El periodista Bruno Masi impulsa una serie de notas periodísticas denominada “Bruno en la calle”, que se publica a través de la red de YouTube. El último especial que realizó el comunicador fue sobre la Terminal de Ómnibus de Asunción.

Durante su recorrido, que lo realizó con el director Julio Benítez, el alto funcionario expresó que solo cuentan con un rubro de G. 250 millones anuales que resultan insuficientes para ofrecer un servicio acorde a lo que necesitan los pasajeros que pasan por la Terminal.

Expresó que, desde este año, hubo una mejora en los ingresos que le permitirá cerrar el año con G. 1.500 millones que serán destinados a la recuperación del sector siniestrado.

Habló sobre el proyecto “Eco Terminal”, que fue elaborado por funcionarios, empresarios del transporte y comerciantes, que requiere de unos US$ 5 millones para ejecutarse. “Implica una revolución de toda la Terminal”, sostuvo Benítez.

Sobre el siniestro ocurrido entre el 2 y 3 de marzo de este año, expresó que el sistema de prevención funcionó pero lo que no se pudo hacer es controlar las llamas. Sostuvo que las llamas se iniciaron en un lugar donde los guardias tuvieron que romper puertas para llegar y que los extintores no dieron abasto.

“Venir a un lugar de trabajo y encontrarse con este panorama de verdad, afecta”, señaló el director de la Terminal.

Por otro lado, criticó que hay gente que “no acompaña” los cambios ya que no cuidan las instalaciones. Puso como ejemplo los baños que se dejan en pésimas condiciones cuando pasan por allí los pasajeros.

Tras la entrevista, Masi realizó entrevistas con pasajeros y recogió varias quejas. Marta Melgarejo expresó que falta más limpieza y más comodidad mientras que Teresa Acosta abogó por una mejor seguridad ya que hay varios vendedores ambulantes que ofrecen todo tipo de productos que podrían ser perjudiciales para los niños.

Richard Godoy concluyó que la Terminal ofrece un buen servicio y que hay seguridad en el recinto mientras que Nadia Pelissier pidió aumentar la frecuencia de buses que van al Departamento de San Pedro.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.

La suspensión se realizó vía sumario en la causa Dubini Franco, que actualmente está en audiencia preliminar. El argumento es por “faltar el debido respeto a magistrados, otros profesionales, funcionarios u otras personas, en el ejercicio de sus funciones, cuando el hecho no sea de tal entidad que constituya una falta grave”.

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Según Daniel Lobo, el sumario se aplicó tras la denuncia que hizo la magistrada Rosarito Montanía en su contra luego de que la acusara de violar la constitución en la causa Dubini Franco.

“Voy a iniciar mi batalla, voy a volver a recurrir al Colegio de Abogados, le puede ocurrir a cualquiera que objete que estén violando sus derechos. La Corte pretendió quitarme de la audiencia preliminar, no espero mucho de la Superintendencia de la Corte, yo presenté una recusación. Los 9 ministros son mi contraparte”, expresó el abogado a la radio 650 AM.

Para Lobo, la decisión de la Corte es arbitraria por lo que anunció que planteará un recurso de reconsideración y recurrirá a instancias internacionales, si es necesario.

“Esto es algo que yo me esperé, que iba a ocurrir. Tengo un equipo profesional que me asiste, para llevar a lo internacional. No podemos esperar que la Corte Suprema aplique la ley. Lo mas rápido va a ser iniciar la demanda por daño moral. Eso encuentra sustento en la arbitrariedad. Voy a recurrir al recurso de consideración”, refirió.

Daniel Lobo es abogado defensor de José “Pastor” Insfrán, supuesto narcotraficante detenido en el operativo A Ultranza Py.

Por su parte, Rodríguez Palacios también fue amonestado por la Corte por las iguales razones, supuestos ataques a la misma magistrada.