El mandatario peruano acudió este jueves a la Conferencia Anual de Empresarios (CADE), en la ciudad de Paracas, para dirigirse a los más altos hombres de negocios del país que discutían sobre las condiciones para acceder a “una economía social de mercado para todos”.

Precisamente, en esta semana se conocieron los aportes irregulares de los mayores conglomerados empresariales del país a la campaña electoral de la opositora Keiko Fujimori en 2011, investigada por lavado de activos, así como la detención de Villanueva, que fue primer ministro de Vizcarra entre 2018 y 2019.

VIZCARRA ALUDE A SU EX PRIMER MINISTRO

“Nos piden que nos pronunciemos ante los últimos sucesos, pero ¿queda algo en duda? Lo dijimos muchas veces, y lo repito hoy: La lucha contra la corrupción es un eje fundamental para este gobierno, y esa lucha es caiga quien caiga, así sea un alto exfuncionario de este gobierno”, remarcó Vizcarra.

El jefe de Estado agregó que “si hay denuncias de hechos de corrupción en cualquiera de los poderes del Estado o en el sector privado, estas deben ser investigadas a fondo, sin blindajes (protección) y sin distinciones, porque esa es la única manera de que una democracia sólida funcione”.

EX JEFE DE GABINETE CONTACTÓ FISCALES

Villanueva fue detenido este martes por un presunto tráfico de influencias al aparentemente haber contactado a dos fiscales inmersos en las investigación en su contra por un supuesto soborno de la constructora brasileña Odebrecht en 2008, cuando era gobernador de la región amazónica de San Martín.

El político ejerció de primer ministro desde marzo de 2018 a abril de 2019, durante el primer Consejo de Ministros nombrado por Vizcarra, quien desde el principio de su mandato declaró la guerra abierta a la corrupción.

CORRUPCIÓN AFECTA A LOS MÁS POBRES

El mandatario expresó que “el lema del CADE, en esta oportunidad, es ‘una economía social de mercado para todos’; pero no debemos perder de vista que la corrupción se ha convertido hoy en el mayor obstáculo para lograrla y que la corrupción afecta sobre todo a los más pobres”.

“Que quede claro, el Perú no podrá crecer de manera sostenida si tiene instituciones débiles y corruptas”, insistió.

Vizcarra también se dirigió a los empresarios reunidos en la cita para decirles que las revelaciones de los últimos días “han mostrado a las claras el tipo de vínculo que ha existido durante décadas entre la política y las empresas”, en relación a los aportes irregulares a la campaña de Fujimori y otros candidatos presidenciales.

“No tapemos el sol con un dedo y entendamos de una vez por todas, que no se ha actuado de la manera correcta. No podemos mercantilizar la política si se pretende desarrollar una verdadera economía de mercado para todos”, añadió.

DIRIGENTE GREMIAL HACE MEA CULPA

Por su parte, la presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León, dijo durante su intervención en CADE que los empresarios que entregaron esos aportes deberían dar “un paso al costado” por el bien del país.

“Les digo con toda la sinceridad que (…) tengo 3 millones 650.000 razones para pedirles a estos empresarios que han hecho las cosas de manera irregular que den un paso al costado, por su país, por sus empleados, por la ética; demos el ejemplo, hagamos las cosas bien”, expresó León.

La cifra de 3,6 millones mencionada por León es el monto en dólares que el grupo financiero Credicorp le entregó a Fujimori en la campaña del 2011, según confesó su gerente a la fiscalía.

La representante del mayor gremio empresarial en el país añadió que “apoyamos el trabajo que vienen haciendo la Fiscalía y el Poder Judicial, pero llamamos la atención de que no haya excesos y, sabiendo el riesgo, estoy aquí para trabajar por los empresarios”.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.

Un científico afirma haber descifrado la causa de la ‘maldición del faraón’ que, según se cree, provocó la muerte de más de 20 personas que abrieron la tumba del faraón Tutankamón en 1922.

“Una encuesta realizada entre egiptólogos de campo de la era moderna revela una incidencia muy elevada de muertes inusuales compatibles con síntomas de cáncer hematopoyético, un escenario paralelo a la enfermedad por radiación causada por la exposición a radiaciones anormalmente altas de la que ya se había informado en tumbas antiguas”, afirma el estudio publicado por Ross Fellowes en la revista Journal of Scientific Explorationel.

Según Fellowes, la causa de las muertes fue el envenenamiento por radiación procedente de elementos naturales que contenían uranio y residuos tóxicos que se introdujeron deliberadamente en el interior de la cámara sellada.

El científico explicó que, según la literatura funeraria egipcia, en las tumbas se dejaba una ‘torta de azafrán’ (un polvo amarillo de uranio) como un “legado de desechos peligrosos”.

Se cree que los antiguos egipcios conocían sobre las toxinas. “La naturaleza de la maldición estaba explícitamente inscrita en algunas tumbas, y una de ellas se tradujo premonitoriamente como ‘los que rompan esta tumba encontrarán la muerte por una enfermedad que ningún médico puede diagnosticar’”, destacó Fellowes.