Ni la agenda social propuesta desde el Ejecutivo, ni la destitución de ocho ministros, ni el diálogo social que promete el presidente Sebastián Piñera parecen resultarle suficiente a una población, que cada vez pide con más fuerza una asamblea constituyente.

Este viernes, con el lema “La marcha más grande de todas”, los chilenos volvieron a manifestarse en Santiago y en otras ciudades del país con banderas de Chile, de la comunidad mapuche o carteles con quejas y peticiones de cambio fueron la tónica general entre cánticos y bailes de carácter festivo.

En la capital, a pesar de que la mañana fue tranquila y sin grandes aglomeraciones, la gente comenzó a acumularse durante la tarde en la Plaza Italia, epicentro de las protestas.

Con el paso de las horas los cientos se convirtieron en miles y de ahí sumaron decenas de miles, hasta una cifra que sobrepasó las 20.000 personas, según fuentes oficiales de la Intendencia, lo que fue muy criticado por los ciudadanos, que consideran que había muchas más personas.

En la mañana de este viernes también marcharon miles de mujeres vestidas de luto y portando claveles blancos que caminaron en silencio por todo el centro de Santiago hasta llegar a la sede del Ejecutivo, sin que se registraran altercados.

MASAS PACÍFICAS Y DISTURBIOS AISLADOS

En estas dos semanas la protesta también ha evolucionado en las calles y ha pasado del caos inicial con disturbios, incendios, saqueos y violencia a convocatorias pacíficas que no dejan de lado las muestras de descontento y las reivindicaciones.

Aunque la gente sigue saliendo a la calle por miles cada día, a estas alturas ya son más los que llegan a las protestas con afán de hacer ruido y no destrozos, aunque cada día las manifestaciones acaban con disturbios con la Fuerzas Especiales de Carabineros por parte de grupos de encapuchados que cada vez se quedan más solos en los enfrentamientos.

Ejemplos como estos, o como las manifestaciones pacíficas que se realizan en la Plaza Ñuñoa, un barrio cercano al centro de la capital en donde dominan los actos culturales, se repiten en Santiago y en el resto del país.

CABILDOS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Las manifestaciones siguen siendo autoconvocadas y carecen de un líder, pero la organización social comienza a tomar forma en los barrios y las agrupaciones vecinales y sociales.

Los parques, plazas y escuelas empiezan a convertirse en los lugares en los que encauzar las demandas y los vientos de cambio que soplan en Chile desde hace dos semanas.

Los ciudadanos quieren ser escuchados y no delegar sus problemas en políticos y legisladores y comienzan a practicar una democracia participativa que se antoja como una vía paralela a los debates oficiales en el Congreso y las decisiones del Ejecutivo en el Palacio de La Moneda, sede del Gobierno.

El sentir social no quiere verse relacionado con el mundo oficialista y prefiere tomar decisiones en conjunto sin ligarse a la agenda social propuesta desde el Ejecutivo, por lo que se proponen alternativas que reconfiguren el sistema.

CONSOLIDACIÓN DE IMÁGENES ICÓNICAS

Otro aspecto que toma fuerza en las protestas es la aparición de varios símbolos en formas de banderas, imágenes o lemas que empiezan a aglutinar sentimientos y pensamientos ampliamente compartidos por la mayoría de los chilenos.

El grito “Chile despertó” impulsó las protestas desde su inicio después de que el alza en el precio del pasaje del suburbano capitalino fuera la gota que colmó el vaso de la paciencia de los chilenos y prendiera la mecha del estallido social.

Las banderas de Chile y mapuche, que siempre han estado presentes en las calles, ahora comparten espacios con una nueva. La bandera nacional, pero en lugar de tener sus colores azul, rojo y blanco, se fue al monocromático, prácticamente negra y gris oscuro con la estrella en blanco.

LAS CIFRAS SIGUEN AL ALZA

Los balances ofrecidos sobre cifras de muertos, heridos, detenidos o irregularidades, incluso presuntas violaciones a los derechos humanos, continúan subiendo cada día.

Los fallecidos alcanzan los 20 según el Gobierno, pero la Fiscalía ya contabiliza 23, seis de ellos ciudadanos extranjeros, y del total de muertes, cinco ocurrieron presuntamente a manos de fuerzas del Estado, ya sea militares o policías.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) han registrado 4.271 detenidos en todo el país y 1.305 civiles heridos, 755 por disparos (perdigones, balines de goma, disparos de bala o arma no identificada), además de actos de tortura sexual durante detenciones, golpizas, vejaciones y arrestos ilegales. EFE

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.