El agente fiscal Aldo Cantero acusó y solicitó juicio oral para 7 funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza y apropiación.

Están afectados Luis Antonio Vázquez Olmedo, Arlindo Tomás Meza Sosa, Leandro Gayoso Brítez, Mario David Velázquez Silveira, Plácido del Pilar Arce Herrera, Gustavo Adalberto Benítez Ríos y Hugo Mercedes Lezcano Arrúa. Este último, quien se desempeñaba como jefe del departamento de Ingresos del MOPC, fue acusado por incurrir en lesión de confianza, mientras que a los demás se les acusa por el hecho punible de apropiación.

“Lezcano recibió en varias oportunidades memorándums del jefe de la División de Fiscalizaciones, quien le ponía a conocimiento sobre importantes recaudaciones no rendidas por los perceptores al final de cada turno trabajado, y que éste no elevaba los informes a la Dirección de Finanzas”, explicó Cantero en su documento presentado.

Por otra parte, la acusación refiere que los demás funcionarios, quienes se desempeñaban como perceptores en los diferentes puestos, percibían las recaudaciones en concepto de tasas de tránsito, mediante tickets expedidos por máquinas registradoras que se encontraban habilitadas para operar en pista. “Paralelamente, también realizaban las recaudaciones de los impuestos mediante la emisión de tickets de la máquina registradora que se encontraba de reserva en el puesto de peaje. Posteriormente, al final de cada turno trabajado, no realizaban las rendiciones ni entregaban la totalidad de los montos recaudados en concepto de las tasas de tránsito”, sostiene.

La denuncia fue formulada el 21 de enero de 2014 por el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, quien reveló que durante su administración detectaron distintas irregularidades en lo que hace al cobro, gestión y manejo de los haberes percibidos en concepto de peaje en las distintas rutas nacionales. El perjuicio patrimonial asciende a la suma de G. 86 millones.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.