución judicial supuestamente falsificada que reconocía como sucesora a la detenida.

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También se hallaron copias de otras resoluciones judiciales, pedidos de préstamos de terceras personas en la Casa de Préstamos del IPS.

En una conferencia desarrollada este viernes, autoridades de la Municipalidad de Asunción, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el Ministerio del Interior, entre otros, dieron a conocer el nuevo proyecto que tiene como protagonistas a los cuidacoches.

Se trata de un plan integral que apunta a la inserción en el mercado laboral de los trabajadores de este sector, a través de la formación y la capacitación en diversos rubros.

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Para el efecto, se ofrecerá un programa de formación continua a través del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sinafocal, enfocándose en áreas con salida laboral.

Así también, se prevé la creación de una Bolsa de Empleo específica para los beneficiarios del proyecto y la promoción de la plataforma “Emplea Py”, habilitada hace unos meses por el MTESS.

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La finalidad es ofrecer oportunidades para mejorar la calidad de vida de los cuidacoches que trabajan en Asunción, así como también de sus familias, a modo de que también puedan dejar las calles para desempeñarse en actividades formales.

A la fecha, alrededor de 350 personas que realizan esta actividad se encuentran censadas por la Municipalidad de Asunción.