Luis Gneiting visitó este martes los estudios de la 970 AM y habló sobre la polémica suscitada a raíz de la importación irregular de carne por parte del Frigorífico Concepción.

En ese sentido, aseguró que se montó todo un esquema a través de los medios de comunicación para realizar acusaciones contra su persona y contra el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, sobre un supuesto pedido de coima de US$ 500.000. Por todo ello, considera que el asunto “se desvió totalmente del punto original”.

“Jamás nos metimos en un pedido de coima, todas son conjeturas, no hay pruebas para poder acusar”, expresó el titular del MAG, cuestionando que la persona que inició toda la polémica dijo que “era un simple mensajero”, en alusión a Carlos Trapani.

Gneiting recordó que, en una conversación con el propietario del Frigorífico Concepción, Jair de Lima, el mismo confesó que el que autorizaba el ingreso de carne en todos los casos era el propio extitular del Senacsa, Hugo Idoyaga: “Hablamos con el señor Jair, le preguntamos por qué trajo la carne sin el permiso correspondiente, él nos dijo que Idoyaga les autorizaba 30 camiones de carne semanales, no aclaró nunca si era o no con permiso”.

Según manifestó durante la entrevista radial, luego de verificar todos los procedimientos, encontraron una “complicidad impresionante” en todo el proceso de importación de carne al país. Asimismo, recordó que, según una resolución firmada por Idoyaga hace unos años atrás, estaba prohibida la importación de carne a frigoríficos que están habilitados para exportación, normativa que fue incumplida.

“Había una arbitrariedad de quien autorizaba la importación, tenía el manejo absoluto de la situación, hablamos de millones de dólares”, afirmó Gneiting, asegurando que era Hudo Idoyaga el encargado de autorizar todo el ingreso de carne y, por ende, el principal responsable de las irregularidades detectadas.

A su criterio, esta fue “una gran desprolijidad institucional por parte de Senacsa” que puso en peligro la situación del país como exportador de carne. “Llama poderosamente la atención que la institución que brinda la autorización para importación rompe sus normas”, añadió.

Gneiting aprovechó la entrevista con la 970 AM para revelar que el extitular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal compartía una fundación con los ganaderos Carlos Trapani y Fernando Serrati, la cual manejaba todo lo concerniente a la vacunación anfiaftosa a nivel país: la Fundación Servicios de Salud Animal (Fundasa).

“El presidente de esta fundación era Trapani. Se unió Idoyaga, que era encargado de la institución fiscalizadora (Senacsa), mientras que Serrati era el proveedor de vacunas”, detalló, señalando que dicha entidad generaba ingresos anuales por vacunación que rondan los US$ 30 millones “sin rendirle cuentas a nadie”.

Sobre este mismo punto, Gneiting indicó que en Paraguay se administran unas 31 millones de dosis de vacuna antiaftosa anualmente. Cada vacuna tiene un costo de aproximadamente G. 2.000, pero Fundasa cobraba más de 5.000 Gs por animal vacunado a Senacsa.

Según manifestó el ministro, los tres denunciantes del supuesto pedido de coima de US$ 500.000 son los que están metidos en el negocio de la vacunación anfiaftosa, incluido el propio Hugo Idoyaga, lo cual desacredita las denuncias realizadas.

“Idoyaga va a tener que responder por su administración en Senacsa”, afirmó Gneiting.

Finalmente, señaló que las instituciones encargadas, entre ellas el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), seguirán dándole un seguimiento al caso y realizando las averiguaciones pertinentes para llegar a una conclusión en el asunto.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.

La suspensión se realizó vía sumario en la causa Dubini Franco, que actualmente está en audiencia preliminar. El argumento es por “faltar el debido respeto a magistrados, otros profesionales, funcionarios u otras personas, en el ejercicio de sus funciones, cuando el hecho no sea de tal entidad que constituya una falta grave”.

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Según Daniel Lobo, el sumario se aplicó tras la denuncia que hizo la magistrada Rosarito Montanía en su contra luego de que la acusara de violar la constitución en la causa Dubini Franco.

“Voy a iniciar mi batalla, voy a volver a recurrir al Colegio de Abogados, le puede ocurrir a cualquiera que objete que estén violando sus derechos. La Corte pretendió quitarme de la audiencia preliminar, no espero mucho de la Superintendencia de la Corte, yo presenté una recusación. Los 9 ministros son mi contraparte”, expresó el abogado a la radio 650 AM.

Para Lobo, la decisión de la Corte es arbitraria por lo que anunció que planteará un recurso de reconsideración y recurrirá a instancias internacionales, si es necesario.

“Esto es algo que yo me esperé, que iba a ocurrir. Tengo un equipo profesional que me asiste, para llevar a lo internacional. No podemos esperar que la Corte Suprema aplique la ley. Lo mas rápido va a ser iniciar la demanda por daño moral. Eso encuentra sustento en la arbitrariedad. Voy a recurrir al recurso de consideración”, refirió.

Daniel Lobo es abogado defensor de José “Pastor” Insfrán, supuesto narcotraficante detenido en el operativo A Ultranza Py.

Por su parte, Rodríguez Palacios también fue amonestado por la Corte por las iguales razones, supuestos ataques a la misma magistrada.