Según informa la Entidad Binacional Itaipú, la contratación de la potencia por cuatro años brinda mayor previsibilidad a la planificación de las dos entidades compradoras y asegura a la Entidad Binacional los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento y, en consecuencia, para garantizar el suministro de energía eléctrica a ambos países.

Con la contratación de potencia hasta el 2022, Itaipú podrá seguir honrando sus compromisos con los Estados, como el pago de los royalties y los gastos de explotación en los cuales están incluidos los gastos de responsabilidad social.

Un dato importante es que el resultado de las tratativas permite afirmar que no habrá aumento de tarifa del servicio eléctrico para los usuarios de ambos países.

POTENCIA A CONTRATARSE

Acta secreta que puso en vilo al país

El 24 de mayo pasado, los presidentes de Paraguay, Mario Abdo Bení­tez, y de Brasil, Jair Bolsonaro, a través de sus altos representantes, fir­maron el acta secreta de la Itaipú, que fue conocida recién dos meses después, tras la renuncia del ingeniero Pedro Ferreira a la presiden­cia de la Ande.

Según La Nación, el acuerdo implicaría un grave perjuicio a la empresa estatal, que llegaría a los 270 millones de dólares al cierre del 2022, teniendo en cuenta que para el año siguiente recién están previstas nuevas negociaciones entre los copropietarios de la hidroeléctrica.

El daño que se causaría al país es como consecuencia de la elimina­ción del uso de excedentes por parte de la Ande, que le permite man­tener el precio de sus tarifas. El intento fue ampliamente repudiado por todos los sectores del país y desde el sector político se propuso un juicio político al jefe de Estado, pero no prosperó.

Una joven fue pillada por cámaras de circuito cerrado robando carne, cosméticos y otros productos del local comercial Fortis, ubicada en la mencionada localidad. Tras haber pasado por la caja y no pagar por los artículos robados, fue retenida por el personal de seguridad del local.

Se trata de Zilmara Bogarín Araujo, de 29 años, domiciliada en el barrio Carolina de Ciudad del Este. Los agentes recuperaron de su poder varias mercaderías, cuyo valor asciende a G. 725.892.

El hecho fue denunciado por la encargada del local, Julia Zalazar, quien manifestó que la joven ingresó en el interior del local como cliente, pero en un momento, visualizaron en las cámaras de circuito cerrado que guardó los productos en su cartera. Luego la siguieron a través del circuito cerrado y al tratar de salir, procedieron a verificar su cartera recuperando de su poder los productos.

Los intervinientes procedieron a su aprehensión por supuesto hecho punible de hurto. El caso fue comunicado al fiscal Julio Paredes, quien dispuso su remisión a la Comisaría de Mujeres, en libre comunicación.

Alrededor de las 05:00 hs de este miércoles se registró un accidente de tránsito en la intersección de las calles Mariscal Estigarribia y Antequera, zona del microcentro de Asunción.

El percance involucró a un automóvil de la marca Kia modelo Río, con chapa HDV 733, que se encontraba al mando de Octavio Piris da Motta Vivero, de 24 años de edad.

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El vehículo circulaba sobre Mariscal Estigarribia y, al alcanzar el cruce con la calle Antequera, siguió de largo y acabó llevándose consigo parte del enrejado de la plaza Uruguaya.

El rodado quedó con serios daños en la parte frontal de la carrocería tras el choque. Luego de unas horas, finalmente fue retirado de la plaza por una grúa.

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Posterior al incidente, Piris da Motta fue trasladado hasta el Departamento de Criminalística de la Policía Nacional para ser sometido a una prueba del alcostest, arrojando un resultado positivo de 0,050 mg/L.

El hecho fue comunicado al agente fiscal Juan Yegros, quien dispuso la liberación del conductor y la entrega de su rodado, bajo el argumento de que el grado de alcohol en sangre no era considerado un hecho punible.

Presidió la reunión, desarrollada de manera virtual, la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de nuestro país, Mónica Recalde. Participaron los ministros de Trabajo de Argentina, Julio Cordero; de Brasil, Luiz Marinho; y de Uruguay, Mario Arizti.

Los secretarios de Estado coincidieron en la importancia de aprovechar el potencial de la tecnología para promover el empleo decente, al tiempo que se protegen los derechos de los trabajadores y se garantiza la equidad en el acceso y uso de las nuevas tecnologías.

Al respecto, expresaron la convicción de que el trabajo en todas sus formas, incluso a través de aplicaciones y plataformas digitales, debe garantizar un ingreso digno, una jornada laboral adecuada y protección social, sin desincentivar las inversiones en el sector. En todos los casos, coincidieron en la necesidad de que la legislación sea producto del diálogo social entre el Estado, los trabajadores y el sector empresarial.

En este sentido, insistieron en que la promoción del trabajo decente es un elemento central de las políticas laborales y subrayaron la importancia de fortalecer el diálogo social como mecanismo para la construcción de consensos, la prevención de conflictos y la promoción de relaciones laborales armoniosas y productivas.

Asimismo, destacaron la necesidad de intensificar los esfuerzos para promover la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo, incluyendo la eliminación de brechas salariales, la promoción de la participación de las mujeres y el impulso del empleo juvenil.

En otro punto, ratificaron el compromiso con la erradicación del trabajo infantil y el trabajo forzoso, así como con la reducción de la informalidad laboral.

Finalmente, abogaron por el diseño un Mercosur moderno, con capacidad de implementar políticas para generar riqueza, empleo privado de calidad con crecimiento, solidario y con responsabilidades y obligaciones compartidas.