En entrevista con radio Universo y canal Gen, el abogado penalista Ricardo Preda hizo un análisis desde el punto de vista penal del caso de la joven Dexcy Marina Monges (16), quien falleció en un accidente de tránsito en Santa Rosa del Aguaray y que tuvo amplia repercusión por el falseamiento que hicieron los intervinientes del acta policial, cambiando toda la escena del hecho para salvar al otro conductor involucrado, identificado como Arnaldo Garcete Estigarribia, de 28 años.

En ese sentido, el letrado primero trajo a colación los datos que se observan en los videos del accidente (que echaron por tierra la versión de los policías): que estaba en el sitio una barrera policial y que un conductor desvía a la misma y cuando va en el carril contrario termina impactando contra la adolescente que iba a bordo de una motocicleta.

“El resultado más grave es el de homicidio culposo, donde el conductor del vehículo realiza una conducta imprudente, porque si ve una barrera policial debe aminorar la marcha y verificar que no haya vehículos en el sentido contrario. Adelantarse sin tomar las precauciones se puede tomar como una conducta negligente”, expuso.

Sobre el acta falsa que elaboraron los policías, el entrevistado estimó que estos uniformados pretendían claramente evitar la persecución penal contra el conductor, porque alegaron que fue la chica quien hizo la imprudencia, cuando en realidad no sucedió así, por lo que esta conducta se configura en el hecho punible de frustración a la persecución penal (encubrimiento) en grado de tentativa. “Las actas policiales son consideradas como documentos públicos, donde el funcionario del Estado debe constatar hechos ciertos, entonces están ante una posibilidad de producción inmediata de documento público de contenido falso”, agregó.

De acuerdo con el entrevistado, los agentes se exponen a cinco años de pena privativa de libertad por su penosa actuación.

Otro punto que se debe analizar es la forma en que colocaron los agentes su barrera, ya que si no tomaron todos los recaudos, esto se configura en una conducta negligente, lo cual no exime de responsabilidad al conductor que ocasionó el accidente, según el experto en leyes.

En otro momento Preda recordó que el registro de conducir se otorga desde los 18 años y si uno va a analizar desde esa perspectiva, los padres que le entregaron el rodado a la menor se exponen a ser investigados, pero aclaró que la pena es muy leve y pueden tener una salida procesal. “Si el fiscal considera este aspecto, claramente es un caso que debe cerrarse por un criterio de oportunidad por prescindencia de la pena, porque el Código Penal dice que cuando uno sufrió daños por una infracción, ya no ameritaría una sanción porque el daño sufrido ya es suficiente y no se justificaría una pena. Para mí ya es suficiente la pérdida de un hijo”, agregó.

El fiscal Jorge Encina ya ordenó la detención de Arnaldo Garcete Estigarribia, de 28 años, conductor del automóvil de la marca Chevrolet, que embistió a la joven Dexcy Marina Monges, de 16 años, quien iba a bordo de una motocicleta y lamentablemente terminó falleciendo. El agente adelantó que lo imputará por homicidio doloso.

Por su parte, el fiscal Néstor Narváez inició otra causa para evaluar el informe falso que redactaron los policías de la Comisaría 18.

MÁS DEL CASO

En la madrugada del 2 de enero, la joven Dexsy Monges (16), quien iba a bordo de su motocicleta, fue violentamente embestida por Arnaldo Garcete Estigarribia (28), quien manejaba un automóvil de la marca Chevrolet. Este hombre resultó ileso y la mujer se llevó la peor parte, quedando gravemente herida. Días después falleció.

El reporte policial de los agentes que intervinieron refiere que el accidente ocurrió a las 3:00 de la madrugada del domingo, que los policías tuvieron conocimiento del suceso mediante una llamada anónima y que fue la víctima quien iba en el carril contrario. Además indica que el otro conductor involucrado iba solo en su rodado y que fue un accidente sin daños graves.

Sin embargo, las cámaras de seguridad de la zona revelaron que en realidad el hecho ocurrió a la 1:00, que una patrulla ya estaba en el sitio haciendo controles preventivos, por lo que en las narices de los uniformados ocurrió el percance vehicular, que la joven iba correctamente en su carril y que el otro automóvil fue el que realizó una imprudencia, y que este conductor iba acompañado de más personas.

Los uniformados Wilson Prieto, Fernando López y Héctor Estigarribia se exponen a ser dados de baja a raíz de que supuestamente falsearon datos en el informe policial de este grave accidente de tránsito ocurrido en Santa Rosa de Aguaray.

Las empresas Ximex Línea 44, Ypacaraí Línea 242, Aregüeña Línea 111, San Isidro Línea 48-51 y Magno Línea 12 seguirán circulando, al no sumarse al paro anunciado por el otro sector de transporte.

“Todas nuestras operaciones seguirán en funcionamiento total incluso reforzando nuestras frecuencias donde sea posible para seguir dando a nuestros pasajeros el servicio”, reportaron los integrantes de la Federación de Transporte del Área Metropolitana (FETRAM).

Las firmas transportistas argumentaron que entienden que para la ciudadanía es sumamente importante contar con el servicio sin ningún inconveniente, por lo que buscarán trabajar y mejorar el servicio al pasajero, realizando acciones diarias y comprobables de que sí desean un transporte digno.

Finalmente expresaron su apoyo al Presidente de la República, a la Ministra de Obras Públicas y al Viceministro de Transporte, en su desarrollo del nuevo Plan Maestro y formalización del progreso del sector.

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El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció la decisión de ir a un paro total de buses por el período de tres días. La medida entrará a regir a partir de las 00:00 horas del lunes 20 de mayo.

Los transportistas vienen amenazando desde hace días con esta medida, por desavenencias con el Gobierno. Entre los pedidos del gremio se encuentran:

- Actualización de los coeficientes que hacen a la estructura de costos para la fijación de la tarifa.

- Detener la manipulación de coeficientes que determinan los insumos operacionales del sistema.

- Desembolso de los subsidios en tiempo y forma.

- Renovación de los permisos de explotación del servicio.

Los transportistas aseguran haber enviado reiteradas solicitudes en torno a estos puntos, sin obtener respuestas, por lo que se hace “insostenible la prestación de un servicio adecuado”.

Entre estos tramos, la ministra citó la Avda. Mariscal López, desde la Avda. Madame Lynch hasta la ciudad de San Lorenzo, la duplicación de la curva Romero en Luque y también la intervención desde Autopista hasta Mariano Roque Alonso.

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Explicó que actualmente desde el MOPC están en marcha estos procesos para llevar adelante estas intervenciones urbanas, que forman parte de los nuevos proyectos que se estarán licitando en los próximos meses, y que en total suman cerca de USD 500 millones en inversiones.

“Estamos preparando la licitación del mejoramiento de la Avda. Mariscal López, desde la Avda. Madame Lynch hasta la ciudad de San Lorenzo, la duplicación de la Curva Romero en Luque, y también la intervención desde Autopista hasta Mariano Roque Alonso (ruta D025), además de un viaducto también en la zona”, puntualizó al tiempo de destacar que “son proyectos de altísimo impacto”.

Además, añadió que también está próximo a ser licitado un nuevo proyecto que prevé intervenciones en 6 zonas del departamento Central, como Ñemby, Itá y Guarambaré como parte del denominado “Plan Central”.

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El diputado Yamil Esgaib es el autor del proyecto que modifica el Código Penal y plantea favorecer a los condenados por el simple hecho de ser funcionarios públicos.

La propuesta conocida como devolución premiada estipula que los funcionarios corruptos podrán disminuir sus sentencias al 50 %, en caso de que devuelvan lo robado (una vez descubiertos).

El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara Baja y tendrá sanción ficta el 31 de mayo, por ello, el tratamiento figura hoy en el orden del día de la sesión extraordinaria del Senado.

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A criterio del senador colorado, Derlis Maidana, el proyecto ningunea el principio del artículo 46 de la Constitución Nacional, sobre la igualdad ante la ley, al beneficiar a una persona por el simple hecho de estar en la función pública.

“No podemos hacer ningún tipo de discriminación a favor de funcionarios para que sean ciudadanos de primera. No es justo que otros ciudadanos, por haber cometido igual hecho punible, tengan una pena mayor”, opinó el legislador.

A juzgar por la posición del senador de Honor Colorado, se cree que existirían los votos necesarios para el rechazo de este proyecto que, no hace más que premiar a funcionarios que son descubiertos robando y que, una vez sorprendidos (no por arrepentimiento) y con la soga al cuello, devuelven el dinero.

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