Carmen Romero, directora ejecutiva del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), explicó que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) no tiene recursos propios para la infraestructura de los colegios.

Señaló que el único camino para introducir mejoras en las instituciones es a través del Fonacide, como de hecho ya se está haciendo.

En este sentido, reveló que a finales del 2014 fueron aprobados dos programas para la refacción de 670 escuelas y colegios.

Romero confirmó a Radio Nacional que se asignaron al MEC 50 millones de dólares para implementar mejoras en 900 instituciones, de las cuales, 670 ya se encuentran en proceso de licitación.

El Ministerio dará prioridad a las instituciones que requieran intervención con mayor urgencia y las obras iniciarán en agosto.

La directora realizó esta aclaración ante la medida de fuerza que sostienen alumnos de varios colegios, donde uno de los reclamos es la pésimas condiciones de las estructuras edilicias.

El agente fiscal Elvio Aguilera imputó a un hombre por los supuestos hechos punibles de tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes. Se trata de Pedro Cristhian Solís, encargado de un prostíbulo en la localidad de Naranjal que fue allanado por las autoridades antidrogas.

El procedimiento se llevó a cabo el 7 de mayo, alrededor de las 18:30 horas, por la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y agentes de la Policía Nacional. Del poder del encargado del lugar, los intervinientes incautaron 6,2 gramos de cocaína en cápsulas y 1,3 gramos de marihuana.

Además de dinero en efectivo (269.000 guaraníes), en billetes de distintas denominaciones, presumiblemente producto de la venta de las sustancias prohibidas. Las drogas estaban distribuidas en distintas partes del local nocturno, que era utilizado como fachada para la venta y comercialización al menudeo de las sustancias estupefacientes.

Una vez reunidos los elementos de sospecha, el fiscal Aguilera abrió el proceso contra Pedro Solís y solicitó al Juzgado Penal de Garantías que convierta en prisión su detención preventiva, atendiendo a la gravedad de los hechos presuntamente perpetrados.

Tres niños de 3, 4 y 11 años de edad, respectivamente, acabaron siendo hospitalizados luego de sufrir una grave intoxicación en la zona de Alto Paraná.

Reportes de medios locales indican que los niños consumieron un producto elaborado a base de cannabis, lo cual finalmente provocó reacciones adversas en su organismo.

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Los menores fueron llevados primeramente al Hospital Regional de Ciudad del Este y luego se dispuso su traslado al Hospital Pediátrico “Acosta Ñu” de San Lorenzo, a fin de recibir atención especializada.

Los menores de 3 y 4 años son los que se encuentran en más grave estado, ya que debieron ser intubados e internados en terapia intensiva, de acuerdo al informe divulgado por el Ministerio de Salud. Por su parte, el niño de 11 años recibió un lavado gástrico y se encuentra en evolución.

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La madre de los afectados también llegó a consumir el producto, por lo que -al igual que ellos- presentó complicaciones de salud y tuvo que ser asistida por los profesionales del centro asistencial.

Los estudios laboratoriales dieron positivo a THC (componente psicoactivo de la marihuana), el cual sería uno de los ingredientes de los caramelos de goma que aparentemente consumieron los pacientes.

Un operativo de la Dirección de Operaciones Urbanas de la SENAD, en el marco del Plan SUMAR, fue ejecutado para detener a un joven de 26 años, quien manejaba un punto de distribución de drogas, unido una serie de acontecimientos delictivos, frente a un centro educativo en el barrio María Auxiliadora.

La comitiva ingresó a la vivienda en compañía del fiscal Marco Amarilla y detuvo a Ronaldo Silva Sandoval de 26 años. Tras un registro del todo el lugar fueron confiscados 24 dosis de crack junto con porciones de cocaína y marihuana. Del lugar también colectaron un arma de fuego.

El hombre cuenta antecedentes por reducción y hurto, con prohibición de salida del país y portación de armas.

Los datos colectados apuntan al joven como responsable de venta de drogas incluso a alumnos de centros educativos. Se expone a pena carcelaria de entre 5 y 15 años.

El implicado ya fue derivado a la Base de Operaciones de la SENAD por disposición del Ministerio Público.