Con este gesto, Paraguay acepta su responsabilidad en la “ejecución extrajudicial” de Blanco cuando protestaba junto a productores de cedrón en el norteño departamento de San Pedro, dijo a Efe el secretario ejecutivo de la Codehupy, Óscar Ayala.

“Lo que tiene de importante (este reconocimiento) es que se está haciendo un esfuerzo en alguna medida por los casos de ejecución extrajudicial”, destacó Ayala.

La firma del acuerdo, que se realizó en la sede de la Cancillería, en Asunción, bajo la presencia del director de la Unidad General de Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel González, busca reparar una violación de derechos humanos cometida por agentes del Estado.

En ese sentido, desde Codehupy apuntaron que sienta un precedente para evitar la repetición de hechos de esta naturaleza.

También estuvo presente el director de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, quien pidió disculpas a los familiares de Blanco, también presentes, “por todo el dolor causado por la pérdida”, según un comunicado de Codehupy.

De esta manera, el acuerdo, que todavía tiene que refrendarse en un proceso administrativo que desemboque en un decreto del Ejecutivo asumiendo la responsabilidad del Estado, cierra 13 años de lucha por parte de la familia de Blanco en el esclarecimiento de su muerte.

Además, desde Codehupy indicaron que una vez se finalice con los actos administrativos, el Ministerio Público deberá volver a reabrir la investigación de la muerte de Blanco.

La Organización Mundial contra la Tortura, con sede en Ginebra (Suiza), expresó hace un año en un comunicado su preocupación por la demora de Paraguay en el cumplimiento de dos dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU, emitidos en marzo de 2012 y referidos a la muerte de Blanco.

Blanco, dirigente de un grupo de productores de cedrón, fue asesinado por un agente policial durante una protesta contra el Gobierno, en la que otros 16 participantes resultaron heridos por arma de fuego.

Los heridos fueron apresados y torturados en comisaría por militares y policías, según Codehupy.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.