Las grandes compañías de bebidas destiladas de Europa y Estados Unidos poseen, sin distin­ción, altos compromisos con las buenas prácticas de nego­cio, así como códigos de con­ductas éticas empresariales que rigen sus transacciones. Estas van desde el rechazo a toda forma de soborno, lavado de dinero y aspectos referidos a la evasión de tasas impositivas.

Pese a estos mandatos y principios éticos (ver comparativo en infografía), en Paraguay los lico­res premium pro­venientes de Esta­dos Unidos o Reino Unido inundan los comercios fronteri­zos de Sudamérica con énfasis en la zona de la Triple Frontera, desde donde son redis­tribuidos a países veci­nos principalmente por medio de puertos clandes­tinos.

El negocio de las bebidas alcohólicas, en el cual el Grupo Vierci es un actor preponderante, ha tenido en el último quinquenio un notable desempeño. En lo que hace a las marcas que importan sus empresas, en estos 5 años se han traído al país más de 9 millones de litros de licores sun­tuosos, una cantidad que excede completamente al mercado paraguayo. Exis­ten sobradas sospechas de que finalmente esas merca­derías tienen salida a través de otras rutas, como Brasil, Argentina, Bolivia, e incluso con ramificaciones hasta Lima, Perú. Publicaciones periodísticas de estos paí­ses andinos se hacen eco de manera frecuente de las incautaciones de miles de litros de whiskies realizadas por las aduanas de los paí­ses afectados; coincidente­mente, las mismas marcas que importa Vierci.

El Grupo Vierci ha erigido un enorme emporio económico con negocios que hoy se han diversificado en retails, comunicaciones y comida rápida, pero que también tendría vinculación con sospechas de contrabando y evasión de impuestos, que tienen consecuen­tes efectos sobre las recaudacio­nes fiscales de nuestro país.

La francesa Pernod Ricard es la propieta­ria mundial de afama­das mar­cas como Ballanti­ne’s, Chivas Regal o Jame­son, que llegan a Paraguay gracias a A.J. SA Calidad ante todo; la británica Dia­geo (Justerini & Brooks) posee marcas como J&B, Sandy Mac, Old Parr, entre otras, que también son traí­das al país por “Don” Anto­nio; por su parte, la estado­unidense Jack Daniel’s, para su marca homónima, tam­bién ingresa al país a tra­vés de Vierci, y la británica William Grant and Sons, con marcas como Grant’s y Glennfidisch, son comer­cializados en Paraguay por medio del mismo grupo empresarial.

Todas esas marcas tienen una “fuerte creencia en la moral y la ética empresa­rial” y, por tanto, repudian cualquier actividad que sea contraria a prácticas que no se ajustan a las normativas locales y de entidades, como la Organización Mundial de Comercio (OMC).

TOLERANCIA CERO

Las prácticas antiéticas en el comercio mundial no son compatibles con los princi­pios pregonados por Pernod Ricard, William Grant, Jack Daniel’s o Diageo, que dejan constancia taxativa de eso en sus sitios web oficiales. En el caso de la compañía francesa, tiene “cero tole­rancia ante los comporta­mientos o acciones corruptas”, según su código de ética.

Asimismo, Pernod Ricard promueve compromisos en que todas las partes (desde el gobierno hasta los con­sumidores) trabajen para reducir el uso nocivo del alcohol, en especial, el alco­hol que ingresa ilegalmente o de contrabando, ya que a través de esta última prác­tica también se produce un importante consumo de bebidas y afecta principal­mente a aquellos países vul­nerables de ingresos bajos y medianos, como es el caso de Paraguay.

Claramente, estas compa­ñías se ajustan a sus códi­gos y dejan constancia que esas son las prácticas que las rigen. Por ejemplo, William Grant and Sons rechaza todo tipo de práctica carente de ética y considera que cual­quier “tipo de soborno, corrupción o pago indebido del tipo que fuere es ina­ceptable en nuestros tratos comerciales en cualquier parte del mundo y, por lo tanto, no se tolera”, destaca su propio código de ética.

Aunque estas gran­des marcas de consumo masivo están protegidas por los principios de sus respectivas compañías, las firmas locales, como en el caso de A.J. SA Calidad ante todo y Laser Import SA, se estarían arreglando de alguna manera para que esos codiciados pro­ductos ingresen a un cir­cuito comercial sudameri­cano sindicado por medios internacionales, como la nueva ruta del contra­bando de licor.

Paraguay es señalado en la región por diversos reporta­jes y de autoridades aduane­ras como el punto de partida del contrabando de bebidas alcohólicas costosas que tie­nen como destino a países de la región.

Y dentro de este circuito fronterizo, los productos que más se comercializan a precios diferenciados y que en muchos casos tam­bién se decomisan son los que coincidentemente son traídos al Paraguay por las empresas del Grupo Vierci. Los puestos clandestinos en Ciudad del Este están ates­tados de marcas como Jack Daniel’s, Grant’s, Old Parr o José Cuervo, que tienen rápida salida hacia el Bra­sil o la Argentina debido a sus precios.

SUPUESTO CONTRABANDO

Aprovechando los bajos controles, así como cier­tos beneficios impositivos, las ciudades emplazadas del otro lado de la frontera este son vulnerables al fla­gelo del contrabando. Ante la ausencia de controles, las marcas que comercializan las empresas de Vierci tie­nen rápida salida a través de kioskos precarios o instala­dos en plena vía pública y sin soporte legal.

Las compañías proveedoras están convencidas de que la vía del pago de ingresos, sea a través de aranceles adua­neros o impuestos indirec­tos, es clave para generar recursos. Claramente, con el contrabando de hormiga hacia el Brasil y la Argentina se produce una importante sangría de ingresos para el fisco de estos países.

Empresas como Pernod Ricard sostienen que las políticas impositivas pue­den jugar un papel instru­mental en la salud pública, con el potencial de influir en el consumo y reducir el daño asociado con el uso excesivo de alcohol. Pero esto no sucede cuando el comercio ilegal predo­mina, una actividad que debe tener un control fuerte de parte de las auto­ridades del gobierno cen­tral y de los municipios.

La evasión es un delito más allá de una práctica no ética”

La abogada Raquel Toñánez, experta en derechos intelec­tuales, expresó que la evasión de impuestos es básica y esencialmente un delito, más allá de una práctica carente de toda ética. “La evasión de impuestos es un delito. Más allá de una práctica no ética, es primero un delito, que es lo más grave y afecta al Gobierno, en primer lugar, porque deja de percibir el impuesto a la importación”, recordó la abogada.

Explicó que la misma afecta a un importador que introduce legal­mente la mercadería porque el otro no paga, entonces sus produc­tos no pueden competir con la mercancía que entra de contra­bando. “El daño es al Estado y al particular”, recordó la experta en relación a este tipo de delitos.

Toñánez indicó que en el caso de comprobarse el ingreso o la redis­tribución sin el pago de impuestos “es un desprestigio para una marca extranjera”. Agregó que el que provee conocimiento de esta situación, si tuviera probablemente el contrato de representación, este terminaría.

Asimismo, la experta indicó que también desde el Estado paraguayo se tiene que agregar más controles. “El país se ve vulnerado y es de alguna forma responsable de que eso ocurra. El Estado se tiene que encargar de ese tipo de control, de las medidas en frontera, de no permitir que ingresen mercaderías falsificadas”, concluyó.

“Puede afectar el buen ambiente para los negocios”

Paraguay es uno de los países de la región que más avanzó en materia de “clima de negocios” mediante acciones acertadas que realizaron conjuntamente el Gobierno Nacional y las compañías del sector privado, que respal­dan la apuesta a grandes inversiones. Sin embargo, el incumpli­miento de las normas éticas de las importadoras puede afectar a este buen ambiente que expone el país para los negocios.

El viceministro de Industria, José Luis Rodríguez Tornaco, explicó que el cumplimiento de estas normas éticas escapa de los contro­les que puede aplicar el Estado, ya que el acuerdo comercial se rea­liza entre instituciones privadas.

“Los controles que realizamos son de cumplimento de las norma­tivas locales, entiéndase de trazabilidad o de etiquetado, pero no tenemos la facultad de interrumpir los acuerdos entre las indus­trias y las empresas importadoras; en caso que las importadoras no cumplan con los acuerdos, el buen ambiente de negocio se puede ver afectado”, indicó el viceministro de Industria.

Aconsejó a las importadoras cumplir con las normativas de los tra­tamientos, de manera a no perder la seriedad como país, ya que puede perjudicar la economía nacional que atraviesa uno de sus mejores momentos, con un mercado predecible y estable.

Por Cinthia Mora, periodista.

La campaña de perse­cución que desató el diario Abc Color en contra de la actual titular de Seprelad, Liliana Alca­raz, con el objetivo de invo­lucrarla, sin motivos, en la causa penal donde se inves­tiga a Abdo Benítez y sus excolaboradores, forma parte de la estrategia de defensa mediática del exmandatario imputado.

En agosto de 2023, al asu­mir el cargo de ministra de Seprelad, la exfiscal Liliana Alcaraz constató que no se habían aplicado las reco­mendaciones del Grupo de Acción Financiera de Lati­noamérica (Gafilat) respecto a las filtraciones ni tampoco sumarios a los funcionarios responsables por los gra­ves hechos. Las filtraciones de informes de inteligencia fueron motivo de alerta por parte de los evaluadores del Gafilat que en setiembre de 2022 recomendaron la apli­cación de protocolos para evi­tar tales situaciones y corre­gir los malos manejos.

Alcaraz ordenó la aplicación de sumarios a los funciona­rios asignados a la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico y la apli­cación de los protocolos reco­mendados por el Gafilat. Los resultados de estos sumarios fueron enviados al Ministe­rio Público por solicitud de los agentes fiscales Aldo Can­tero y Giovanni Grissetti, en diciembre de 2023.

Los informes remitidos desde la Seprelad al Ministe­rio Público aportaron infor­mación relevante que permi­tieron colectar datos, correos electrónicos y testimonios que hoy forman parte de los 42 elementos que sustentan la imputación contra Abdo Benítez y su gavilla.

El documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández fue descubierto gracias a la colaboración de la actual ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz (Crédito: Acta de imputación)

EL DOCUMENTO SECRETO Y LOS CORREOS

Entre los 42 elementos de prueba que sustentan la imputación contra Abdo Benítez resaltan dos infor­mes remitidos por la nueva administración de Seprelad. El primer informe es del 21 de noviembre de 2023, en el cual la Seprelad responde a un pedido de los fiscales Cantero y Grissetti sobre los procedimientos ejecutados dentro de la Unidad de Inte­ligencia Financiera.

La respuesta de la Sepre­lad aportó un detalle que se convertiría luego en la “brú­jula” de la investigación fis­cal, el documento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández. Este docu­mento en formato word fue detectado en los archivos de la DGAFE (Dirección Gene­ral de Análisis Financiero y Estratégico), dirección que estuvo a cargo de Carmen Pereira y de Guillermo Preda Galeano, ambos imputados en la causa.

El documento secreto fue uti­lizado como base para la ela­boración del informe de inte­ligencia (10/2022) que luego fue presentado al Ministe­rio Público y enviado a EE. UU. en carácter de “informa­ción espontánea”. El archivo fue redactado en una oficina paralela dentro de la Seprelad y a cargo de un funcionario que no pertenecía a la institu­ción. En el borrador se intro­dujo información falsa y ter­giversada, según lo expuesto por el Ministerio Público.

Este revelador documento fue uno de los elementos de prueba que permitió a los agentes fiscales construir la tesis de la persecución polí­tica ya que fue elaborado por fuera de lo que establece la ley y bajo la orden específica de perseguir exclusivamente a Cartes y a sus empresas.

El otro informe remitido por la ministra Liliana Alcaraz y que permitió avanzar aún más en la investigación contra Abdo Benitez y su camarilla fueron los correos electróni­cos entre la exviceministra Carmen Pereira y los funcio­narios de la Unidad de Inteli­gencia Financiera de la Sepre­lad, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira, todos imputados en la causa.

En estos correos se detalla la manera en que fue incorpo­rado el documento secreto, redactado por Farías y Fer­nández, al circuito institucio­nal de la Seprelad para que sea utilizado como base para la elaboración de un informe de inteligencia contra Horacio Cartes. En estos correos tam­bién se ordenaba incorporar al documento oficial infor­mación tendenciosa y juicios de valor para perjudicar a los enemigos políticos.

DESMIENTE INFORMACIÓN FALSA DE ABC

Publicaciones de tinte mali­cioso y falso del diario Abc Color tienen como objetivo instalar que Liliana Alcaraz fue partícipe del esquema de filtración en su calidad de punto contacto del sis­tema que recibió el pedido de información de la fiscalía de Panamá.

La actual titular de Seprelad mencionó que recién tuvo acceso al sistema mencio­nado en marzo de 2022, dos meses después de haberse registrado la filtración a los medios Abc Color y Última Hora, y de la declaración del entonces ministro del Inte­rior Arnaldo Giuzzio, quien fue el responsable de revelar públicamente el contenido del pedido de cooperación de la fiscalía panameña.

Alcaraz explicó que la RRAG es una plataforma electrónica que se encuentra en el extran­jero (Costa Rica) a través de la cual los países que conforman el Gafilat pueden intercam­biar información de manera segura y recién una persona se convierte en punto de con­tacto cuando tiene acceso a la plataforma. Cada país tiene un coordinador y es este quien gestiona estos accesos. En ese entonces era el minis­tro de Seprelad Carlos Arre­gui. Actualmente ese cargo lo ocupa Liliana Alcaraz. “La responsabilidad siempre es del coordinador nacional”, subrayó.

Por Cinthia Mora, periodista.

Durante parte de su gobierno, el expre­sidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema que aspiraba a generar investiga­ciones penales en contra de figuras contrarias a su movi­miento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propó­sito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.

Para llevar adelante ese obje­tivo, el expresidente Abdo Benítez compuso su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fis­cales) entre ellos Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández.

La estrategia incluso había sido revelada por un excolabo­rador de Abdo, Eduardo Petta, quien reconoció en un pro­grama de televisión que gene­rar “pruebas” contra Cartes, a espaldas de la Justicia y en un contexto de odio político, era objetivo del Gobierno. Esta “confesión” de Petta revelaba la estrategia que luego sería utilizada en contra de los ene­migos políticos de Abdo.

El acta de imputación de la Fis­calía revela de qué manera en el gobierno de Mario Abdo Benítez, autoridades y funcio­narios no autorizados fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines electorales.

EL ARCHIVO SECRETO

De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Car­los Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bie­nes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redac­tado el informe de inteligen­cia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en cola­boración con personas ajenas a la institución.

Este informe de inteligencia está fechado el 20 de mayo del 2022, dos meses antes de la “designación” hecha pública contra Horacio Cartes por parte de la Embajada de EE. UU. en Paraguay. La base documental de ese informe de inteligencia fue detectada en los archivos de la Sepre­lad, institución que remitió al Ministerio Público un reporte sobre los antecedentes de ese informe de inteligencia, quiénes fueron los funcionarios responsables de su elabora­ción y en qué condiciones fue redactado.

En su respuesta al pedido de la Fiscalía, la actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reporta que se pudo detectar en los archivos de la Sepre­lad un documento en for­mato Word, que habría sido utilizado como borrador del informe de inteligencia del 20 de mayo. Esta respuesta de la Seprelad fue clave para que el Ministerio Público construya su tesis de montaje y filtración de los informes de inteligencia.

En el archivo informático de la Seprelad no solo quedó el borrador utilizado sino tam­bién quedaron registradas las “huellas” de quienes intervi­nieron en su elaboración. El reporte de Alcaraz a la Fisca­lía incluye la copia de un correo electrónico de fecha 28 de marzo remitido por Carmen Pereira, entonces viceminis­tra de Seprelad, a Francisco Pereira, director de Análisis B, donde se incluía el archivo formato Word utilizado como base del informe de inteligen­cia contra Horacio Cartes.

EL ARCHIVO SECRETO: UN INFORME REMITIDO POR LA SEPRELAD REVELA ORIGEN DE LAS FILTRACIONES. FOTO: GENTILEZA

“CEREBROS” DE LA OPERACIÓN

En los archivos de la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron las huellas de la operación mon­tada por funcionarios de la institución e incluso por per­sonas ajenas a la institución y sin potestad legal para acce­der a informes de inteligencia.

En el acta de imputación se incluyen los metadatos (hue­llas digitales) del archivo en formato Word remitido por Carmen Pereira a Fran­cisco Pereira. Estos metada­tos revelan que el autor del documento fue Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernán­dez en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.

En ese sentido, según la Fis­calía, Daniel Farías Kronawe­tter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio de 2022 a la Sepre­lad) y René Fernández, enton­ces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elabo­rado el borrador (documento Word) que sirvió para hacer el posterior informe confiden­cial filtrado a la prensa.

Tal es así que, Farías y Fer­nández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autorida­des nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.

Conforme al acta de impu­tación, el archivo habría servido de base para la fil­tración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político el 8 mayo del 2022 que Hora­cio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boida­nich, exministro de la Sepre­lad, a cambio de su silencio.

LAS HUELLAS DIGITALES DEL ARCHIVO SECRETO EXPONE A DOS PERSONAJES CLAVE EN LA GRAN CONSPIRACION, FARIAS Y FERNÁNDEZ.

En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boida­nich”. Y, en tercer lugar, a tra­vés del entonces secretario pri­vado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espí­nola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibi­dos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.

La Fiscalía sospecha que, el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confi­denciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emi­sión del posterior informe de inteligencia.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Para varios de sus detractores, colegas parlamentarios, era predecible la sacudida que iba a dar la senadora Celeste Amarilla con el proyecto del Ejecutivo que, de alguna manera, busca centralizar más la ejecución y el control de gastos en la compra de la merienda y el almuerzo esco­lar con la creación del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Efecti­vamente, la reacción de la legisladora liberal no se hizo esperar y en la premura disparó contra algunos pro­veedores que según ella son los privilegiados con el plan oficialista.

Con los dardos que lanzó Ama­rilla, proveedores del rubro reflotaron los vínculos de esta con el negocio de las licitacio­nes de la merienda escolar. El empresario Miguel Cardona, uno de los principales blan­cos del ataque de la senadora liberal, no se hizo esperar para generar el efecto búme­ran de los intereses particu­lares que presuntamente hacen reaccionar a la parla­mentaria.

En entrevista, Cardona dijo que Amarilla sigue siendo su competidora en el rubro, pero que la misma hace figurar a otras perso­nas para pasar desaperci­bida y que todo el país sabe de las empresas Pinoty SA y Arcángel SA de la sena­dora que proveen merienda y almuerzo escolares.

En redes sociales, incluso, el crítico internauta Hugo Portillo mostró documentos con firmas de la parlamenta­ria para incremento presu­puestario a gobernación que arrastra deudas por provi­sión de alimento escolar. Esto además de que en Tortugas Py SA, empresa que declara Celeste Amarilla ante la Con­traloría General de la Repú­blica, figura como accionista Patricio Benjamín Buteler, representante legal de una de las prósperas proveedo­ras de merienda escolar.

No hay que olvidar que si bien la senadora se borró de los papeles al asumir el cargo, arrastra miles de millones en cuentas a cobrar a las provee­doras Pinoty SA y Arcángel SA que hoy día se llama LF Latinfood SA.

En sus declaraciones juradas Amarilla consignó en 2018 deudas a cobrar a Arcángel SA (LF Latinfood SA) por G. 3.000 millones y en 2019 G. 3.425 millones, cifras que en su última manifes­tación de bienes se redu­jeron a G. 125 millones; es decir, cobró el 9 6% de lo que le debían. Mientras que las cuentas a cobrar a la provee­dora Pinoty SA de G. 4.500 millones en 2018 bajaron a G. 1.611 millones durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Mientras la parlamentaria ataca la iniciativa de centrali­zación del uso de fondos de ali­mentación escolar alegando que la intención es “debilitar” al gobernador Ricardo Esti­garribia y restar poder econó­mico al departamento Cen­tral, lo que cae en realidad es el negocio de las proveedoras a las que se la vincula, con­siderando que el 53 % de las licitaciones adjudicadas en la última década, precisamente, fueron por parte de la Gober­nación de Central.

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría

María Isabel Gavilán, amiga de Celeste Amarilla y Patricio Buteler, socio de la senadora en otra empresa, representantes de proveedora de alimento escolar

Accionistas de la empresa Tortugas Py que declara la senadora Amarilla ante la Contraloría