El Ministerio Público informó en un comunicado que el objetivo del encuentro es “implementar sistemas de control y de esa manera evitar incidentes que pongan en riesgo la seguridad de los mismos o de terceros” durante la jornada de marchas a nivel nacional.

La Fiscalía ha conformado varios grupos de trabajo para preparar los “procedimientos de control e investigación” que se aplicarán si se producen “conductas que pudieran tener relevancia penal” durante la marcha.

Paralelamente, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, recibió este domingo en la sede ministerial de Asunción a los líderes de la Federación Nacional Campesina (FNC), la organización que ha convocado las protestas.

Las manifestaciones se desarrollarán de forma simultánea en al menos ocho de las principales ciudades paraguayas, donde se realizarán marchas, se repartirán octavillas y se leerán mítines.

Además, los campesinos han anunciado que realizarán cortes en las carreteras más importantes del país, una medida que fue cuestionada esta semana por el ministro del Interior, quien afirmó a los medios locales que tendrá “tolerancia cero” con los bloqueos de las rutas.

La movilización tiene carácter indefinido y persigue denunciar los desalojos de asentamientos y la “represión policial” del Estado contra los pequeños productores que han ocupado fincas rurales para instalar sus colonias.

Desde la organización, calculan que hay cerca de 800 asentamientos en Paraguay bajo la amenaza de un desahucio por parte de las autoridades, en un contexto, añadieron, en que un 30 % del territorio agrícola está en poder de latifundistas de otros países como Brasil.

Además, alertan de que se ha agilizado el proceso de los desalojos desde que en septiembre el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia derogaran un protocolo del año 2012 que establecía unas fases y regulación previa para llevarlos a cabo.

Ante esta situación, el viernes hicieron un llamamiento a la ciudadanía, en especial a colectivos como indígenas, desempleados o estudiantes o activistas medioambientales a sumarse a las concentraciones.

Agentes de la Subcomisaría 54 en la mañana del domingo recibieron una denuncia sobre un hecho de asalto ocurrido en la quinta “La Sonrisa”, ubicada en el barrio Acaray de Ciudad del Este.

El episodio tuvo como víctima a Heinz Martens Rampel, de 85 años de edad, quien se encontraba solo en su vivienda al momento de ser visitado por un delincuente durante la tarde del día anterior.

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De acuerdo al informe del diario La Jornada, el ladrón ingresó a la propiedad y se encargó de maniatar a la víctima, a fin de poder concretar su golpe sin mayores contratiempos.

Debido a su avanzada edad y los problemas de movilidad que padece, Martens no tuvo oportunidad de resistirse al atraco y nada pudo hacer para defenderse.

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Tras hurgar en todas las dependencias de la casa, el malviviente se apoderó de la suma de G. 15 millones que estaba guardada en un mueble y huyó del lugar, dejando al anciano con las manos atadas.

Fue así como transcurrieron varias horas hasta que finalmente pudo ser rescatado por Mirta Cabrera Fernández (39), quien llegó a la mañana siguiente para realizar sus habituales labores de limpieza. La mujer encontró al octogenario bastante debilitado ante la falta de agua y comida.

El informe de cada kilo de la droga que estaba camuflada en paquetes de almidón, cuesta 45.000 euros, es una muestra de la tentación que tiene el negocio criminal.

La empresa que realizó el envío de la carga legal de almidón, entre la cual estaba la droga, negó la autoría de la remisión, y paso la responsabilidad a su despachante. La sospecha de los investigadores apunta al por qué el envío de ese tipo de mercadería por vía aérea, mucho más cara. Y por qué se envió hace poco ese mismo tipo de producto por buques mercantes.

El ministro Oscar Orue, titular de la Direccion Nacional de Ingresos Tributarios, señalo que la cocaína que iba a ser enviada, estaba en paquetes de medio kilo, con un fino trabajo para ocultarse en las cajas similares a los que contenían el almidón.

Por el lado de los intervinientes, en tanto, resaltaron que la carga superó, incluso, los olfateos de perros antinarcóticos, lo que significa que los narcos aplicaron mejores sistemas para blindar la mercancía.

Otro frente de sospechas es el referente a funcionarios de la Dirección Naciónal de Aeronáutica Civil. Recientes episodios de envíos de cocaína que pasaron con la complicidad de agentes del ente, permiten abrir la presunción de que, también en esta ocasión, podría haber factor humano de la Dinac métodos en el complot.

Este episodio detectado el pasado viernes, abre las puertas a otra de las mil y una formas en que carteles narco utilizan vías de transportes legales el envío de drogas.

Rodolfo Duarte, de 43 años, es la víctima mortal del suboficial Ever Ayala, quien fue el que en medio de una disputa con su pareja, en la vía pública, reaccionó de manera brutal contra las personas que iban en un auto al que el agente impedía el paso de vehículo.

Los atacados por el policía, pidieron a bocinazos que el mismo despeje la calle. El funcionario policial, inicialmente aplicó oídos sordos y seguía discutiendo con su mujer. Sin embargo en un momento salió del vehículo y disparó.

El detalle que agrava el cuadro, es que el suboficial Ayala tenía prisión domiciliaria por un homicidio culposo, en el que produjo la muerte de un motociclista en un accidente de transito.

El uniformado solo podía salir de su vivienda para concurrir a su lugar de trabajo. Esa disposición la violò , ya que el día en que realizó el ataque a balazos estaba de franco.

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En ámbito fiscal señalaron que el informe de situación del policía, consigna que cuenta con varios antecedentes de violencia, y de conducta irascible y desproporcionada.

El hecho pone al tapete las pruebas psicológicas que deben pasar los que aspiran a ingresar al cuadro policial. Sucesivos hechos verificados en el ente, demuestran que los episodios de esta naturaleza son numerosos, y ponen en cuestionamiento la calidad de los filtros en el aspecto psicológico.