Jorge Torres Romero, enviado especial a Río de Janeiro.

Los abogados Jacinto Nelson de Miranda y Edward Rocha presentaron ante el titular del Tribunal Regional Federal de la Segunda Región, Reis Friede, el hábeas corpus por el cual solicitan la revocación del pedido de prisión de Horacio Cartes.

El documento señala que en fecha 31 de octubre, la Policía Federal, solicitó la prisión provisoria y preventiva de otros investigados, sin embargo, en relación a Horacio Cartes, solamente pidió la provisión de informaciones con autoridades extranjeras.

En su escrito, los abogados señalan que el 7 ° Tribunal Federal de la Subsección Judicial de Río de Janeiro, decretó el arresto preventivo de Cartes, por motivos genéricos y poco claros, lo que constituye un hecho vergonzoso ilegal evidente. Alegan que la detención previa fue ordenada supuestamente porque el expresidente de la República, “fomentó y financió una organización criminal encabezada por Dario Messer mientras estaba prófugo en Paraguay” y por “ayudarlo” con dinero para financiar abogados paraguayos que lo defenderían ante el Poder Judicial paraguayo.

MOTIVOS GENÉRICOS Y ERRÓNEOS

Esto evidencia una falta de razonamiento sólido, según los defensores, puesto que el acto coercitivo tiene una base general, no individualizada en relación con los delitos que se hubieran cometido, lo cual es un requisito previsto en el art. 313, del Código Procesal Penal (CPP) brasileño; además, tampoco se indica de qué manera se daría la posibilidad de influencia en el proceso o el orden público (requisito establecido en el art. 312, CPP).

“Con el debido respeto, los motivos utilizados para decretar la detención del procesado, son absolutamente genéricos y erróneos”, insisten los abogados de la defensa. Agregan que lo que existe en el requerimiento de la fiscalía, es una referencia abstracta al delito de organización criminal; y, en relación con el llamado “núcleo político” que abarcaría la “influencia” y “poder” que se ejercía desde el gobierno paraguayo para mantener la impunidad y las actividades de la organización criminal. Sin embargo, no individualizan cuál sería la conducta de cada sujeto perteneciente al llamado “grupo político”, ni la participación de Horacio Cartes, en la práctica de cualquier actividad criminal de la organización de Dario Messer.

NO HUBO ACTIVIDAD ILICÍTA

En cuanto a una supuesta “ayuda” de dinero que habría dado Cartes en Paraguay, a solicitud de Messer, quien habría enviado una carta escrita a mano, la defensa del exmandatario refiere que, “aunque no es posible deducir de esta carta ninguna actividad ilícita por parte de nuestro defendido o incluso participación en la organización criminal mencionada anteriormente, la fiscalía, por simple razonamiento, afirma que hubo una “colaboración de Horacio con Darío para ayudarlo a permanecer en libertad”.

Sin embargo, es indiscutible (¡y está en el expediente!) que la solicitud de “ayuda” de US$ 500,000 de Darío Messer, como se indica en la carta, no se sabe que llegó al destinatario, sería para pagar los gastos legales derivados de su defensa. Es decir, según el propio Ministerio Público Federal, su único propósito era cubrir los gastos legales con abogados y su defensa; todo en teoría para regularizar su situación ante las autoridades paraguayas. “¡Ahora, ofrecer “ayuda” financiera para costos de su defensa (un derecho constitucionalmente garantizado) no es ilegal y no puede interpretarse como ayuda para fugarse!”, insiste el escrito.

Finalmente, los abogados de la defensa, señalan que no existe un razonamiento adecuado en el pedido de la Fiscalía para demostrar la necesidad de la detención ni prisión precautoria de su defendido, por consiguiente, la medida “es desproporcionada e incongruente”.

2019.11.19 – Habeas corpus by Diario Hoy

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Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.