Jacqueline Benítez y Luis Enrique Aquino circulaban en vehículo por la avenida Mariscal López en la madrugada del jueves 10 de mayo. Para ellos era un día de trabajo más en los medios de comunicación donde se desempeñan.

A la altura de Malutín en la zona de los shoppings, una camioneta de la marca Mitsubishi tipo Tritón conducida por Pedro Sanabria Huerta cruza Mariscal López en dirección hacia Eusebio Ayala y el automóvil en el que iban Jacqueline y Luis Enrique impacta contra el vehículo de mayor porte.

“Eran las 4:55. Estábamos yendo al canal. Entramos tempranito. Yo vi que este tipo estaba adelantado a su semáforo en Malutín. Vi la nariz grande de su camioneta. Todo pasó en fracción de segundos. Le vi al tipo adelantado y nuestro semáforo estaba en verde. Mi novio no sé qué me dice. La camioneta se adelantó, cruzó, se produjo el impacto… no hubo tiempo para nada. Estábamos cruzando normalmente detrás de otro vehículo. Siento el impacto y que el cinturón me sujeta. Se activaron los airbags. Sentí que más o menos el humo que estaba saliendo del tablero me ahogó. Me desabroché el cinturón y mi novio se va a encararle al tipo. Cuando pasó eso el tipo inmediatamente arrancó”, relató Benítez sobre lo que sucedió esa madrugada.

Sanabria Huerta (32), desempleado, vive en Lambaré en la casa de sus padres. Luego de una noche de fiesta y con 0,78 mg/l de alcohol en la sangre, condujo la camioneta de su tío y cruzó cuando el semáforo estaba en rojo. Al producirse el impacto, el hombre retrocedió e intentó huir pero gracias a otros conductores que presenciaron el hecho, la escapada se abortó.

“Le dijimos al tipo que el vehículo era de mi hermano y el tipo nos dijo: ‘no tengo plata, demándenme’”, recordó Benítez. Acotó que esa noche iban en un vehículo de la marca Mercedes Benz cuya estructura es más estable que la de otros automóviles y que si iban en uno pequeño, no contaban la historia.

La lucha de Jacqueline y Luis Enrique llegó hasta la Fiscalía. El fiscal Eugenio Ocampos imputó a Sanabria Huerta por exposición al peligro en el tránsito terrestre y por obstrucción a la persecución penal. El caso debe ser atendido por el juez Paublino Escobar Garay.

La pareja tiene dos hijas, un bebé de un año y una niña de cinco años. “Le dejé sin auto a mi hermano. Estoy pagando el préstamo de la construcción de mi casa, un préstamo por un vehículo que compré hace poco y estoy sacando otro crédito para sacar el dinero y darle a mi hermano. Tiene que compensar este señor todo el daño que ocasionó. Celebro que estamos vivos pero quiero que este caso demuestre que la justicia en Paraguay puede ser pronta”, indicó.

Este es el calvario de Jacqueline y Luis Enrique que, como miles de personas, se desplazan a sus trabajos todos los días. Si la justicia actúa en la medida de los hechos, casos como este van a evitarse. Ambos pueden contar la historia pero otros no pudieron hacerlo.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.